Al haberse retrasado tanto la revisión de las cifras de población, población activa y ocupada y PIB, se ha producido un fenómeno beneficioso, que mejora las consecuencias de la política de control del gasto público que institucionalizó el PP; aunque quizá “institucionalización” no es la palabra adecuada, porque el gobierno acaba de acordar con sus socios de extrema izquierda y extremo nacionalismo que el déficit público podrá alcanzar el 1,5% del PIB en determinadas circunstancias.
El cambio al que me refiero es el del peso del sector público en la economía. En 1992 el gasto público se acercó al 50% del PIB; en años posteriores comenzó a disminuir en porcentaje y en los años de gobierno del PP se redujo –ayudado por el drástico descenso de los tipos de interés– hasta el 40% del PIB. O eso parecía, porque con los nuevos datos de PIB el gasto público ha debido terminar en 2004 en torno al 38% del PIB. Una cifra reducida que explica, en buen parte, el elevado crecimiento económico que continúa en 2005.
Simultáneamente, se ha reducido la presión fiscal en la misma proporción y la deuda pública debería haber terminado entre el 47% y el 48% del PIB. Lejos del 60%, aproximadamente, de Francia y Alemania, pero lejos también de la tremenda reducción que ha logrado Irlanda. Y a años luz de Italia donde, al margen de posibles fraudes estadísticos, se sitúa en el 106% del PIB, lo que convierte al estado italiano en candidato a la suspensión de pagos si alguna vez el Banco Central Europeo decide subir los tipos de interés.
