Para quienes la solución de todos los problemas consiste en promulgar más leyes y aumentar la intervención del gobierno, les sorprenderá el informe del Banco Mundial que coloca a mi país, Guatemala, como uno de los peores lugares del mundo para llevar a cabo actividades productivas.
La primera causa del exceso de leyes y reglamentos es la costumbre de reclamar a los diputados por no trabajar suficiente. Entonces ellos se ven compelidos a promulgar más leyes, creando aún más problemas de los que resuelven. Obviamente, con la cantidad de vericuetos que conllevan las actividades económicas no es posible que puedan intervenir constructivamente y resultan destructivos. La intromisión del Estado se generalizó con el auge del socialismo, la economía dirigida en la segunda parte del siglo pasado, y los gobiernos no sólo asumieron la responsabilidad de producir servicios como electricidad y teléfonos, sino reglamentó todas las actividades que no expropió.
Debido a la creencia de que los gobiernos están para proveer soluciones económicas, se ha creado tal maraña de requisitos que mucha gente, como lo apunta el BM, se ha escapado a la economía informal o emigrado a EE UU. Debido a la complejidad y arbitrariedad de las leyes, sin duda usted involuntariamente estará siempre haciendo algo que se puede clasificar como ilegal y, entonces, estará a merced de algún burócrata que lo puede multar. Ese es el incentivo más poderoso para la corrupción. Pero, en vez de eliminar la autoridad discrecional del burócrata, se reglamenta más y más.
El estudio del Banco Mundial hace énfasis en lo que cuesta arrancar un negocio, en hacer valer la propiedad de un contrato, cobrar cuentas, en dificultades del proceso de quiebra y –muy importante– en la rigidez del mercado laboral. La existencia de trabas para contratar y despedir trabajadores inhibe aumentos de salarios, inhibe movilidad a mejores empleos, disminuye el poder de negociación de los trabajadores, causa sobre automatización antieconómica de procesos que de otra manera se harían a mano, reduce eficiencia productiva, etc. En una palabra, empobrece a los trabajadores a cambio de una ilusión de seguridad.
Otros ejemplos sobran. Hoy día, en vez de asegurar una sana ecología mediante la protección del derecho de propiedad, se desgasta el esfuerzo social y empresarial en cumplir leyes y reglamentos ineficaces (a juzgar por los resultados) y en pagar caros estudios. Estas leyes son innecesarias donde sí funciona un poder judicial para la protección de la propiedad. Si funcionara el sistema judicial, cualquier propietario podría demandar a los vecinos que tiran sus aguas negras al río que contamina el lago, con base al daño que le hacen a su propiedad. Las multas impuestas por el sistema judicial tendrían que ser más caras que lo que les cuesta evitar contaminar la propiedad ajena (poner una fosa séptica, por ejemplo) y pronto se acabaría el problema. En vez de eso, se involucra a cuanta dependencia existe y el problema cada día es peor. Estamos lejos de comprender que los problemas ecológicos se dan por falta de funcionamiento de un poder judicial que proteja la propiedad y no por falta de ineficaces programas, reglamentos y leyes.
Ejemplos del mercantilismo hay muchos: si pacíficamente quiere exportar café o azúcar de su propiedad tiene que pedir permiso a una institución privada; o si quiere importar muchas cosas (que de ninguna manera son dañinas a la seguridad o salud), tiene que ser autorizado por el Ministerio de Privilegios (de Economía) porque están reguladas por "razones económicas" (léase, para proteger privilegios particulares).
Manuel F. Ayau es ingeniero y empresario guatemalteco, fundador de la Universidad Francisco Marroquín y ex presidente de la Sociedad Mont Pelerin.
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