Es posible, en teoría, que la expansión continúe, pero para que eso ocurriera haría falta que se mantuvieran, con un mayor nivel de intensidad, los siete factores de los que hablábamos en la primera parte; lo cual es muy improbable. La economía española se va a parar y lo que hace falta es que lo haga suavemente, pues si se reproduce el ciclo brusco depresivo que sufrimos entre 1990 y 1993 nos podemos encontrar, en pocos meses, con un auténtico caos que produciría, entre otras consecuencias, un aumento del paro de 2 ó 3 millones de personas, que habría que sumar a los casi 2 millones que tenemos en la actualidad.
Todos en la economía española –el Gobierno de la nación, el conjunto de las administraciones públicas, los bancos, las empresas y los consumidores– estamos viviendo, con alegría y confianza, en el filo de la navaja, con grandes riesgos tanto de naturaleza política como económica.
Los riesgos políticos. Pueden materializarse después del verano, por obra y gracia de una presidencia del Gobierno que está actuando de forma rencorosa, con gran incultura y enorme atolondramiento. La mayoría de los españoles podrían no tener razón y las amenazas de ruptura del orden constitucional sustanciarse después del verano. En ese caso, tendríamos problemas políticos con repercusiones económicas inevitables:
1º. Es posible que tengamos estatutos autonómicos inconstitucionales, aprobados por las respectivas asambleas regionales en Cataluña, País Vasco y, si tienen tiempo, en Galicia. Estatutos que podrían ser ratificados por las Cortes generales, a pesar de la protesta de los socialistas no nacionalistas y del insuficiente voto opositor del PP. Y, en este caso, es posible que el Tribunal Constitucional decida, en contra del espíritu y la letra de la Constitución, que respetan el orden legal. España habría pasado a ser una Confederación. Pero aquí no termina la historia, sino que empieza; pues la soberanía nacional que conseguirían las autonomías sería el instrumento para que los partidos nacionalistas impusieran un tipo de estado incompatible con la libertad de las personas y el estado de derecho.
Habría desplazamientos de población, desorden legislativo, corrupción y favoritismo. ETA y sus cómplices habrían ganado la guerra, aunque su objetivo último sería eliminar, físicamente, a los no nacionalistas. Todo este proceso no ocurriría instantáneamente. Y mientras ¿qué ocurriría en el resto de España? ¿Se uniría para defenderse o seguiría dividiéndose para que las clases políticas autonómicas disfrutaran de un poder semejante al de los secesionistas? El fantasma de la I República se esconde tras Rodríguez Zapatero y los partidos nacionalistas. Y la crisis económica que se desencadenaría sería imposible de evitar.
2º. Podríamos encontrarnos con un nuevo sistema de financiación autonómica, que provocaría envidias, enfrentamientos, sectarismos y desunión entre las autonomías españolas:
– El actual Gobierno derogó el plan hidrológico nacional para castigar a Valencia, Murcia y Almería, por votar al PP, y dar satisfacción al pequeño partido de ERC y a la mayoría de los aragoneses que, inconcebiblemente, pensaron que el Ebro era de ellos y que aunque se trasvasara agua desde la desembocadura, como era de ellos, podían negarse a compartirla con los demás. Un buen ejemplo de dónde podrían llegar las luchas fratricidas en España, y que tan bien maneja Rodríguez Zapatero.
– El actual Gobierno también derogó la reforma educativa, para contentar a los partidos nacionalistas, que se oponían a la enseñanza de la lengua y la historia de España, y a sus militantes de izquierda radical, que reclamaban una política anticlerical y una enseñanza sin exámenes ni exigencias.
– El actual Gobierno premió al PSOE andaluz, pagando, de una vez, una enorme suma de dinero por ajustes en las transferencias estatales.
– El actual Gobierno ha comenzado a discriminar en la construcción de obras públicas en las autonomías del PP –”el plan Galicia de mierda” de la ministra de Fomento, la recalificación de Mintra en la Comunidad de Madrid y la liquidación definitiva a esta misma Comunidad de la parte que le corresponden de los impuestos estatales de 2003, son tres buenos ejemplos.
– El actual Gobierno ha modificado el plan de estabilidad para permitir déficits autonómicos.
En fin, el actual Gobierno está dispuesto a modificar la financiación autonómica con los mismos criterios que está empleando la Unión Europea para elaborar los presupuestos para 2007-2014, limitando las transferencias de los más ricos a los más atrasados, porque parece considerar que España no es una nación, sino un tipo de unión aduanera que ha ido más allá de lo que debía. Y mientras en la Unión Europea Rodríguez Zapatero defiende que “Europa necesita una constitución y el liderazgo de Francia”, en España, de la mano de los nacionalistas y los populistas de izquierda, defiende la desaparición de España como nación. Y si estas fuerzas centrífugas se desencadenan, por supuesto que tendremos problemas económicos.
Los puros riesgos económicos. Nos quedan los problemas económicos, que se van a presentar y que son de dos tipos: los autoinflingidos por acción del gobierno y los propios del agotamiento de nuestro modelo de crecimiento.
Los provocados por el Gobierno:
– El Gobierno amenaza con hacer una contrarreforma laboral, que puede provocar el despido de cientos de miles de trabajadores, si se confirman las noticias sobre su pretensión de volver a introducir una legislación laboral de tipo franquista.
– El Gobierno amenaza con recortar determinadas pensiones de viudedad, lo que provocará reducciones importantes en la cuantía de muchas cotizaciones de trabajadores que pagan sus contribuciones pensado en sus pensiones y en las de su familia.
– El Gobierno, a pesar del fortísimo crecimiento de los ingresos fiscales, podría incurrir en un déficit importante, a partir de 2006, por aceptar, simultáneamente, la reducción de la contribución fiscal de Cataluña y otras autonomías ricas a las más pobres, y asegurar el mantenimiento del mismo nivel de transferencias estatales a estas últimas, fuera cual fuese el estado de las cuentas públicas.
– No inmediatamente, pero a partir de 2007 y en años posteriores, el gobierno –sea el que sea– tendrá que asimilar la pérdida de la financiación europea para obras de infraestructuras, formación e I+D –alrededor de 7.000 millones de euros anuales– así como los pagos por Kyoto, que pueden suponer, a los precios actuales por tonelada de CO2, en el limitado mercado que existe, entre 2.000 y 4.000 millones de euros anuales; aunque los pagos iniciales no serán de esa magnitud.