En acusado paralelismo, aunque quizá sólo sea coincidencia, con lo que ocurre con el presupuesto de la Unión Europea, en España, una de las regiones más ricas, Cataluña, dice que quiere pagar menos al resto de la nación, mientras Madrid, por boca de su presidenta, simplemente recuerda que esta autonomía transfiere a las menos favorecidas más que ninguna otra. Las cifras, sin embargo, no son significativas ni justifican políticas que reduzcan esas aportaciones y que, por consiguiente, puedan afectar sustancialmente al bienestar de los que dan y de los que reciben. Al margen de que los datos que se manejan, 6.000 millones de euros de transferencias de Cataluña, y una cifra algo mayor de Madrid, al resto de España no tienen suficiente fiabilidad y son probablemente menores, una vez tenidos en cuenta el desglose y reparto del impuesto de sociedades y del propio IVA.
Pero, incluso si esas fueran las cifras reales, estamos hablando de que la España rica –al margen de la insolidaridad del País Vasco– transfiere al resto algo más del 2% del PIB nacional y que, en consecuencia, ése es el beneficio que podría perder la España de menores rentas. Lo que corrobora algo evidente, las transferencias de fondos entre países a nivel europeo, y entre regiones dentro de España, no son lo suficientemente importantes como para justificar una batalla política. Al margen de que el crecimiento y la prosperidad nunca se fundan en las transferencias de los más ricos a los más pobres, sino en el propio esfuerzo y el dinamismo interno. Lo que ocurre es que tanto en el caso del presupuesto europeo como en el de las transferencias en España, hay políticos que viven de la demagogia, y que fundamentan sus mayorías en la xenofobia y el engaño.