El papel de la electricidad, de La Caixa y de la Opa de Gas Natural (II)

El texto completo del análisis lo pueden encontrar nuestros lectores en el especial de Libertad Digital sobre la OPA de Gas Natural a Endesa.

 

 

Durante el gobierno del PP hubo diversos intentos de Opas en el sector, unos consentidos y otros no. El gobierno del PP rechazó, por ejemplo, la fusión de Hidrocantábrico con Unión Fenosa y la de Endesa con Iberdrola. El motivo, en ambas ocasiones, fue asegurar la competencia tanto entre generadores de energía como entre distribuidores y comercializadores de energía. Un argumento insuficiente, porque ese mismo gobierno no fue capaz de culminar la liberalización. De hecho, mantuvo las tarifas para más del 65% de la demanda  final de energía eléctrica. También fue rechazada la Opa de Gas Natural sobre Iberdrola, por las mismas razones. Todos esos intentos empresariales de concentración se produjeron en un contexto de energía barata y sobre la base de que, en un momento determinado, habría precios libres para todo el mundo. Y todas las grandes empresas generadoras, en concreto, Endesa, Iberdrola y Unión Fenosa y las que podrían serlo, como Gas Natural y Repsol, querían que, cuando se llegara a esa situación de libertad, su esquema de costes de producción fuera el mejor posible. En libertad, el tamaño es imprescindible, tanto para generar economías de escala como para diversificar los ingresos, garantizando un mayor equilibrio a largo plazo de la cuenta de resultados; una estrategia en la que Endesa, creyendo en que esa liberalización se produciría en algún momento, ha invertido sustancialmente en dinero y dedicación; y con gran éxito, del que intenta apropiarse ahora, pero sin pagarlo, La Caixa.

 

Pero ¿qué sentido tiene, en una situación eléctrica como la que hemos descrito, con un problema de tarifas, que Gas Natural haga una Opa sobre Endesa? ¿Por qué se ha sumado o por qué ha participado, desde antes del principio, Iberdrola? ¿Hay una lógica empresarial en esa Opa o es sólo una operación política? Y si es una operación política ¿cuál es el objetivo político que persigue el gobierno? Intentaré, con los datos que tenemos, dar respuesta a esos interrogantes.

 

 

En estos momentos, el gobierno debería estar pensando en o bien subir todas las tarifas, o en liberalizar totalmente los precios de electricidad. Cualquiera de esos dos movimientos es imprescindible para asegurar que España va a seguir contando con un sector eléctrico capaz de suministrar electricidad a una economía que sigue creciendo a tasas superiores al 3% anual, mientras la demanda de electricidad lo hace en torno al 6%, también anual. Ya hemos adelantado que en 2005 se va a producir un déficit de tarifas del orden de 3.000 millones de euros. Si en 2006 se repite la situación de sequía y el precio del gas, en concreto, sigue subiendo como el del petróleo, y no se incrementan suficientemente las tarifas, ese déficit puede ser muy superior. El sector eléctrico en su conjunto, y las grandes empresas en particular, con diferencias entre ellas, tendrían un serio problema financiero y de rentabilidad. Por supuesto, nadie quiere que suban las tarifas: ni los consumidores, ni el gobierno del PSOE –por repercusiones electorales–, ni los responsables de la política económica del gobierno, pues la repercusión en el IPC sería inevitable; aunque, por otra parte, esos mismos encargados de la política económica saben que retrasar la subida es una gravísima irresponsabilidad. Como siempre, para un gobierno débil, subir tarifas es un problema delicado.

 

Desde un punto de vista empresarial, una Opa sobre una empresa cuyos ingresos dependen en parte de las tarifas en estos momentos, no parece una decisión lógica en una situación regulatoria tan incierta como la actual. Excepto si ocurre que la situación de la propia Gas Natural fuera mucho más delicada de lo que parece. Analicémoslo. Por una parte, el virtual monopolio del suministro de gas natural, la única fuente energética contemplada tanto por el anterior como por el actual gobierno para incrementar la oferta de energía eléctrica, lo tienen Gas Natural y Repsol, empresas ambas controladas por La Caixa. En el caso de Gas Natural, su monopolio de oferta de gas podría no servirle de nada si el actual gobierno congela los precios de venta de electricidad, para lo cual lo único que tiene que hacer es no modificar las tarifas. Gas Natural podría encontrarse con mucho gas, comprado en terceros países, posiblemente a precios altos, a precios de mercado; pero sólo podría beneficiarse de esa situación si las empresas generadoras de energía se lo compran. Pero ¿para qué se lo van a comprar si la generación de electricidad produce pérdidas? o ¿por qué no hacer más plantas generadoras sobre la base de carbón, a pesar de Kioto, cuando el efecto medioambiental de estas tecnologías esta minimizándose? Gas Natural depende, en consecuencia, mucho más que las otras empresas del sector, de la política tarifaria del gobierno.

 

Mucho más que Endesa, por ejemplo. Y cuando uno es débil, como lo es Gas Natural, lo mejor es unirse a los más fuertes. Pero en lugar de proponer una unión, Gas Natural comienza una guerra, desde la debilidad que significa su monocultivo del gas, para quedarse con la empresa más grande del sector, Endesa. Seguimos con el análisis, pero no olviden dos datos: Gas Natural podría encontrarse en una situación muy débil y es muy consciente de su dependencia del gobierno.

 

La posición de Endesa es mucho más fuerte, en particular en un mercado con déficit de tarifas. Su producción de electricidad por medios nucleares no sufre de problemas de aumento de costes. Tiene un porcentaje significativo también de generación hidroeléctrica, que depende de la lluvia, pero no del gobierno. Tiene inversiones significativas en Portugal, Italia y Francia, países sin problemas tarifarios y regulatorios de esa intensidad. Tiene inversiones considerables en Iberoamérica, en mercados difíciles, pero más rentables que el español y donde ya se han ajustado los valores de inversión. Tiene una parte importante de la producción de electricidad ligada al carbón, nacional y de importación. Y los precios del carbón, al menos el internacional, se fijan por la oferta y la demanda de este producto que, por supuesto, resulta afectada por la falta de oferta suficiente de petróleo, pero sus precios de adquisición son sustancialmente más bajos que los del petróleo y hay garantía de cierta estabilidad en el futuro. Tiene una deuda reducida. Tiene gran tamaño –es una de las grandes europeas y mundiales–, economías de escala y capacidad de gestión reconocida. Lo único que podría afectar negativamente a Endesa, si el gobierno congela las tarifas, sería la operación de los ciclos combinados con gas natural y la producción eléctrica en las islas, que se hace básicamente con fuel oil. Pero su posición global es muy sólida, incluso aunque la debilidad del gobierno se traduzca en congelación de tarifas.

 

Si la Opa tuviera éxito, los actuales accionistas de Endesa se encontrarían con algo de liquidez y con dos tercios de su anterior inversión en acciones de Endesa en acciones de Gas Natural, una empresa, esta sí, dependiente de las tarifas del gobierno, por más que, aunque sería dueña de Endesa, sería una Endesa disminuida en lo nacional y lo internacional y, por tanto, en su capacidad de generar economías de escala y beneficios para los accionistas del nuevo conglomerado. Y dependiente de Argelia, de Marruecos y de Nigeria.

 

 

La diversificación productiva de Iberdrola es similar a la de Endesa, aunque tiene más energía hidroeléctrica, y menos carbón. Una posición, hasta hace poco, mejor que la de Endesa. Pero en un entorno de altos precios del petróleo y del gas natural y con poca agua, su situación es de mayor debilidad. Y mayor dependencia del gobierno. Pero si, empresarialmente, se le garantiza que va a poder quedarse, a un precio pactado con los gestores de Gas Natural,  con una serie de activos de su competidora Endesa, situados tanto en España como en el extranjero, y que esa compra la convierten en la primera empresa eléctrica de España y que, además, tiene detrás al gobierno, su reacción lógica es la de sumarse a la Opa. Aunque quizá se equivoque; máxime si ayuda a poner en marcha  un proceso en el que quien controlará todo no serán el equipo gestor de Iberdrola y el de Gas Natural, sino el de La Caixa, que, además, en un momento determinado, será sustituido por otro nombrado directamente por el tripartito catalán y el gobierno socialista español. Su posición sería, o bien la del que se beneficia de una buena racha inesperada o bien la del conspirador que cree que puede controlar al gobierno español, al tripartito catalán y, en su caso, a los nacionalistas del PNV. Es lo que se denomina vulgarmente intentar cabalgar sobre un tigre.

 

 

Endesa es una empresa que siempre podrá ser opada. Un 85% de sus accionistas son particulares o fondos, nacionales o extranjeros, que buscan rentabilidad a su inversión. Por el contrario, una empresa como Gas Natural es difícilmente opable. Entre La Caixa y Repsol controlan el 65 % del capital, y, a su vez, Repsol es controlada por La Caixa. ¿Se mueve La Caixa por criterios de rentabilidad, como cualquier otra entidad financiera, incluso, me atrevería a decir, como la mayoría de las cajas de ahorro? La respuesta es negativa. Es notoria la ramplona gestión del negocio puramente bancario de La Caixa, que detenta bajos ratios de eficiencia y baja rentabilidad. Donde sí se ha posicionado bien La Caixa es en el mercado del trapicheo político. Cada vez, desde la transición, que alguien en el gobierno español llegaba a la conclusión de que podría comprarse a los nacionalistas catalanes, antes de Pujol y ahora del tripartito y del PSC, La Caixa recibía un pago en forma de participaciones empresariales. Por esta vía se han hecho dueños de un enorme paquete de participaciones en toda España. Analicen sus balances y comprobarán que las compras de esos paquetes de acciones de empresas, siempre a bajos precios, se llevan a cabo no con los beneficios de las actividades bancarias habituales, sino que son fruto de pactos políticos en momentos determinados.

 

No es una situación exclusiva del nacionalismo catalán. En el caso del País Vasco, el intento de comprar la lealtad de los nacionalistas a la Constitución se llevó a cabo en dos fases: en la primera, en el momento de la aprobación de la propia Constitución, se fijó un cupo fiscal, que permitía al País Vasco pagar menos impuestos que cualquier otra autonomía, pobre o rica; en la segunda, –época de los gobiernos del PP– ese cupo se fijó definitivamente. Ya no habrá que renegociarlo cada cierto número de años.

 

Es un error suponer que las cajas de ahorros no tienen accionistas ni dueños. Las cajas son propiedad –mayoritariamente– de los partidos políticos, que nombran a sus consejeros en función de su peso político en ayuntamientos y autonomías, con alguna notable y meritoria excepción, en algunas cajas, como en Caja Madrid, donde hay consejeros generales y miembros del Consejo de Administración de asociaciones independientes elegidos por votación entre los impositores, además de representantes de sindicatos y asociaciones no políticas. Desde la transición hasta el 11-M –el día del atentado político que cambió, por ahora, el destino de España–, en general, los políticos, y las personas que han designado estos como administradores y gestores de la mayoría de las cajas, han hecho un buen trabajo. De hecho, se han gestionado mejor las cajas que muchos bancos privados, que ya han desaparecido, tanto por la dura competencia como por errores propios. Las cajas han estado sometidas a la misma competencia que los bancos y han tenido muchos menos problemas, porque las cajas han tenido hasta ahora, gestores rigurosos. La razón de ese buen hacer hay que buscarla en el buen funcionamiento del sistema de reparto de poderes establecido por la Constitución. Los políticos de las distintas autonomías han sido conscientes de que las cajas no se podían utilizar para hacer política de partido, ni para financiar un desarrollo regional autónomo, ni para financiar aventuras empresariales de grupos ligados a ellos. La misión de las cajas, respetada hasta hace poco por todos, era conseguir beneficios y, con ellos, realizar una ingente labor social, benéfica y cultural. A los gestores de las cajas se les ha dejado, en general, manos libres, para que gestionaran los depósitos que les confían, y les han confiado, los españoles, para que los invirtieran libremente y para que compitieran con las demás entidades financieras, tanto dentro como fuera de España. Su gestión, con algunas lagunas, ha sido positiva. Hay casos llamativos de favoritismo empresarial y político, de créditos injustificados, de nombramientos sin apoyo en la formación y experiencia. Pero en su conjunto, el sector se ha comportado excepcionalmente bien. Hasta ahora.

 

Hasta ahora en que, a instancias de los nacionalistas catalanes y de los del PNV y Batasuna, e impulsados por el gobierno español, La Caixa ha roto las reglas del juego. La Caixa ha pasado de ser el receptor de las exacciones políticas del nacionalismo catalán a los diferentes gobiernos españoles, a ser el financiador de la ruptura de España. Las cajas corren el peligro de convertirse, con un gobierno que no respeta la Constitución, con un presidente del gobierno que sueña con reiniciar la guerra civil para ver si esta vez ganan los suyos, en un instrumento de los poderes políticos. Y las cajas, en manos de políticos secesionistas, pueden convertirse en instrumento de la ruptura de España.

 

Es el caso que analizamos. Si alguien lanzara una Opa sobre Gas Natural, fuera cual fuese el precio, probablemente no tendría éxito, pues la inversión de La Caixa, directa e indirecta, es política. Responde al deseo nacionalista de controlar la energía eléctrica y el suministro de gas, tanto a Cataluña como a las tierras que se consideran por los catalanistas los “países catalanes”. Por el contrario, dada la composición accionarial de Endesa, el que siga siendo una sociedad independiente dependerá del precio que se esté dispuesto a pagar por ella; al margen de si la concentración que se pretende vulnera o no las normas de competencia españolas y comunitarias. Y de si el procedimiento de Opa iniciado ha respetado, o no, otras normas legales.

 

Los estatutos que se están elaborando en Cataluña y País Vasco son inconstitucionales. La utilización de los medios financieros de las cajas de ahorro de esas autonomías para financiar la secesión es consecuencia directa de ese planteamiento rupturista. Las cajas de ahorros han jugado un papel fundamentalmente positivo en el desarrollo del sistema financiero español. Han contribuido decisivamente a modernizar la economía española y a financiar a las familias españolas. Han contribuido a que, en su lucha por conseguir clientes, los tipos de interés sean más bajos en España que prácticamente en todo el mundo. Lo que nadie podía prever es que se convirtieran –en algunas autonomías controladas por los nacionalistas– en instrumento de la secesión territorial. Ha terminado otra fase del desarrollo de las cajas. No pueden seguir dependiendo, directa ni indirectamente, de los partidos políticos pues, desgraciadamente, hay partidos que no respetan la Constitución; y el poder económico que puede ejercerse utilizándolas torticeramente no está previsto en los estatutos de las propias cajas ni en la propia Constitución.

 

 

Al margen de lo que ya he expuesto, hay otras razones de peso que ahondan el carácter político de la operación; en primer lugar, el precio que ofrece Gas Natural y la participación de Iberdrola. Al precio anunciado, que según los gestores de Gas Natural no será modificado, Gas Natural se haría con el 100% de Endesa entregando a los actuales accionistas de Endesa acciones de Gas Natural y 7.500 millones de euros. Pero como Iberdrola compra activos por valor de entre 7.000 y 9.000 millones, sin ningún desembolso, en un sistema “gratis total”, los gestores de Gas Natural serían capaces de controlar la empresa fusionada. Mejor dicho, la controlarían La Caixa y el tripartito nacionalista catalán, con el visto bueno del gobierno rupturista de Zapatero. En aras del supuesto respeto a la legislación española sobre competencia, la operación podría ser todavía mejor para Gas Natural o La Caixa, pues los nuevos gestores estarían más que dispuestos a enajenar todavía más activos de la actual Endesa. No pierdan de vista la posibilidad de dar un peso relevante a las cajas andaluzas –controladas por el PSOE– en una nueva Sevillana de Electricidad. O los posibles pactos de Zapatero con Kirchner, al que quizá devolviera –a bajo precio- las compañías argentinas que hoy controla y explota Endesa. El acuerdo puede extenderse a la totalidad de Enersis, pues si el partido socialista chileno volviera a ganar las elecciones quizá le gustaría recuperar esa empresa, aunque no fuera más que para vendérsela a otra empresa extranjera.

 

Otro factor avala el carácter político de la operación. El momento elegido es el del anuncio de la falta de acuerdo en el nuevo estatuto catalán. La compensación que ofrece el gobierno español al PSC y a Esquerra aparece al día siguiente: se llama Endesa y, una vez más, se entrega a La Caixa. Al margen de lo que crean los gestores de Gas Natural. Hay otros muchos datos que avalan el carácter político de la operación: lo anunciado contradice lo expuesto en el Libro Blanco sobre la energía, al que se ha hecho referencia. Aún peor, las reacciones oficiales del gobierno español han sido de alabanzas a la Opa; sin molestarse en explicar lo que ven en ella de positivo o negativo. No han tenido siquiera la prudencia de mostrarse neutrales, al menos hasta que se hayan pronunciado todas las instancias legales.

 

Pero en la Cataluña política, controlada y corrompida por el nacionalismo, la operación se vende bien. Se recupera la antigua FECSA, desaparecida por la mala gestión de sus anteriores accionistas, básicamente miembros de la burguesía nacionalista designados por cajas y bancos catalanes, que fueron quebrando por su mala gestión como, por ejemplo, la Banca Catalana de Jordi Pujol. Hace pocas semanas apareció en La Vanguardia un documento revelador. Un grupo de empresarios y financieros, supuestamente moderados, supuestamente cercanos al partido popular, supuestamente ilustrados, pedían, ellos también, un nuevo estatuto. Pedían nuevas competencias para su autonomía, sin detenerse en si eran constitucionales o no. Lo importante para ellos era, y es, no sentirse marginados de la marea nacionalista que lo envuelve todo en Cataluña. Una violencia inconstitucional que en el País Vasco ha producido una generación de valientes que luchan y mueren por su libertad y por la de todos los españoles y en Cataluña ha dado lugar a una burguesía cobarde, deseosa de participar en el poder corrupto del nacionalismo. Es esa burguesía que gusta de distinguir entre el nacionalismo maleducado de ERC y el supuestamente moderado del PSC y de CIU. Son los hombres que se identifican con Piqué, que de tanto travestirse políticamente a lo largo de su vida, ya no saben qué defienden, ni en Cataluña, ni en Madrid, ni en el resto de España.

 

 

Un primer objetivo es comprar Endesa, con un sistema “gratis total” para los accionistas de Gas Natural. Un segundo objetivo es dar a La Caixa el control de toda la energía producida en Cataluña. Un tercero, sería recolocar al nacionalismo vasco en la gestión de Iberdrola, aunque sus actuales gestores no lo crean posible, por más que el mayor accionista de esta empresa sea la BBK, que ahora quiere fusionarse con las otras dos cajas vascas para hacer, ellas también, un banco vasco para preparar la independencia. Un cuarto objetivo sería aumentar el peso económico y financiero de La Caixa, que crecería todavía más, no sólo en Cataluña sino en el resto de España, con la ayuda del gobierno de Zapatero. ¿Cómo va a haber un país independiente –piensan los nacionalistas catalanes y vascos– sin un banco nacional, máxime si, probablemente,  habría un problema de tiempo de acomodo con la Unión Europea y el propio Banco Central Europeo? (no un problema definitivo, por supuesto. Francia velará porque España se desintegre con rapidez en el seno de las instituciones europeas). Pero, en esa tesitura, tener una institución que pueda hacer de banco nacional se considera positivo por todos los nacionalistas, máxime si los depósitos y los beneficios se consiguen con inversiones en la fenecida España, antigua nación, mañana sólo Estado confederal.

 

Y después, en algún momento, hablaríamos de los temas propiamente eléctricos. De las tarifas, que habría que discutir con el gobierno. De los precios para industrias determinadas, que habría que discutir tanto con el gobierno catalán como con el vasco. Se modificarían las leyes de competencia, algo relativamente sencillo en un sector que nadie quiere liberalizar totalmente, a imagen y semejanza de lo que siempre ha hecho Francia. Y contaríamos con la colaboración ilustrada de esa parte de la burguesía catalana y vasca, acomodadas al nacionalismo y dispuestas siempre, según sus propias manifestaciones, a discutir –eso es todo– con los nacionalistas radicales, para que la ruptura con España se plantee moderadamente. Aunque al día siguiente se persiga y expulse a los no nacionalistas.