¿Qué va a hacer el Gobierno para resolver el problema de las pensiones? El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero lleva tiempo instalado en la autocomplacencia porque las cosas, en el ámbito económico, siguen marchando razonablemente bien gracias a la herencia recibida del Partido Popular, pero sus efectos se agotan de manera progresiva, incluso en una materia tan delicada como la Seguridad Social.
Precisamente, el Instituto de Estudios Fiscales acaba de publicar un informe en el que advierte de que el superávit del sistema público de pensiones tiene los días contados. En concreto, el saldo positivo en las cuentas del organismo durará hasta 2011; a partir de entonces, volverá el déficit y, en 2015, llegará la crisis del sistema. Es decir, tan sólo faltan diez años, que parece mucho tiempo pero que para el tipo de medidas que requiere la corrección de esta situación el periodo es muy justo, por lo que habría que empezar a tomar decisiones ya, como se pide desde la Secretaría de Estado de Seguridad Social. Pero, por ahora, no se hace nada.
Hoy el Ejecutivo sigue confiando en la buena marcha del empleo y en los inmigrantes para resolver el problema, pero hay cosas que están cambiando en la coyuntura que obligan a ser cautos. El petróleo sigue marcando mes tras meses máximos históricos y ya nadie cuenta con que el precio del barril de crudo vaya a retornar al entorno de los 40 dólares desde los 60 dólares en que cotiza actualmente. Para complicar más las cosas, España antes estaba protegida en buena medida del impacto del encarecimiento del petróleo por la fortaleza del euro.
Pero desde que se produjo el no de Francia a la Constitución europea y se constató que el estado de salud de la economía estadounidense es mejor que el de la Unión Europea, las cosas dieron un giro de ciento ochenta grados y es ahora la moneda única, y no la divisa estadounidense, quien se muestra débil, lo cual encarece todavía más la factura energética y afectará de manera negativa al crecimiento económico y a la creación de empleo. Así es que el futuro del sistema público de pensiones, por el lado de los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social, no se presenta ni mucho menos tan halagüeño como debería ser para evitar el problema. Por ello, el Gobierno debería poner en marcha una nueva reforma laboral que diera un nuevo impulso a la generación de puestos de trabajo, con independencia de la coyuntura del petróleo y del crecimiento económico, pero por ahora no hay nada.
El Ejecutivo tampoco está actuando por el lado de los gastos, y eso que se trata de un terreno en el que hay margen político y real para hacerlo. El Pacto de Toledo, por ejemplo, prevé entre sus recomendaciones la ampliación a toda la vida laboral del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión, lo que, con toda probabilidad, reduciría su cuantía, así como la ampliación de la edad de jubilación. Pero el Gobierno no se ha puesto mano a la obra pese a que, desde que comenzó la legislatura, los sindicatos eran conscientes de que había que abordar una nueva reforma de la Seguridad Social, dentro del marco del Pacto de Toledo, y se mostraban proclives a embarcarse en ella. Aún así, el Gabinete no ha dado un paso, como es su tónica habitual en todo lo que se refiere a la política económica. Y eso es lo triste, porque de lo que se trata no es de poner en marcha lo que de verdad se necesita, que es un cambio radical de modelo, sino tan sólo de seguir reformando el existente, de acuerdo con el Pacto de Toledo que, conviene recordarlo, está inspirado fuertemente por las ponencias de Seguridad Social de los congresos del PSOE de la primera mitad de la década de los noventa.
Lo que es peor aún que esa parálisis es que cualquier idea que afecta directa o indirectamente al asunto de las pensiones que surge en el ámbito del Gobierno va justo en la dirección contraria. Así, desde la Secretaría de Estado de Hacienda se habló de reducir las ventajas fiscales por cotización a planes privados de pensiones, que es donde reside la verdadera solución al problema, mientras desde el Ministerio de Administraciones Públicas se predica con el ejemplo pretendiendo prejubilar a 25.000 funcionarios por razones, dicen, de reforma y modernización de la Función Pública. Esas mismas razones las ponen sobre la mesa las empresas privadas cuando toman ese tipo de decisiones y, sin embargo, son muy criticadas por ello desde el sector público.
De esta manera, las personas que nacimos en las décadas de los sesenta y setenta, la generación del baby boom, que somos quienes sufriremos con más dureza el problema de las pensiones, nos encontramos con que, conociéndose de sobra el tipo de decisiones que verdaderamente hay que adoptar y con que todavía hay tiempo para ello, el Gobierno se cruza de brazos. Yo, por si acaso, hace tiempo que tengo un plan de pensiones y no lo dejo ni aunque Fernández Ordóñez me quite las desgravaciones en la declaración de la renta.
