La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó recientemente dos proyectos legislativos para reanimar el mercado inmobiliario e hipotecario. Proliferan las críticas a las malas decisiones de prestamistas y bancos, que comparten la culpa de la crisis del mercado financiero. Las normas para conceder créditos se relajaron o, incluso, se abandonaron, creando una demanda exagerada de compradores de viviendas, lo que disparó los precios. Y tanto los inversores como los constructores pensaron que el auge inmobiliario continuaría para siempre, pero la burbuja explotó y ahora las pérdidas son impresionantes.
Sin embargo, de lo que muchos en Washington no se han dado cuenta es de que la intervención gubernamental es la causa de la actual crisis económica: los tipos de interés artificialmente bajos fijados por la Reserva Federal alimentó un crédito fácil que fomentó un voraz apetito por los préstamos, mientras las decisiones de compra y de crédito se basaban en condiciones de mercado irresponsablemente manipuladas por el Gobierno.
Pero un componente clave de toda administración financiera privada es detectar situaciones económicas insostenibles o falsificadas, procediendo a ajustar los riesgos asumidos. Muchos bancos no lo hicieron y ahora pretenden que los contribuyentes les resuelvan sus problemas con sus impuestos. Eso es totalmente injusto, pero el Congreso está esforzándose por complacerlos.
Los dos proyectos que se discuten en el Congreso combaten la crisis de manera equivocada, tratando de tapar todo con rescates del Gobierno y una mayor intervención. Una de las propuestas aboga por dedicar hasta 300.000 millones de dólares para refinanciar las hipotecas de viviendas que corren riesgo de ser embargadas. Otros 15.000 millones de dólares serían concedidos a autoridades locales para que sean empleados en la compra y renovación de viviendas embargadas para revenderlas o alquilarlas. Felizmente, el presidente Bush ha prometido vetar esas leyes. No es ni fiscal ni moralmente deseable socializar de esa manera las pérdidas de empresas e inversores privados.
La verdadera solución es que el Gobierno se deje de intentar gestionar la economía hasta el más mínimo detalle y permita que el mercado se ajuste, por muy doloroso que resulte para algunos. No debemos obligar a pagar por los errores de los especuladores a quienes pagan impuestos, entre los cuales hay gente que vive de alquiler o que no ha hecho ninguna locura intentando hacerse rico. Es una idea espantosa tratar de extender y profundizar aún más esta crisis financiera. Socializar las pérdidas produciría consecuencias no previstas que le darían nuevas excusas al Gobierno para aumentar su intervención.
Así crecen los gobiernos, alegando que están corrigiendo errores previamente cometidos, mientras castigan constantemente a los contribuyentes. El mercado necesita disponer de la oportunidad de corregirse a sí mismo y el Congreso debe evitar empeorar la situación, aparentando que realiza un rescate.
