En unas estrambóticas declaraciones, Carod Rovira el dirigente de Esquerra Republicana de Cataluña, reclamaba al gobierno español dos billones de pesetas de impuestos que supuestamente salían de Cataluña hacia el resto de España. La realidad fiscal es diferente. Los cálculos más fiables cifran en 1.200 millones de euros, alrededor de 200.000 millones de pesetas, la contribución fiscal neta de los residentes en Cataluña al resto de España. Madrid es la otra autonomía que mayor contribución hace al resto de comunidades autónomas. Las que más reciben son Andalucía, Extremadura y, pásmense, el País Vasco, a pesar de tener un nivel de vida extremadamente alto.
Esta anomalía, que se cifra, también, en torno a los 1.200 millones de euros, es el fiel reflejo de la política de todos los gobiernos españoles –hasta la segunda legislatura de Aznar– hacia el nacionalismo vasco, al que se aceptaba como único representante político de todos los ciudadanos vascos. Y a quien se pretendía aplacar con este pago, para que moderara su espíritu separatista. El concierto fiscal, en el que se plasma este acuerdo desigual tiene, desgraciadamente, carácter indefinido –a pesar de la oposición que intentó Rodrigo Rato–, por lo que la injusticia se prolongará en el tiempo y, en parte, explica la demanda de los nacionalistas catalanes de un concierto fiscal similar.
Por otra parte, estamos hablando de cantidades ridículas, dado el nivel de renta de autonomías como la catalana. En efecto, la total recaudación fiscal en esta autonomía debe ser de alrededor de 60.000 millones de euros y, de este total, se transfieren a las autonomías más atrasadas, como hemos visto, 1.200 millones, un 2% del total. Con estos datos parece inconcebible que se produzca un debate de contenido fiscal. Por eso Carod Rovira tiene que falsear, multiplicando por diez, la cifra de las transferencias.