Un lector afirma que quienes preferimos el mercado a los políticos argumentamos que el mercado es perfecto. En realidad se trata por escoger la mejor opción en un mundo imperfecto, lleno de incertidumbres, riesgos y escasez. Nuestra oposición es a los privilegios otorgados por malas leyes y a la "socialización" de las pérdidas bancarias y sus insospechadas consecuencias.
Persiste la creencia casi religiosa de que el Gobierno es un ente idóneo para ordenar y dirigir las actividades productivas y el comercio de los ciudadanos. Tal creencia se basa en que los Estados están supuestamente integrados por honorables expertos y abnegados servidores públicos, entregados al bien común y no a "ganar dinero" (algo mal visto).
Sin duda, hay buenas personas en todos los Gobiernos, pero la experiencia indica que la utilización del poder para aprovecharse de los incautos atrae y motiva más a los pícaros que a los honestos.
Los grandes medios de comunicación a menudo informan sobre la corrupción política. Pero los mismos pensadores que critican a los funcionarios y al Gobierno defienden al mismo tiempo que se regulen y supervisen las actividades privadas de los ciudadanos. Alegan que el Gobierno debe estar integrado por los buenos y no por los malos, lo cual equivale a evadir la realidad y caer en la trampa de sugerir que el Estado debe intervenir para corregir los "defectos" del mercado, mediante regulaciones e intromisiones.
La realidad es que nuestros críticos no leen lo que escribimos ni oyen lo que decimos. Nuestra posición se resume en que las personas tenemos el derecho a hacer todo lo que no viole derechos ajenos y que es una obligación prioritaria del Gobierno proteger nuestros derechos, en lugar de inmiscuirse en nuestros asuntos privados. Es decir, debe protegernos de robos, fraudes y violaciones.
Muchos creen ciegamente en la reglamentación de la actividad privada. Citan ejemplos de los recientes fracasos bancarios, sin reparar que la banca es una de las actividades más reguladas. No se dan cuenta de que los reglamentos no son redactados para proteger derechos sino para dirigir actividades privadas, por lo que tienen consecuencias indeseadas y no previstas, suelen impedir la competencia, dan falsa confianza al público, incentivan la evasión de reglas, causan desviación antieconómica de recursos, crean terror por multiplicidad de interpretaciones, impiden las correcciones oportunas, limitan las actividades de la gente y, por último, no toman en cuenta que los regulados a menudo manipulan a los reguladores.
Parte del problema actual es que gente ignora los mecanismos de control del mercado: los severos castigos que impone y lo que exige para tener éxito.