Una de las primeras decisiones difíciles que tendrá que tomar el nuevo gobierno socialista será la de qué hacer con los ocupados que tienen trabajos temporales. En la actualidad, alrededor del 30%, es decir, unos 5 millones de personas tienen ese tipo de trabajo. ¿Cómo resolverlo?
Si se obliga a las empresas a que los hagan fijos, tendrán que ofrecer algo a cambio, para que los empresarios sepan que en caso de crisis de ventas, por ejemplo, tienen algún resquicio para actuar, reduciendo la plantilla. La mayoría de los empresarios estarían dispuestos a este cambio si, por ejemplo, se redujeran las indemnizaciones por despido de los actuales, en la práctica, 33 días por año de trabajo a 20 días y una máxima indemnización de un año de salario. Esta posibilidad siempre ha estado presente en estos años, pero no ha podido avanzarse porque los sindicatos no la han aceptado.
Quizá, ahora, sí lo hagan. Sería una bendición para las empresas, porque podrían formar mejor a sus trabajadores y para los ahora temporales, porque podrían estabilizar su vida laboral y anímica. Pero, si se hace sin contrapartidas, se habrá creado un terrible problema que terminará en una gran crisis de desempleo.
A quien seguro le toca hacer fijos a todos sus temporales, más los nuevos contratados que van a llegar, es a la administración central del estado. Esta vez sin protestas del empresario, porque paga el contribuyente.