En referencia al artículo Hay que mantener la subida del IVA.
Me gustaría, antes de ratificarme en mi posición de que ahora no se puede suprimir la subida del IVA, referirme al tenor de los comentarios que he recibido a mi artículo por parte de los lectores de Libertad Digital:
- Todos están indignados con el Gobierno, los gastos superfluos de la clase política y la inoperancia de la política económica de Rodríguez Zapatero.
- Casi todos hacen referencia a que mientras los sacrificios de los españoles han comenzado hace tiempo, ahora el Gobierno les carga, todavía, con más impuestos.
- Casi ninguno entiende mi posición. Para la mayoría, en este momento, aceptar algo del Gobierno es alta traición.
- Una proporción importante defiende al PP y a Esperanza Aguirre. Consideran que son mucho más serios y responsables que los políticos del PSOE, y no aceptan que su petición de bajar los impuestos, en estos momentos, sea populista.
- Finalmente, dudan de que sea buena política económica subir los impuestos en este momento, porque estando como estamos, en recesión, una política de ese tipo creen que provocará una crisis aún más profunda.
No voy a responder a todos los comentarios en un solo artículo. Lo haré en varios. Sólo les pediría que leyeran tanto mi primer artículo como éste nuevo teniendo en cuenta que, lo queramos o no, seguimos viviendo por encima de nuestras posibilidades, que nuestras industrias, nuestros servicios y nuestras administraciones son menos productivos que los de los países más avanzados de Europa y que, por tanto, nuestros salarios tienen que ser más bajos que los suyos. El problema es cómo dividir el empobrecimiento con equidad. Por eso mi propuesta ha sido siempre subir algunos impuestos y bajar otros. Y parto siempre del supuesto de que nuestra economía no puede funcionar con el actual sistema de financiación autonómica. El problema del gasto público lo han creado todos los partidos políticos y en todas las administraciones: Gobierno, autonomías y ayuntamientos.
Dicho lo cual, quiero explicar alguna de mis posiciones:
- Titulo el artículo con el verbo “mantener” para dejar claro que la posición defendida por Esperanza Aguirre de eliminar la subida es una irresponsabilidad en este momento. La decisión se tomó en diciembre de 2009. En febrero de 2010 el Gobierno nacional, en un momento de tremenda crisis de credibilidad de la economía española, explicó a los gobiernos europeos y a los mercados que el déficit público en 2010 sería menor, tanto porque se gastaría menos de lo que se había aprobado en los presupuestos como porque se subirían impuestos.
- Los problemas del euro, las dudas sobre el propio futuro de la Unión Monetaria Europea, han surgido no sólo porque Grecia haya falsificado sus estadísticas, ocultando que tenía una deuda pública superior al 110% del PIB y un déficit público en torno al 12% del PIB en 2009. Grecia ha provocado la crisis, pero la preocupación de los líderes europeos, del BCE, de Alemania y Francia, de los bancos extranjeros, y de los ahorradores españoles y extranjeros, es España. Por el momento, Grecia ha tenido que hacer un segundo plan de ajuste, reduciendo el gasto público, bajando los salarios de los funcionarios y aumentando impuestos, como el IVA.
Si en estos momentos el Gobierno español eliminara la subida prevista del IVA, se produciría una profunda crisis en la zona euro que a mí me preocuparía como español, porque las consecuencias serían que, para colocar deuda pública, el Gobierno tendría que pagar, probablemente, un 2% más que en estos momentos y nuestra deuda pública es ya de más de 550.000 millones de euros. La eliminación de la subida del IVA resultaría en una menor recaudación (pequeña), pero sólo en intereses tendríamos que pagar –cuando fuera venciendo la actual deuda, a la que habrá que sumar los más de 100.000 millones de euros más previstos para 2010–, del orden de 13.000 millones de euros anuales más.
Además, la propia Comisión Europea intervendría para imponernos un plan de ajuste tan duro como el que Grecia tiene que aplicar en estos momentos. Y eso lo sabe, o deberían saberlo, tanto el Gobierno de la Comunidad de Madrid como el propio PP.
Las consecuencias para las empresas privadas y para el empleo serían aún peores. La desconfianza en el Gobierno, que es evidente, lógica y proporcionada a su incapacidad, se extendería a la oposición, el partido que pretende ganar las próximas elecciones. Y afectaría a las empresas españolas. Seríamos un país no fiable, en el que no se puede invertir ni ahora ni después de las elecciones. Se dificultarían las posibles nuevas inversiones futuras en España y el ahorro exterior, que ha apostado masivamente por España, financiando nuestros aciertos y nuestros excesos, saldría despavorido, lo que dificultaría nuestras ventas y provocaría una crisis de actividad más profunda de la que ya padecemos.
Nuestros problemas se derivan, básicamente, de habernos incorporado al euro antes de tiempo, antes de estar preparados, antes de hacer las reformas, como la del mercado de trabajo, que ahora atenazan a nuestros pusilánimes y populistas partidos políticos. Y quiero recordar que fue el PP el que impulsó la entrada en el euro, firmando el Pacto sobre Estabilidad que nos obliga, como a todos los otros países miembros, a no sobrepasar el 3% de déficit público. En ese Gobierno, el primero de Aznar, estaban Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre. El compromiso de controlar el déficit nos afecta a todos. A ellos, más que a nosotros.
- En términos económicos, la subida del IVA puede provocar, en estos momentos, un menor consumo, un menor crecimiento y un mayor desempleo. Aunque difícil de cuantificar, ese efecto contractivo aislado podría provocar una caída del PIB de quizá, como máximo, el 0,2%.
Si el Gobierno retirara ahora la medida –y para el resto del mundo, el Gobierno representa a la economía española; lo queramos o no– la desconfianza en España se traduciría en un mayor pago por intereses, en dificultades de financiación para las empresas españolas y de refinanciación de nuestra enorme deuda exterior, lo que se traduciría en una contracción adicional del PIB, que difícilmente bajaría del 1%. Por su parte, el déficit público crecería un 0,4%, sólo por el mayor pago por intereses del sector público en 2010, y entre el 2% y el 4% por el menor crecimiento del PIB. Todo lo cual podría disparar el déficit público a cifras cercanas al 14% del PIB y obligaría a recortar el gasto público aún más en funcionamiento de las Administraciones, en transferencias a los parados, en educación y en sanidad. Y habría que subir, aún más, los impuestos.
- La subida del IVA, que se aprobó en los Presupuestos Generales del Estado para 2010, debería haberse hecho sólo si, simultáneamente, se hubiera hecho una reforma tributaria, que afectara a todos los tributos y tasas. Los más importantes, como creo explicar en mi artículo. Pero el Gobierno de Rodríguez Zapatero no tiene política económica. Actúa movido por las necesidades electorales de cada día. Y el día que se elaboraron los presupuestos decidió, aisladamente, subir el IVA. Por su parte, el PP nunca ha propuesto una alternativa tributaria a la subida del IVA. Todavía estamos esperando a que clarifique su posición.
- Me dicen algunos lectores que defender el mantenimiento de la subida del IVA me convierte en socialdemócrata, keynesiano o socialista. Se equivocan: la política que en estos momentos defienden los socialdemócratas es la de mayor déficit público, lo que puede lograrse bajando los impuestos –como defiende el Gobierno de la Comunidad de Madrid– o aumentado el gasto público, como hace, cada día que pasa, el Gobierno de Rodríguez Zapatero.
Subir los impuestos para reducir el déficit público es lo que defenderían los liberales o los conservadores. Aunque lo lógico sería reducir todo el gasto público que, a corto plazo, probablemente, produciría los mismos efectos que una subida de impuestos: menor consumo y menor crecimiento. En Estados Unidos, en estos momentos, con un déficit público del 12%, la mitad de los economistas –en general, keynesianos– piden que el gasto público aumente, aunque se mantenga o se incremente el déficit. La otra mitad está convencida de que mantener ese enorme déficit y permitir que aumente aún más la deuda pública es una aberración, que tendrá consecuencias gravísimas para su economía a largo plazo. No piden aumentar los impuestos para reducir el déficit, piden que el Gobierno de Obama gaste menos en todo tipo de programas sociales, presentes, o futuros, como el que supondría la reforma de la cobertura sanitaria en el país.
La política de Rodríguez Zapatero es conservadora cuando sube los impuestos. Es socialdemócrata cuando sube el gasto público sin parar. El Sr. Rodríguez Zapatero es un despropósito.
Pero España no es, desgraciadamente, Estados Unidos. Si lo fuera, podríamos plantearnos, sólo, una política de reducción del gasto público. Sin tocar los impuestos. Como no lo somos, tenemos, además, que empobrecernos por decreto, subiéndolos.
- España tiene una situación tributaria y fiscal mucho más grave que la de ningún país de los que hoy se encuentran en crisis profunda. Nuestros problemas tributarios son más graves, incluso, que los de Grecia. Aunque no en lo que se refiere a la deuda pública, pues su cuantía supone el 56% del PIB; una cifra menor, hoy, todavía, que la de Alemania, Francia o Estados Unidos.
En España, el déficit público del 11,4% del PIB de 2009 se ha producido, en parte –alrededor del 3,5% del PIB (35.000 millones de euros)–, por el crecimiento del gasto público: hemos gastado más de 25.000 millones de euros para pagos por prestaciones de desempleo, para subsidios de paro, –que el Gobierno ha convertido en la práctica en ilimitados– y en financiar el subempleo permanentemente subsidiado del PER (pues los trabajadores agrícolas en Andalucía y Extremadura sólo tienen que trabajar 35 jornadas al año para tener derecho a subsidios anuales por una cuantía de 430€ al mes). Y del orden de 11.000 millones de euros son la consecuencia de políticas “activas” de gasto, en las que se incluyen los 8.000 millones de euros para los ayuntamientos y otras administraciones locales.
Pero lo más grave, lo inesperado, en 2009, fue que los ingresos públicos descendieron en un año alrededor de 75.000 millones de euros. Se ha desplomado la recaudación por IVA, por Impuesto sobre Sociedades, por IRPF y por cotizaciones sociales. Lo más grave es la caída de la recaudación del IVA provocada por diversas causas: 1º) La caída en las ventas de pisos nuevos, que pagan IVA. 2º) La reducción de las importaciones (las importaciones pagan IVA). 3º) Hay muchas empresas que optan por seguir funcionando, pero no pagan el IVA, porque no pueden. 4º) Otras muchas empresas han decidido incorporarse a la economía sumergida. 5º) La reducción de tamaño del sector de la construcción y de las industrias y servicios que dependían de él para su supervivencia, ha afectado a la recaudación de todos los impuestos, pero también a la del IVA.
En España, para bajar primero a un déficit del 8%, y llegar, después, al 3% en 2013 ó 2014, que es lo que nos exige la Comisión europea, tendremos que tomar todo tipo de medidas, pero será necesario:
- Reducir el gasto público (menos ministerios, coches, programas disparatados, transferencias a las ONG, menos transferencias a las Comunidades Autónomas y menos inversiones públicas. Y muchas otras decisiones).
- Aumentar impuestos como el IVA y los impuestos especiales, y selectivamente, y previa reforma, el IRPF. Y reducir, simultáneamente, las cotizaciones sociales y el impuesto sobre sociedades.
- La más importante de las decisiones para reducir el gasto público y que la subida de impuestos sea la menor posible debería ser la reducción de transferencias a las Comunidades Autónomas, que son el cáncer económico del sector público. A los políticos autonómicos la demagogia de gastar y echar la culpa al Gobierno central les sigue saliendo gratis. Ellos dicen que su gasto es sobre todo social, pues tienen que pagar el gasto sanitario y el educativo pero, entre otras decisiones de gasto, a lo largo de los años, han aumentado enormemente el número de empleados públicos. Una propuesta como la de Esperanza Aguirre, de no subir el IVA el 2%, podría parecer una propuesta virtuosa pues, según la nueva Ley de Financiación Autonómica, el 50% de la recaudación del IVA es para las autonomías. Pero la propuesta es irresponsable, porque no tiene en cuenta cuáles son los intereses generales de la nación –que he intentando explicar en los apartados anteriores–, y tiene trampa, porque la “renuncia” a participar en el 50% de la recaudación extra que se consiga con la subida del IVA no tendrá efecto en las transferencias de la Administración central a las autonomías hasta después de las próximas elecciones autonómicas.
Si el Gobierno de la Comunidad de Madrid quiere contribuir, con su ejemplo, que tan positivo fue para convencer al Gobierno nacional de que había que eliminar el impuesto sobre el patrimonio, a superar la situación traumática que vive España, podría reducir el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales del 7% al 1%, para impulsar el ajuste en el precio final de la vivienda, lo que permitiría facilitar la venta a precios menores del enorme stock de pisos sin vender – viejos y nuevos - que hay en España, lo que impulsaría la actividad del sector de la construcción, para que vuelva a tener una dimensión lógica. Los menores ingresos de la Comunidad –que quizá no serían tan significativos, porque habría más transacciones– provocarían un déficit, que habría que compensar con un menor gasto social, de inversión y de mantenimiento de la estructura de la propia administración autonómica.
- El posicionamiento del PP nacional, callar sobre la política económica que aplicaría si alcanzara el poder y, ahora, la propuesta de Esperanza Aguirre, que, a los pocos días, y a la vista de su buena acogida popular, ha seguido Mariano Rajoy, me ratifica en mi pesimismo sobre el futuro de España, en la medida en que se mantenga el actual sistema de partidos políticos. Vivimos lo peor de una partitocracia, con facciones autonómicas y locales, porque todos piensan, sólo, en cómo ganar las próximas elecciones. Y la experiencia enseña que cuando en la oposición se ha mentido, si se llega al Gobierno es casi imposible proponer y aprobar una política coherente.