El Gobierno ha vuelto a elaborar unos Presupuestos Generales del Estado completamente irreales para 2011, con lo que sus previsiones de gastos e ingresos, muy posiblemente, se incumplirán. De ahí, precisamente, que el Banco de España y la mayoría de analistas coincidan en que será necesario un Plan B para alcanzar los objetivos de déficit público. Así pues, caben dos vías: más recortes de gasto público o nuevas subidas de impuestos. ¿Problema? El próximo ejercicio político estará marcado por la celebración de importantes citas electorales, tanto a nivel municipal como autonómico. Y ello, sin olvidar que las elecciones generales de 2012 ya asomarán por el horizonte.
Un panorama que, sin duda, es el menos propicio para abordar un nuevo plan de ajuste presupuestario. No obstante, el aumento del gasto público es el principal arma electoral que emplean los políticos -de todo color- para tratar de ganar votos. Por ello, en caso de que sea necesario el citado Plan B, la primera opción que barajará el Gobierno será subir, otra vez, impuestos. Si bien es cierto que se trata de una medida impopular, los socialistas siempre pueden tirar de su habitual demagogia, consistente en que "paguen los que más tienen". No por casualidad, Zapatero y sus secuaces autonómicos han decidido subir el IRPF a las rentas altas.
En este sentido, ya se han barajado distintas opciones, tales como aumentar el Impuesto de Sociedades, eliminar desgravaciones y exenciones tributarias a empresas, elevar nuevamente la fiscalidad sobre el ahorro, recuperar Sucesiones y Donaciones estableciendo un mínimo autonómico, restaurar el Impuesto sobre el Patrimonio, castigar a las Sicav o implantar una tasa bancaria, entre otras.
En materia de impuestos, el abanico a escoger por parte del Gobierno es aún muy amplio. Sólo así se entiende esa sorprendente "agenda social" que lleva anunciando el vicepresidente Rubalcaba en los últimos días. Es decir, un renovado programa de subvenciones públicas, cuyo único fin es la compra de votos. Y es que, mientras el mercado internacional no aseste un nuevo golpe a España, el Ejecutivo olvidará pronto los recortes del pasado mayo para volver a hacer lo que mejor sabe: gastar, cuanto más mejor, a base de restar riqueza al resto de la población.
¿Es posible limitar tales abusos? En un momento en el que se están debatiendo todo tipo de reformas, desde la laboral hasta la financiera o la de la pensiones, la clase política parece ignorar que también es posible cambiar por completo el actual modelo fiscal. Por desgracia, España cuenta con uno de los sistemas tributarios más complejos, farragosos y costosos de los países desarrollados.
En realidad, muy pocos trabajadores saben cuánto dinero pagan realmente a Hacienda. Más de uno se asombraría al descubrir la factura total que, año a año, supone el mantenimiento de la estructura estatal. Un desconocimiento que, sin duda, beneficia a la clase política, ya que la ignorancia del contribuyente otorga una gran capacidad de acción a los gobiernos para expandir el gasto y sus arbitrarios excesos. Por ello, una reforma fiscal debería basarse en dos principios básicos de transparencia.
En primer lugar, la elaboración de un presupuesto bajo el criterio de bottom-up, por el que cada administración y organismo se encargaría de elaborar una previsión de gastos e inversiones para el siguiente ejercicio, en lugar de fijar un "techo de gasto" sobre el que luego repartir los fondos, tal y como acontece en la actualidad.
En segundo lugar, un presupuesto base cero, en el que en base a dichos gastos se repartiría la carga entre los contribuyentes, sin posibilidad de incurrir en déficit y, por tanto, emitir deuda pública a largo plazo (impuestos futuros). Y, por último, aplicar una tarifa plana fiscal, eliminando así la nefasta progresividad. Todos los contribuyentes pagarían por igual y, además, realizarían el pago una vez al año y de una sola vez. El contribuyente recibiría así un informe de gastos desglosados por administración y partidas y su cuota anual a abonar para sostener tales servicios e inversiones. De este modo, el ciudadano sería plenamente consciente de cuánto, cómo y por qué paga realmente a Hacienda.