"La productividad en los otros sectores de la economía" es el segundo artículo de una serie de tres que forman el ensayo titulado "Ladrillos y productividad: El socialismo es una aberración"
Por supuesto que es más fácil que se produzca un crecimiento de la productividad en la agricultura y la industria que en los servicios y la construcción. En España, los servicios son importantísimos, mientras la industria mantiene, a duras penas, su porcentaje de participación en el PIB –en torno al 21%– y parece que han terminado los aumentos de productividad más importantes en la agricultura, que es capaz, hoy, de producir mucho más que antes, con menos del 6% del total de la población ocupada, frente a cifras cercanas al 30% a mediados de los setenta.
Para desesperación del gobierno, que concluyó en la cumbre de Lisboa de 2000 que el futuro era el I+D, hasta el punto de que el ministerio de Industria desapareció para dar paso al de ciencia y tecnología, el porcentaje de I+D en relación al PIB lleva estancado varios años en torno al 1% del PIB. A pesar de que el I+D se haya transformado en I+D+I (investigación, desarrollo e innovación), y a pesar del aumento de los gastos en modernización militar, atribuidos a este renglón y a pesar de los beneficios fiscales, que se han ido aumentando continuamente; hasta el punto de que ya no hay que temer que la inspección de Hacienda dictamine –como ha ocurrido habitualmente– que no ha lugar a las exenciones, porque no se han justificado suficientemente esas inversiones; ese dictamen lo hace ahora el ministerio de Ciencia y Tecnología y la inspección de Hacienda no tiene voz ni voto, en teoría, para poner en duda dichas decisiones.
¿Por qué no aumenta el I+D+I? Hay centenares de estudios y publicaciones en los que se dan razones de todo tipo. Al margen de las específicas, las de orden general son:
1º.Nuestro sistema educativo aborrece la excelencia y, si por los socialistas fuera, se suprimirían los exámenes y las notas y no se permitiría que nadie destacara académicamente, para no acomplejar a los que no tienen buenas aptitudes o, simplemente, se niegan a trabajar.
2º.Nuestras universidades son una catástrofe, hasta el punto que los rectores, organizados sindicalmente en defensa de los intereses corporativos de los profesores, han sido, y continúan siendo, la principal fuerza opositora a la renovación, a la competencia, a la libre contratación y al intercambio de académicos. Nuestra enorme universidad absorbe incontables recursos públicos, que son manejados por claustros de profesores inamovibles, elegidos por procedimientos gremiales, sin incentivos para mejorar su preparación ni para educar a los alumnos que reciben. Y, nuevamente, los socialistas son los principales opositores al cambio de esa situación. Tienen mayorías en los claustros, logradas en los años del felipismo y consolidada ahora, antes de la entrada en vigor definitivo de la nueva y modesta ley de Universidades, con la elección apresurada de nuevos conmilitones, a los que se juramenta en la defensa de su familia académica, no de los intereses de los alumnos.
3º.En otro ámbito de cosas, no podemos olvidar que hemos llegado tarde, tardísimo, al desarrollo industrial; nuestra industria, protegida y aislada del exterior durante el franquismo, nunca tuvo suficiente tamaño para hacer “desarrollo”. Por supuesto que hay excepciones pero, en general, la integración de la economía española en la economía internacional ha significado la integración de nuestra industria en la cadena de las multinacionales que, afortunadamente, han mantenido, en general, la mayoría de las instalaciones industriales en España, porque, son, todavía, suficientemente productivas (sobre todo tras las cuatro devaluaciones del periodo 92-95). Pero aquí, en nuestro suelo patrio, no se hace “desarrollo”; esa actividad se concentra en plantas e instalaciones con mayor solera, mayor acumulación de capital humano y cerca de las sedes sociales de esas multinacionales. Las posibilidades de que la industria instalada en nuestro país pueda hacer “desarrollo” en un futuro dependerá, seguirá dependiendo, del tamaño de nuestras industrias –que parece difícil pueda aumentar– y de otros factores sobre los que sí se podría influir: de nuestro sistema educativo, de los idiomas –el vascuence y el catalán no califican, y el español sólo un poco más–, del nivel de salarios, de las infraestructuras, de la calidad de vida del entorno, del trato fiscal a investigadores y empresas; en fin, de esa “caja negra” que constituye el factor diferencial entre países atrasados y avanzados. De imposible cuantificación.
Donde la productividad puede aumentar es en nuestro sector servicios, empezando por los que presta el sector público, ya sean oficinas ministeriales, hospitales, centros educativos o juzgados. Los avances informáticos y de telecomunicaciones permiten incrementos de la productividad que antes parecía que estaban reservados a la industria y la agricultura.
Como seguro no se consigue aumentar la productividad, sin embargo, es con decisiones como la semana laboral de 35 horas de los socialistas franceses –también reclamada en España por los economistas socialistas, hasta que el derrumbe de Francia les ha acallado. Esa iniciativa socialista ha dejado, desgraciadamente, rastros en España, en particular entre las administraciones autonómicas y locales, algunas muy significativamente del PP, como la de Madrid, que decidieron que ellas también eran progresistas.
En el resto de actividades del sector servicios, ya sea el turismo y el ocio, los transportes o el comercio, las mejoras en infraestructuras podrán suponer, sin duda, un avance en la productividad, pero el peso del gasto en personal –mucho más alto en los totales costes de producción que en la agricultura, la industria y la construcción–, significa que los salarios serán la clave, no ya para ser productivos, sino para ser competitivos y poder sobrevivir en un mundo abierto. En este sector de los servicios es en el que más se va a notar el nivel de preparación y la actitud ante el trabajo. De lo primero, de la preparación, ya hemos hablado. En cuanto a la actitud, contamos, como se ha expuesto anteriormente, con el apoyo que significa la propiedad individual de un parque de 21 millones viviendas y de otras muchas inversiones en activos financieros.
Contamos también con la presencia y contribución de muchos extranjeros que están dispuestos a trabajar porque carecen de casi todo y ven en nuestra sociedad una oportunidad para mejorar su nivel de vida y el de su familia. La economía norteamericana crece, en parte, por la aportación de los inmigrantes, legales e ilegales; la española, también. Lo cual no obsta para que la inmigración se pueda transformar en un problema que termine por desacelerar el crecimiento, si no se controla a la delincuencia que se ha colado en esta ola inmigratoria, o si se cae en la tentación de ofrecer protección social como alternativa al trabajo, en lugar de como paliativo para hacer frente a situaciones extremas.
Por supuesto que es más fácil que se produzca un crecimiento de la productividad en la agricultura y la industria que en los servicios y la construcción. En España, los servicios son importantísimos, mientras la industria mantiene, a duras penas, su porcentaje de participación en el PIB –en torno al 21%– y parece que han terminado los aumentos de productividad más importantes en la agricultura, que es capaz, hoy, de producir mucho más que antes, con menos del 6% del total de la población ocupada, frente a cifras cercanas al 30% a mediados de los setenta.
Para desesperación del gobierno, que concluyó en la cumbre de Lisboa de 2000 que el futuro era el I+D, hasta el punto de que el ministerio de Industria desapareció para dar paso al de ciencia y tecnología, el porcentaje de I+D en relación al PIB lleva estancado varios años en torno al 1% del PIB. A pesar de que el I+D se haya transformado en I+D+I (investigación, desarrollo e innovación), y a pesar del aumento de los gastos en modernización militar, atribuidos a este renglón y a pesar de los beneficios fiscales, que se han ido aumentando continuamente; hasta el punto de que ya no hay que temer que la inspección de Hacienda dictamine –como ha ocurrido habitualmente– que no ha lugar a las exenciones, porque no se han justificado suficientemente esas inversiones; ese dictamen lo hace ahora el ministerio de Ciencia y Tecnología y la inspección de Hacienda no tiene voz ni voto, en teoría, para poner en duda dichas decisiones.
¿Por qué no aumenta el I+D+I? Hay centenares de estudios y publicaciones en los que se dan razones de todo tipo. Al margen de las específicas, las de orden general son:
1º.Nuestro sistema educativo aborrece la excelencia y, si por los socialistas fuera, se suprimirían los exámenes y las notas y no se permitiría que nadie destacara académicamente, para no acomplejar a los que no tienen buenas aptitudes o, simplemente, se niegan a trabajar.
2º.Nuestras universidades son una catástrofe, hasta el punto que los rectores, organizados sindicalmente en defensa de los intereses corporativos de los profesores, han sido, y continúan siendo, la principal fuerza opositora a la renovación, a la competencia, a la libre contratación y al intercambio de académicos. Nuestra enorme universidad absorbe incontables recursos públicos, que son manejados por claustros de profesores inamovibles, elegidos por procedimientos gremiales, sin incentivos para mejorar su preparación ni para educar a los alumnos que reciben. Y, nuevamente, los socialistas son los principales opositores al cambio de esa situación. Tienen mayorías en los claustros, logradas en los años del felipismo y consolidada ahora, antes de la entrada en vigor definitivo de la nueva y modesta ley de Universidades, con la elección apresurada de nuevos conmilitones, a los que se juramenta en la defensa de su familia académica, no de los intereses de los alumnos.
3º.En otro ámbito de cosas, no podemos olvidar que hemos llegado tarde, tardísimo, al desarrollo industrial; nuestra industria, protegida y aislada del exterior durante el franquismo, nunca tuvo suficiente tamaño para hacer “desarrollo”. Por supuesto que hay excepciones pero, en general, la integración de la economía española en la economía internacional ha significado la integración de nuestra industria en la cadena de las multinacionales que, afortunadamente, han mantenido, en general, la mayoría de las instalaciones industriales en España, porque, son, todavía, suficientemente productivas (sobre todo tras las cuatro devaluaciones del periodo 92-95). Pero aquí, en nuestro suelo patrio, no se hace “desarrollo”; esa actividad se concentra en plantas e instalaciones con mayor solera, mayor acumulación de capital humano y cerca de las sedes sociales de esas multinacionales. Las posibilidades de que la industria instalada en nuestro país pueda hacer “desarrollo” en un futuro dependerá, seguirá dependiendo, del tamaño de nuestras industrias –que parece difícil pueda aumentar– y de otros factores sobre los que sí se podría influir: de nuestro sistema educativo, de los idiomas –el vascuence y el catalán no califican, y el español sólo un poco más–, del nivel de salarios, de las infraestructuras, de la calidad de vida del entorno, del trato fiscal a investigadores y empresas; en fin, de esa “caja negra” que constituye el factor diferencial entre países atrasados y avanzados. De imposible cuantificación.
Donde la productividad puede aumentar es en nuestro sector servicios, empezando por los que presta el sector público, ya sean oficinas ministeriales, hospitales, centros educativos o juzgados. Los avances informáticos y de telecomunicaciones permiten incrementos de la productividad que antes parecía que estaban reservados a la industria y la agricultura.
Como seguro no se consigue aumentar la productividad, sin embargo, es con decisiones como la semana laboral de 35 horas de los socialistas franceses –también reclamada en España por los economistas socialistas, hasta que el derrumbe de Francia les ha acallado. Esa iniciativa socialista ha dejado, desgraciadamente, rastros en España, en particular entre las administraciones autonómicas y locales, algunas muy significativamente del PP, como la de Madrid, que decidieron que ellas también eran progresistas.
En el resto de actividades del sector servicios, ya sea el turismo y el ocio, los transportes o el comercio, las mejoras en infraestructuras podrán suponer, sin duda, un avance en la productividad, pero el peso del gasto en personal –mucho más alto en los totales costes de producción que en la agricultura, la industria y la construcción–, significa que los salarios serán la clave, no ya para ser productivos, sino para ser competitivos y poder sobrevivir en un mundo abierto. En este sector de los servicios es en el que más se va a notar el nivel de preparación y la actitud ante el trabajo. De lo primero, de la preparación, ya hemos hablado. En cuanto a la actitud, contamos, como se ha expuesto anteriormente, con el apoyo que significa la propiedad individual de un parque de 21 millones viviendas y de otras muchas inversiones en activos financieros.
Contamos también con la presencia y contribución de muchos extranjeros que están dispuestos a trabajar porque carecen de casi todo y ven en nuestra sociedad una oportunidad para mejorar su nivel de vida y el de su familia. La economía norteamericana crece, en parte, por la aportación de los inmigrantes, legales e ilegales; la española, también. Lo cual no obsta para que la inmigración se pueda transformar en un problema que termine por desacelerar el crecimiento, si no se controla a la delincuencia que se ha colado en esta ola inmigratoria, o si se cae en la tentación de ofrecer protección social como alternativa al trabajo, en lugar de como paliativo para hacer frente a situaciones extremas.