El incumplimiento del pacto de estabilidad por Francia y Alemania, en los términos en que se ha hecho, tiene gravísimas consecuencias legales e institucionales. También económicas, pero estas, en estos momentos, son menores.
Francia y Alemania, con el apoyo del Reino Unido e Italia, los cuatro países más importantes de la Unión Europea, han decidido no respetar el tratado de Maastricht porque no les convenía. Es una ruptura del Estado de derecho, una demostración de prepotencia y una manifestación muy clara de que no todos los países son iguales ante la ley.
La situación se ensombrece más todavía porque la Comisión no ha denunciado, inmediatamente, este quebrantamiento legal al Tribunal de Justicia de Luxemburgo, ni sus responsables, Prodi y Solbes, han dimitido, como deberían haber hecho por su fracaso primero y su inhibición después. Estos acontecimientos avalan la postura de Aznar de no revisar lo acordado en Niza, en relación con las mayorías necesarias para tomar decisiones, y de no plegarse a las exigencias de Giscard D’Estaigne, el genio malo de la nueva Constitución europea.
Desde un punto de vista económico, es lo mismo tener un déficit del 3% –lo legalmente permitido– que del 4%. Sus efectos en la cotización y los tipos de interés serán mínimos. Esto es así porque todos esperamos que el déficit no vaya mucho más allá, dada la riqueza, el tamaño y la tradición presupuestaria de Francia y Alemania.
Si los infractores hubieran sido países como Grecia, Portugal o la propia España, las reacciones habrían sido mucho más negativas, porque nuestros países acaban de llegar –o sólo se acercan– a la ortodoxia, y los mercados interpretarían que en el euro no manda nadie. Ahora está claro, por si había dudas. Con todo ello, lo que se pone en cuestión es la propia Unión Europea, como un proyecto político basado en la igualdad y el respeto a las leyes.