Según el Instituto Nacional de Estadística parece que en estos momentos hay 17,3 millones de personas ocupadas en España, en lugar de los 16,8 millones que se pensaba, aunque el último registro de la Seguridad Social eleva el número de afiliados a 17,1 millones. El INE eleva también la cifra de parados en 200.000 personas, con lo que la tasa de desempleo queda situada en torno al 11,5%; aunque, si se elimina la anomalía que representa el desempleo subsidiado y protegido, de mil formas diferentes, de Andalucía, la tasa nacional se sitúa en torno al 8%.
El propio INE reconoce que no tiene datos suficientes para determinar cuál es la población residente en España. La tarea se ve dificultada, aunque el INE no lo diga en estos momentos, por el sistema de financiación local, que distribuye transferencias tributarias a los municipios en función de su población, lo que incita a los alcaldes a hinchar el padrón municipal.
Si, efectivamente, con todas las incertidumbres estadísticas, trabajan en España, en estos momentos, 17,3 millones de personas –lo que significa un aumento de 5,5 millones sobre el mínimo que se alcanzó en 1994–, una de las consecuencias inmediatas es que, probablemente, en estos años, la economía española ha estado creciendo más de lo reflejado estadísticamente. Ello explicaría, entre otros casos, el aumento del crédito bancario y el incesante aumento de los ingresos públicos por todos los conceptos.
Es comprensible –aunque intolerable y oscurantista– que el gobierno del PSOE no quiera hacer la revisión oficial de las cifras de empleo en estos momentos, y que retrase hasta 2005 ese ajuste: quiere evitar que se ponga de manifiesto la altísima tasa de actividad económica de estos años. Por otra parte, en 2005 se iba a revisar, también, el valor del PIB español; se esperaba un crecimiento en torno al 5% para cinco años, lo que significaba, por si fuera poco, un aumento de la productividad de nuestra economía.
El PSOE está intentando no tocar la política económica del PP, pero su demagogia se traducirá en un mayor gasto público. Incluso en un déficit durante algún momento del ciclo, en palabras de Solbes, que se compensaría con superávit en otros momentos. Una declaración irresponsable por parte de quien tiene la obligación de mantener el crecimiento para garantizar el empleo, que es la primera de las políticas de solidaridad con los más desfavorecidos.