Cada día existe una motivación, pero a veces hay hasta tres planes. A este y a aquel lado del Atlántico, en Europa en general y en España en particular, florece la enésima feliz idea de rescate de no se sabe qué institución, con no se sabe qué dinero público de, a su vez, no se sabe qué contribuyentes, presentes o futuros. Pagamos aquí y allá el tributo a la histeria ambiente –temple ya cotidiano– de políticos y grupos de presión varios.
Pisándole los pies a Zapatero, la Comisión Europea ha ideado el último modelo de plan trola para engatusarnos y fingir una acción decisiva –el mantra del momento– contra la crisis.
Una de las claves de la Unión Europea es funcionar con las competencias que le atribuyen los Estados miembros en los tratados; no se las inventa, si las tiene, las ejerce y si no, se queda quieta.
Pero acabamos de idear un tercer género: quedarnos quietos mientras hacemos como que hacemos algo. Se anuncia a bombo y platillo que se van a gastar miles de millones de euros públicos para reflotar la economía y coordinar las acciones de los Estados miembros; se pone entonces por escrito un resumen de lo que han hecho o piensan hacer las naciones ante lo que se viene encima y se presume de que es una acción concertada europea. Pues no (aunque no por serlo tendría algún tipo de eficacia).
La cosa no acaba ahí. Los tratados establecen negro sobre blanco que no se puede incurrir en déficits excesivos (más del 3% anual) ni acumular una deuda pública por encima del 60% del PIB e incluso se prevén sanciones para los incumplimientos. No obstante, estas reglas cuentan con requisitos más que prudentes para asegurar un cumplimiento flexible; y, por si fuera poco, se pusieron aún más paños calientes en el 2005 para hacer frente a lo que alemanes y franceses consideraban "situaciones excepcionales" en su economía.
¿Y qué propone la UE como plan novedoso superferolítico para el relanzamiento económico? No recurre a las ayudas de Estado –que tiene en principio prohibidas en el capital artículo 87 del Tratado de Roma–, pero sí a aplicar flexiblemente el pacto de estabilidad –y no hay nada más flexible que eso– y a coordinar las políticas de los miembros –lo que consigue sumando lo que cada Estado dice que se va a gastar en la crisis.
Basta de tomar a los ciudadanos por tullidos mentales. Si no saben qué hacer, que no hagan nada (que seguramente será lo mejor) y que se dejen de tanta comedia de la peor especie.
Hemos pasado de vivir en economías de mercado a habitar en economías de políticos. Si en las primeras se trata de descubrir lo que demandará el consumidor, en las segundas hacemos ejercicios de nigromancia para descubrir lo que le placerá al político. La consecuencia inmediata es el incremento del lobbying como forma empresarial fundamental y la creación de ineficiencias de mercado inevitablemente introducidas por las directivas políticas. Ante las dos opciones que teníamos ante nosotros: rescatar la economía poniéndola al servicio del mercado o dirigirla para –presuntamente– lograr el mayor bienestar social, hemos elegido aunque sea torpemente y con más teatro que realidad, la segunda. Preferir el camino de servidumbre a la economía científica en libertad no saldrá gratis, ni política, ni económicamente.