Las balanzas fiscales entre las autonomías españolas son imposibles de realizar. No existe información suficiente sobre los ingresos fiscales y los gastos presupuestarios, a nivel autonómico, y cualquier intento de atribución que se haga no tiene suficientes bases en que apoyarse. Pero incluso si pudiera hacerse, sería erróneo obtener conclusiones en un sentido u otro, porque sólo tendría sentido comparar las balanzas fiscales acumuladas a lo largo de periodos muy extensos, en los que se hayan puesto de manifiesto diferentes políticas de gasto público, que en unos casos pueden haber servido para construir infraestructuras en una región determinada, para impulsar y subvencionar determinadas actividades económicas en otras, para hacer un esfuerzo educativo de investigación en una tercera, a través, por ejemplo, de la creación de institutos científicos y universidades o para incentivar la exportación, como ocurrió durante más de veinte años, hasta principios de los ochenta, a través de incentivos fiscales que se dejaron sentir en unas regiones más que en otras.
Las infraestructuras que han permitido el desarrollo de la España moderna, se han hecho desde finales de los cincuenta, por el estado, a través directamente de los presupuestos públicos o por empresas públicas hoy privatizadas. Esos enormes esfuerzos presupuestarios se centraron en Madrid, Cataluña y el País Vasco, y los pagaron los impuestos de todos los españoles. Eso y otros muchos gastos centrados en estas tres autonomías durante decenios también tienen que tenerse en cuenta por las autonomías ricas cuando hacen cuentas de lo caro que les resulta el resto de los españoles. Con la sola excepción de Baleares, una de las autonomías que más aporta y que históricamente menos ha recibido.