La historia económica nos aporta una clara lección: el factor más importante a la hora de promover la prosperidad de los pueblos es el respeto a los derechos de propiedad privada. La debilidad de estos derechos en América Latina, desde la llegada de los españoles y portugueses hace 500 años hasta hoy, explica en buena medida por qué despreciamos la libertad individual y seguimos siendo pobres, atrasados y proclives al autoritarismo, mientras la América anglosajona es rica, próspera y libre.
La monarquía española era dueña de todas las tierras americanas y de los propios indios bajo el sistema feudal. Los reyes otorgaban tierras e indios a los militares y colonizadores españoles a cambio de lealtad, obediencia, impuestos y apoyo militar en caso de guerra. Los colonizadores podían cultivar la tierra y explotar las minas, pero no eran sus propietarios. Los derechos de propiedad permanecían siempre en manos de la corona, la cual podía transferirlos.
En ausencia de derechos de propiedad, la libertad individual era una noción extraña en las colonias, al igual que la idea de un parlamento como el que en Inglaterra restringía el poder del rey en defensa de los propietarios. Nobles, religiosos y funcionarios, españoles, criollos y mestizos debían todos servir con lealtad a la corona de por vida. Esto ha continuado así a lo largo de buena parte de la historia de nuestro desafortunado hemisferio.
Los reyes españoles no requerían la autorización de nadie para imponer tributos o redistribuir las tierras. En la América anglosajona era todo lo contrario. Los colonos tenían sólidos derechos de propiedad sobre sus tierras y posesiones, lo cual dio origen al espíritu libertario y la sed de independencia. La monarquía inglesa, para recaudar impuestos –en Inglaterra y las colonias–, debía previamente solicitar autorización al parlamento, surgido siglos antes precisamente para representar el interés de los propietarios.
La independencia de las colonias españolas en el siglo XIX no cambió esa situación. La propiedad de las tierras, minas y bosques siguió en gran parte en manos del Estado. Los pequeños agricultores eran simples ocupantes de las tierras, sin derechos de propiedad. Los verdaderos dueños eran los gobernantes y funcionarios que podían disponer de ellas a su antojo. La supremacía del Estado sobre el individuo impidió acabar con el espíritu autoritario colonial, el cual todavía prevalece.
El respeto absoluto a la libertad de los individuos y a la propiedad como derecho sagrado e inviolable no pudo desarrollarse por la ausencia de derechos de propiedad, como tampoco pudo desarrollarse una cultura democrática de respeto a la voluntad popular. Los gobernantes no aprendieron a gobernar sometidos a la ley, ni la justicia aprendió a proteger la igualdad de derechos de las personas, ni la legislatura a restringir el poder destructivo de gobernantes y los exagerados impuestos.
El raquitismo de los derechos de propiedad explica también por qué no tenemos un sistema judicial capaz de cumplir y hacer cumplir la ley, de garantizar los contratos y garantizar la seguridad jurídica. En todas partes, el Estado de Derecho ha sido consecuencia de la lucha por la defensa de los derechos de propiedad. Para los latinoamericanos la democracia carece de importancia porque saben que los ricos y poderosos disponen a su antojo de los votos. Lo que más interesa no son los programas de gobierno sino la fama y fortuna de los caudillos y sus promesas de prebendas y cargos públicos.
No en balde, grandes capitales abandonan incesantemente nuestro hemisferio en busca de países más seguros. Es paradójico que los capitales salgan de donde más se necesitan y más altos intereses reciben, para escapar a países ricos, donde abunda el capital y los intereses son bajos. Pero nadie arriesga su capital y esfuerzo donde no hay libertad, ni garantías a la propiedad, ni justicia independiente.
El respeto a los derechos de propiedad es lo único que puede salvarnos de la miseria y el autoritarismo.
