En esa organización multicultural en que se ha convertido el Consejo de Ministros de España, no tengo más remedio que hacer mención a otro desacuerdo. Al que se ha producido en torno a la aplicación en España del protocolo de Kioto. Según lo publicado España emite 400 millones de toneladas de CO2 al año, lo que supone un exceso de 100 millones sobre el máximo que pactó un gobierno del PP en 1996, a pesar de que emitimos menos por persona, y más eficientemente, que los grandes países europeos. Si España tiene que pagar por ese exceso –y se paga comprando derechos en el mercado internacional y compensando con inversiones en bosques– estamos hablando, en función de los precios de los derechos a contaminar que, ahora, parece que se sitúan entre 6 y 8 euros por tonelada, de alrededor de 700 millones de euros anuales. Sólo recordar que hace un par de años ese precio rondaba los 20 euros. No está claro, hasta que Kioto entre en vigor a nivel mundial, de a quién o cómo hay que pagar ese dinero, pero la comisión europea está decidida, en cualquier caso, a que entre en vigor sólo en Europa lo que, ciertamente no beneficiará al planeta, pues la contaminación por CO2 continuará creciendo, y mucho, en el resto del mundo.
Pues bien, de los 400 millones de toneladas de CO2, la administración española ha atribuido alrededor de 160 millones a las instalaciones industriales de una serie de sectores y el resto a generación no individualizable. Al sector eléctrico, en su conjunto, le corresponden 88 millones de toneladas, de las que, presumiblemente un 25%, 22 millones de Tm, son excesos de emisión, que habrá que compensar, pagando derechos, a 7 euros/Tm, lo que le supondrá, al año, alrededor de 160 millones de euros ¿Cómo pagarlos? Dice la Sra. Narbona: “subiendo las tarifas”. Dice el Sr. Montilla: “no, lo pueden absorber en sus precios actuales de venta”. Y, en esta ocasión, seguro que Solbes apoya a Montilla, porque el aumento de inflación que supondría una subida de tarifas es una preocupación constante de los responsables económicos. Por otra parte, el sector podrá pagar, en parte, con inversiones en terceros países en vías de desarrollo, lo que favorece a las empresas inversoras en Iberoamérica.
Si tuviéramos peso en Europa hace tiempo que deberíamos haber iniciado una negociación, en la que España podría aceptar que Alemania, Francia e Italia, entre otros socios, no pagaran multas por haber transgredido el pacto de estabilidad –al superar el 3% de PIB de déficit público– y la Unión Europea suspendiera o redujera, sustancialmente, los pagos de Kioto para España, y hablo de España, porque nuestro país es, en la práctica, el único país importante de la Unión Europea que va a pagar, porque somos, junto con Irlanda, los que más hemos crecido en los últimos años.
Pero no; nuestra generosidad es tal que no sólo renunciamos a Niza, a las ayudas al tabaco, algodón y aceite de oliva, sino que aceptamos los déficits presupuestarios de todos nuestros socios, sin necesidad de que paguen y nosotros nos aprestamos a pagar por Kioto. No sé si es mentalidad de nuevo rico, de heredero de segunda generación que no valora el dinero ganado por los padres o falta de coraje para defender nuestros intereses.