Muy mal debe ir la economía cuando el sueño de los jóvenes españoles es lograr una plaza de funcionario. No se crean que los recién licenciados están deseosos de asistir a sus conciudadanos en la lucha diaria que mantienen contra la burocracia, ni siquiera pretenden curar enfermedades, perseguir delincuentes, apagar fuegos o dedicarse a cualquier otra actividad de servicio público. Lo único que persiguen es trabajar lo menos posible, tener un puesto asegurado y "desconectar" cuando salgan del trabajo, para ir a un bar a tomarse unas cañas, echarse la siesta o ver un partido de Champions.
Esta tendencia no afecta sólo a los universitarios, sino que se extiende como un reguero de pólvora por el resto de la sociedad, especialmente entre los 4,4 millones de parados que hay en España. En la actualidad, muchos desempleados se plantean seriamente convertirse en administrativos del Estado –o de alguna comunidad autónoma o ayuntamiento– y con esta mentalidad es muy difícil que España remonte el vuelo.
La crisis agudiza el problema, especialmente cuando desde el Gobierno se demoniza a los empresarios de forma sistemática, defendiendo la idea de que el emprendedor es un avaricioso que paga lo menos posible a sus empleados y que se "forra" a costa de los demás. Es la visión sindical que ha adoptado el inquilino de La Moncloa para mantenerse en el poder y que está grabándose a fuego en la mente de la sociedad española. Nadie dice que más del 95% del tejido empresarial está compuesto por pymes y autónomos que luchan cada día para sacar sus negocios adelante.
Llegados a este punto, es necesario denunciar la profunda irresponsabilidad que supone el lanzar desde los poderes públicos este tipo de propaganda, acompañada por un incremento del volumen de funcionarios en un momento en el que la sangría laboral afecta exclusivamente al sector privado. En España ya hay más de tres millones de empleados públicos, prácticamente el mismo volumen que empresarios.
Cuando se analiza la publicidad que realizan las academias encargadas de formar a los opositores, se comprende el fervor por acceder a una plaza en la Administración. Se trata de mensajes del tipo: "Ya que la crisis nos afecta a todos, ¿no sería bueno asegurarte el futuro?", "Consigue estabilidad laboral, horarios, seguridad, para toda la vida", etc. En ninguno de ellos se habla de la vocación de servicio público, ni falta que hace, dirán los centros oficiales de formación.
Pero, al contrario de lo que mucha gente piensa, crear un puesto de trabajo en el sector público no sale gratis. Para poder aumentar la plantilla de funcionarios hay que recortar recursos de otras partidas de gasto, siempre que se quiera mantener cierto equilibrio entre ingresos y gastos. Es el famoso coste de oportunidad. Es decir, que los más de 100.000 empleos públicos creados en los últimos meses se han generado a costa de recortar recursos al sector privado, que es quien sostiene las finanzas públicas mediante el pago de impuestos y cotizaciones sociales.
Como consecuencia de todo ello, uno de cada cinco asalariados en España es funcionario –según la Encuesta de Población Activa (EPA)– y generan un coste enorme a las arcas públicas. Sirva de ejemplo que uno de cada cuatro euros del gasto público previsto para 2010 será destinado a pagar sus sueldos.
Por lo tanto, tanto desde el punto de vista económico como desde el social, no es positivo que un país se convierta en una cantera de funcionarios. Los efectos son terribles: creación de una sociedad asistencial, pérdida de competitividad, hundimiento de la productividad, desempleo y problemas en las cuentas públicas que generan subidas de impuestos y aumento de la deuda de las Administraciones... ¿Les suena?