Los empresarios, ¿muertos civiles?

 

Siempre me ha sorprendido la capacidad de muchos de nuestros empresarios más representativos para no comprometerse con los valores que encarna nuestra Constitución y, en cualquier caso, por su renuencia a opinar sobre temas políticos, económicos, o sociales de importancia.

 

La primera línea de no participación de los empresarios cuando se les pregunta es acogerse a "la defensa de los intereses de la empresa". "Tú comprenderás, no puedo arriesgarme a perder un buen cliente". "No puedo decir nada que pueda molestar a la administración". Esta es la posición, aparentemente neutral, de muchos consejeros, consejeros delegados y presidentes de empresas, inversores y dueños de medianas y grandes fortunas.

 

 

Pero no todos callan. Hay un grupo, aglutinado en torno a PRISA, donde hablan todos, el presidente, los principales consejeros y, por supuesto, los  directivos. Ellos no tienen empacho en proclamar su izquierdismo, su actitud anti-PP, su defensa de los que –como ellos mismos– rompen la Constitución. En su grupo coinciden los intereses políticos y económicos. Los potenciales compradores de sus servicios son un sector –bien amplio, por cierto– ideologizado de la sociedad española y un grupo timorato de bienpensantes y de "gente de orden"; sobre todo, empresarios, intelectuales y profesionales, que temen dejar de ser considerados "progresistas" si critican al actual gobierno, o si dejan de comprar El País o si confiesan, a hurtadillas, que incluso escuchan –como ellos dicen– a ese fundamentalista Federico Jiménez Losantos, "que nos pone a todos en riesgo con sus exageraciones".

 

 

Hay otro conjunto de empresarios, el que representa al de mayor poder económico, que, a veces, también emite opiniones. Recientemente, un grupo de los mismos, antes de la aprobación del Estatuto catalán, encabezados por Lara, y en el que figuran personalidades como J. Canals, el director general del IESE, Isidro Fainé, director general de La Caixa y hasta Juan Rosell, que quiere ser presidente de la CEOE con una etiqueta autoadjudicada de liberal de toda la vida, publicaron una carta abierta en La Vanguardia en la que, ellos también, pedían un  “nuevo estatuto” para Cataluña. Que fuera o no constitucional, aparentemente, no importaba. Que rompiera la unidad de España, o no, no importaba. Que rompiera el mercado único español, o no, no importaba. Antes de que Rodríguez Zapatero, el dinamitero de la convivencia entre los españoles, forzara la aprobación del Estatuto, esos empresarios te decían –en privado, por supuesto– que su intervención pública "era una estratagema", porque con su activismo iban a lograr romper la unidad entre los casposos de ERC y ese partido serio –sus palabras– que es el PSC-PSOE, para que pudiera volver a coaligarse con ese otro partido nacionalista moderado –en su consideración–, que es CIU.

 

Por supuesto prefirieron ignorar lo que representaban y representa  Rodríguez Zapatero,  Maragall y  Jordi Pujol. Lo que en verdad defendían era congraciarse con el poder –quizá sin saberlo. Una situación típica de sociedades acobardadas, en las que los empresarios, y el resto de los ciudadanos, viven sometidos al poder político de turno y hacen lo imposible para lograr disfrutar de sus patrimonios y sus empresas sin interferencias. Sin tener que defender activamente los principios constitucionales que, eso sí, les han permitido –entre otras cosas– su éxito económico. Especialmente llamativa era la firma de un representante del IESE, una de las más prestigiosas escuelas de negocios del mundo, donde se imparten habitualmente las clases en inglés, en Barcelona, Madrid o Shangai pero, para los que no pueden pagarse uno de esos cursos la receta es, ya se sabe, "sólo catalán".

 

 

Entre los firmantes de la carta había también un grupo numeroso al que unía su pertenencia al Instituto de Empresa Familiar, el lobby que agrupa a las grandes fortunas españolas, aunque con mayoría cualificada catalana, y del que son miembros desde la familia de Polanco, la de su compañero en Cataluña, Leopoldo Rodés, y otras muchas, dueñas de grandes negocios que, por supuesto, venden una parte considerable de su producción en el resto de España. El Instituto de Empresa Familiar, que inicialmente batalló por lograr menores impuestos para todas las empresas españolas,  ha terminado por ser una organización sólo de grandes fortunas que ya han logrado lo que pretendían: no pagar impuestos ni sobre el patrimonio y ni sobre sucesiones; y, por supuesto, se ha desentendido –en mi opinión– del interés general, de buscar la eliminación de esos impuestos para todos, grandes o pequeños, empresarios, trabajadores o funcionarios. Ocurre que esos impuestos, el de patrimonio y sucesiones, se pagan a las autonomías en las que tiene su sede social la empresa familiar de que se trate. Y el temor a tener que volver a pagar, "si no se comportan", quizás ha influido a la hora de pedir, ellos también, un nuevo estatuto. Una situación verdaderamente chusca, porque en Madrid, El País, el periódico de la familia Polanco, que no paga patrimonio ni sucesiones, no para de publicar artículos contra el Gobierno de Esperanza Aguirre por anunciar que quiere eliminar esos impuestos para todos. No para ahí el activismo del Instituto de Empresa Familia. Su director, Fernando Casado, en pleno uso de su libertad, pedía, en 2002, en una intervención recogida en La Vanguardia, que La Caixa modificara su actividad crediticia; que no debía ir a remolque de las grandes instituciones financieras españolas y que tenía que ser "un centro de poder". A los pocos meses, tras ganar el tripartito el gobierno, La Caixa instrumenta y dirige la Opa de Gas Natural sobre Endesa. También opinaba que Barcelona, como centro de decisión, había visto menguar su papel, porque los políticos catalanes "no profundizaron seriamente en la cuestión económica".

 

Los empresarios agrupados en defensa de gobiernos extremistas, como los que comentamos, entienden bien lo que es el poder. Y, sin embargo, muchos de ellos no fueron sumisos al poder de los sucesivos gobiernos del PP, quizás porque esos gobiernos se declaraban liberales y, por tanto, respetuosos con actitudes y posicionamientos contrarios a sus tesis. Pero sí fueron sumisos ante un poder ejercido arbitrariamente para aprobar y tramitar en Cortes un proyecto anticonstitucional. Sumisos, quizá, porque están convencidos de que la sociedad española, que es mucho más liberal que ellos, no les va a castigar económicamente en sus actividades empresariales por su apoyo al nacionalismo antiespañol. El nuevo presidente del IEF, el valenciano Roig, tras el escándalo inconstitucional del nuevo estatuto, ha recogido las velas desplegadas por los más colaboradores con el PSOE-nacionalistas del IEF, diciendo que "todos los miembros del IEF mantiene la misma línea sobre el Estatuto catalán, cuya reforma –dijo– tiene que llevarse a cabo con el mayor consenso posible de las fuerzas políticas". Lo que no dice, y es lo más importante, es que hay que respetar la Constitución y sobre el consenso me pregunto, ¿incluye al PP? Y, cuando habla de que todos están por la reforma del Estatuto, ¿incluye a Polanco y a sus colaboradores en Cataluña?

 

 

Yo he sido presidente de la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar, una institución que agrupa a empresas que tiene esa consideración jurídica y cuyos propietarios tampoco pagan los impuestos sobre patrimonio y sucesiones. Lo fui con una declaración programática en la que expusimos que esos impuestos eran letales para la supervivencia de los patrimonios familiares y que había que eliminarlos para todos, para todos los accionistas, para todas las familias, para todo su patrimonio. Y, afortunadamente, en Madrid, y al menos para los impuestos sobre sucesiones y donaciones, ese objetivo se está logrando. No es, pues, imposible, ser empresario y defender los intereses generales. Sólo hace falta proponérselo.

 

 

En esa clase social privilegiada, rica y sofisticada que forman los consejeros, consejeros delegados, presidentes, accionistas y dueños de empresas, se considera que hablar de política es un mal negocio. Y que conste que, en general, suele ser así. Posicionarse políticamente puede hacer daño a los intereses de la empresa, si esos planteamientos difieren de las opiniones o intereses de la mayoría de los compradores de los bienes y servicios que ellos producen. ¿Cómo se resuelve el nudo gordiano? Desgraciadamente, mal pues, en general, una vez que alguien consigue el estatus de consejero, de persona de referencia en el mundo empresarial, fallece para la vida civil. No hacen falta condenas ni destierros. Simplemente, el consejero desaparece, con sus dietas y participaciones en beneficios, de la sociedad española. Y eso se considera normal. Lo anormal es tener opinión. No hace mucho en una de las informaciones de El Confidencial de Jesús Cacho, se consideraba que yo, por ejemplo, por mi actividad en los medios de comunicación, era "un agitador político", lo que era, supuestamente, negativo para la reputación personal del que esto suscribe.

 

¿Cómo es posible que la mayoría de ese conjunto de españoles, teóricamente mejor preparado, con mayor poder económico, con mayor independencia, permanezcan, permanentemente, en silencio? Me refiero al silencio en público, por supuesto; porque en privado cuentan todo y de todo, y les preocupa, como a todos, el futuro de España. En una situación de normalidad constitucional mis apreciaciones sobre la participación política o social de los empresarios pueden ser contestadas con argumentos sólidos. En una situación como la que vivimos, todos, pero sobre todo los más poderosos, están obligados a manifestarse.

 

 

Vivimos una situación revolucionaria. Porque Rodríguez Zapatero, su Gobierno, el comité ejecutivo del PSOE, el PSOE de Cataluña, los nacionalistas secesionistas de CIU y los de ERC, los pactistas con ETA, han decidido aprobar un estatuto inconstitucional y llevarlo al Congreso de los Diputados para que sea discutido por un procedimiento anticonstitucional. Allí se modificarán, para la galería, sólo algunos de sus aspectos más llamativamente rupturistas pues confían después en que un Tribunal Constitucional politizado y controlado por la izquierda y los nacionalistas avalará lo que resulte; digan lo que digan el espíritu y la letra de la Constitución.

 

Sólo un partido, el PP, protesta. Y sólo algunos medios de comunicación informan de esta situación. Es cierto que muchos empresarios, individualmente, lo hacen y que organizaciones significativas también lo hacen. Con prudencia y con rigor. Pero ¿y el resto de las instituciones españolas? ¿Dónde están las cámaras de comercio, las cajas de ahorros, los bancos, las empresas, las instituciones sociales, políticas, benéficas y económicas de todo tipo? ¿No van a opinar nunca? ¿No van a manifestar, nunca, públicamente, lo que tanto desazón les causa cuando se manifiestan en privado? ¿Qué ha pasado con el resto de la sociedad civil española?

 

Nos jugamos demasiado para no debatir públicamente lo que está ocurriendo. Es tremendo que la única vez que se han manifestado en lo últimos años los empresarios de mayor peso social en Cataluña, y que representan a las grandes fortunas catalanas y del resto de España, que no pagan impuestos sobre patrimonio y sucesiones, haya sido para decir que querían  un nuevo estatuto. Afortunadamente, la CEOE ha opinado en contra del nuevo Estatuto. Pero, ¿recuerdan las lindezas que tuvo que aguantar el gobernador del Banco de España cuando dijo, públicamente, en el Congreso, que le preocupaban el estatuto catalán y la actuación de las cajas de ahorros por su repercusión en el futuro económico de España? Ese probo funcionario que es Solbes le llamó al orden y le dijo que un gobernador del Banco de España sólo podía hablar de temas técnicos.

 

¿Y el resto? ¿Aceptamos, sin más, que Rodríguez Zapatero y sus ministros de turno, el PSOE y sus acólitos, nos digan sobre lo que podemos y no podemos hablar? ¿Existe, en España, eso que se llama sociedad civil?