Nacionalizar significa "hacer que pasen a depender del Gobierno de la nación propiedades industriales o servicios explotados por los particulares", según una de las acepciones que recoge la Real Academia Española. Es decir, que el Estado robe o confisque bienes privados que pertenecen a los individuos. Partiendo, pues, de esta definición, se puede afirmar sin ningún género de dudas que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, se ha convertido en el mayor ladrón de América Latina.
De hecho, posiblemente ostente ya el honorable título de mayor confiscador estatal del siglo XXI. Al menos por el momento y hasta que algún otro dictador socialista, enmascarado bajo el engañoso velo de la democracia populista, aspire a superar las ansias de poder económico y dominación social que viene demostrando el líder robolucionario bolivariano.
Tras la reciente nacionalización de la filial del Banco Santander en Venezuela, Chávez acaba de proceder a las apropiaciones estatales de la cementera mexicana Cemex, la suiza Holcim y la francesa Lafarge. Tras este proceso, Chávez se ha convertido en el dueño y señor de la industria cementera venezolana. De hecho, desde que llegó al poder político, el gorila rojo ha engullido bajo su proyecto de socialización económica los sectores clave de la economía venezolana: petróleo, siderurgia, minería, medios de comunicación, tierras, distribución alimentaria, sanidad, educación...
Nadie escapa al ansia depredadora del líder chavista. Y eso que su propuesta de reforma constitucional fue rechazada en las urnas en el referéndum celebrado el 2 de diciembre de 2007. Un proyecto con el que Chávez pretendía imponer a todos los venezolanos, y a sus aliados comunistas en el continente, su particular modelo económico, basado en la expropiación forzosa de la propiedad privada.
No obstante, la citada reforma pretendía modificar 69 de los 350 artículos de la Constitución venezolana de 1999. Su objetivo consistía en concentrar los poderes del Estado en la figura del presidente y sustituir el "sistema capitalista burgués" por el modelo socialista de producción. La propiedad privada debía quedar postergada a un mero vestigio jurídico, a expensas del "interés social" que dicte el Gobierno chavista.
Sin embargo, pese a que el texto fue rechazado por la mayoría de los votantes, Chávez se ha servido de los poderes discrecionales que le otorgaba la denominada Ley Habilitante para imponer, a golpe de decreto, su sagrada voluntad. ¿Acaso pensaban que la democracia lograría derrotar al Depredator venezolano?
Ya lo advirtió él mismo tras el rechazo de su proyecto en las urnas: "Nos venció la abstención [...], por ahora no pudimos". El Gobierno "buscará la manera" de materializar los ejes de la reforma constitucional bolivariana. Dicho y hecho. Apenas 9 meses después de aquellas afirmaciones, Venezuela avanza hacia la instauración del comunismo al ritmo y tiempo que marca la batuta de Chávez.
Según un reciente informe elaborado por los profesores universitarios Victorino Márquez Ferrer (UCAB) y Luis Herrera Orellana (UCV), la citada Ley Habilitante promulgada por Chávez (aprobada en enero de 2007) ha logrado instaurar en el país, al menos, 11 artículos de la fallida reforma constitucional. Mediante la reciente aprobación de numerosos decretos leyes, el líder bolivariano ha logrado ampliar sus esfera de poder, tanto económico como político, tal y como pretendía su particular proyecto.
Así, el artículo 115 de la reforma, rechazado en referéndum establecía cinco tipos de propiedad y privilegiaba la intervención del Estado en la economía. Ahora, el Gobierno puede expropiar igualmente cualquier bien, sin previa declaración de utilidad pública ni control judicial.
El traslado de competencias regionales y locales al Gobierno central, que estaba enunciado en el artículo 156 de la propuesta presidencial, se concreta, entre otras formas, mediante la creación de autoridades regionales nombradas por el Presidente, según refleja el informe. Además, con los decretos leyes sobre seguridad alimentaria y acceso a bienes y servicios, Chávez ha logrado reeditar el artículo 305 de su reforma, que permitía la nacionalización de todo el sector agrícola.
En concreto, los investigadores concluyen que, pese a su derrota en el referéndum, Chávez se ha salido finalmente con la suya: Elimina el libre mercado, amplía el control estatal y expulsa al sector privado de la economía.
Las leyes Orgánica de Creación de la Comisión Central de Planificación (22-06-07), de creación del Fondo para el Desarrollo Agrario Socialista (28-01-08), de Pesca y Acuicultura (14-03-08), de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, para la Defensa de las personas en el acceso a los Bienes y Servicios, Orgánica de Turismo y para el Fomento y Desarrollo de la Economía Popular (estas últimas cuatro promulgadas el pasado 31 de julio) constituyen ya el nuevo cuerpo constitucional de Venezuela. Por desgracia, elgorilase ha salido con la suya. Mi más sincero pésame y apoyo a los venezolanos.