Bruselas ya está aquí y, en esta ocasión, viene acompañada del Fondo Monetario Internacional (FMI). Su plan de rescate, dotado con 750.000 millones de euros, es tan sólo un balón de oxígeno ideado para ganar algo de tiempo. Su objetivo consiste en ofrecer una cuantiosa línea de liquidez a los gobiernos irresponsables ante la negativa de los inversores a seguir financiando a tipos de interés bajos sus despilfarros públicos. Sin embargo, el problema de fondo no es de liquidez sino de solvencia.
No obstante, pese a lo 110.000 millones de euros inyectados a Atenas, es muy probable que Grecia acabe suspendiendo pagos, negociando con sus acreedores una reestructuración y quita de deuda. Y es que, pese a las subidas fiscales y los recortes presupuestarios anunciados, la deuda pública de Grecia ascenderá al 150% del PIB el próximo año. La recesión, su déficit comercial, el aumento de impuestos, su elefantiásico sector público y su escasa competitividad conducirán a Atenas hacia una temible espiral de deuda, un proceso en el que el presupuesto destinado al pago de intereses sigue en aumento, presionando al alza de forma permanente su brecha fiscal.
Y este riesgo de insolvencia se extiende a las economías más débiles de la zona euro, incluida España, en caso de que no se adopten las reformas necesarias. Por el momento, el Banco Central Europeo ya ha puesto encima de la mesa toda su artillería –compra de deuda pública– para mantener a raya los tipos de interés de los bonos. Se trata de una medida, no sólo inédita, sino profundamente inmoral, perjudicial e, incluso, suicida, cuyos efectos ya han sido analizados por Juan Ramón Rallo, por lo que no nos detendremos en este punto.
La cuestión aquí es saber qué hará el Gobierno a partir de ahora para reducir el déficit público, tal y como ha ordenado Bruselas. Zapatero puede elegir entre tres opciones: subir impuestos, recortar gastos o una combinación de ambas. Hasta el momento, el Gobierno socialista se decanta por la tercera opción, ya que en 2009 aprobó la mayor subida fiscal de la democracia (cerca de un 1,5% del PIB) mientras que en 2010 ha aprobado un recorte presupuestario de 5.000 millones de euros.
Así pues, no ha habido tijeretazo, tal y como avanzamos en estas páginas, y lo peor de todo es que mucho me temo que no lo habrá, al menos en la medida en que sería deseable. En primer lugar, Grecia e Irlanda también han apostado por la tercera vía. En segundo lugar, los planes de ajuste fiscal que suele imponer el FMI consisten, igualmente, en combinar aumentos fiscales y recortes públicos. Pero lo más importante es que Zapatero cree firmemente en las bondades del gasto estatal, por lo que será extremadamente reacio a eliminar subsidios y partidas, sobre todo, si se tiene en cuenta que este tipo de medidas son impopulares –restan votos–, y el único objetivo de nuestro querido presidente es ganar las siguientes elecciones.
Entonces, ¿qué queda? Simplemente, expoliar a los españolitos de a pie. Preparen pues sus carteras porque si el Gobierno ya aprobó una subida fiscal sobre el ahorro, el IRPF (eliminación de la deducción de 400 euros), la vivienda (eliminación de la deducción hipotecaria), los impuestos especiales (tabaco, gasolina...) y el consumo (IVA), el siguiente paquete de medidas va a dejar temblando al sufrido contribuyente.
¿Aumento directo del IRPF, rentas del trabajo, más impuestos especiales, nuevas figuras tributarias, reimplantación del Impuesto sobre el Patrimonio y límites a las rebajas autonómicas sobre Sucesiones y Donaciones, Sociedades, tasas a la banca y a los depósitos, impuestos verdes, Sicavs...? El abanico es muy amplio y los incentivos para que los socialistas nos frían a impuestos muy elevadas para no ser tenidas en cuenta.
De hecho, los inspectores de Hacienda ya han lanzado algunas ideas al respecto: eliminar de un plumazo los "regímenes privilegiados" de tributación, los beneficios fiscales, así como reformar los módulos de los autónomos para perseguir la evasión fiscal. A diferencia de Grecia, en España hay dinero suficiente para que el Gobierno se dedique a fondo a vaciar el bolsillo de empresas y trabajadores, y así pagar el alocado despilfarro en el que ha incurrido arbitraria y conscientemente.
Por el contrario, la única forma sana y saludable de realizar el ajuste consiste en recortar la brecha, única y exclusivamente, por el lado del gasto público. Sin embargo, incluso esto sería insuficiente si no se llevan a cabo las profundas reformas estructurales que precisa la economía española para elevar su competitividad y emprender una senda de crecimiento sólido y estable. Dichas reformas se resumen, prácticamente, en una sola: liberalizar al máximo el mercado o, lo que es lo mismo, reducir el tamaño y peso del Estado de forma drástica, tal y como aconteció en Suecia durante lo años 90. ¿Hará algo semejante Zapatero? Pues entonces guarden bien sus carteras porque viene a por nosotros.