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El Plan contra el Empleo irregular incrementará... el empleo irregular

Los sindicatos exigen al Ejecutivo que penalice a las empresas con trabajo sumergido y no conceda ningún período de gracia.

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El Gobierno no aprobará este miércoles su anunciado Plan contra el Empleo Sumergido. Aunque se había adelantado que quizás sería en este Consejo de Ministros de Semana Santa cuando se aprobaría esta nueva modificación legal, fuentes del Ministerio de Trabajo han desmentido en las últimas horas que finalmente vaya a haber un texto definitivo a tiempo.

La razón por la que no se aprobará este miércoles es porque el plan se está sometiendo a un "período de consultas" con los interlocutores sociales (la patronal CEOE y los sindicatos CCOO y UGT), explicaron las fuentes. No obstante, el ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, informará en la reunión del Consejo de Ministros de cómo marcha la negociación con los interlocutores sociales, ya que su intención es aprobar el plan con el consenso de la patronal y de los sindicatos.

Sin embargo, no será fácil para Gómez conseguir este acuerdo porque las exigencias de los sindicatos son mucho más duras que lo planteado en primera instancia por el Ejecutivo. Lo que anunció tras el Consejo de Ministros del pasado 25 de marzo fue que se daría un período de gracia para regularizar a los trabajadores irregulares, tras el que se endurecerían las sanciones para aquellas empresas que sean cazadas con empleados no legales.

Pero tanto CCOO como UGT han pedido al Gobierno un endurecimiento de las sanciones, unido a la eliminación del período de gracia. Evidentemente, esto va en contra de lo que solicita la patronal, por lo que el acuerdo se vislumbra complicado.

La postura de los sindicatos

Este martes, Paloma Bravo, secretaria de Empleo de CCOO, ha reiterado que los sindicatos rechazan el plazo que les presenta el Gobierno referido a que, una vez que se apruebe el plan y hasta el 30 de junio, los empresarios y los trabajadores tengan tiempo para regularizar su situación. Al respecto, precisó que una vez que la normativa se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) debe entrar inmediatamente en vigor.

Tampoco comparten que los empresarios puedan hacer contratos temporales a las personas que tenían de forma irregular, ya que deberían ser fijos desde el principio. Además, López afirmó que el planteamiento que justifica la iniciativa del Ejecutivo es "errónea" porque da "por bueno" que España tiene un problema de costes laborales y por eso hay economía sumergida. "No es un problema de costes laborales como se pretende hacer creer, es un problema de abaratar costes a base de competencia desleal entre empresas", denunció la responsable de Empleo de CCOO.

La paradoja

Lo que no se sabe todavía con certeza es qué efectos tendrá el Plan sobre el empleo. Desde el Gobierno, evidentemente, se vende que será un elemento fundamental para aflorar una gran cantidad de puestos de trabajo que ahora permanecen ocultos. Así, espera reducir las cifras del paro (con trabajadores que cobran prestación mientras hacen tareas de forma irregular) y aumentar los ingresos por la vía de impuestos y cotizaciones.

Sin embargo, a medio plazo no parece tan claro que vaya a conseguirlo. José Ignacio Conde-Ruiz y Florentino Felgueroso, miembros de FEDEA (Fundación de Estudios de Economía Aplicada), analizan qué ocurrió en España tras el último gran proceso de regularización: el de los inmigrantes en 2005.

En aquel momento se pidió a los extranjeros en España que presentaran un contrato laboral para poder obtener papeles. Evidentemente, aquéllo tuvo un efecto llamada y provocó que aumentaran las altas en el sistema de la Seguridad Social. Sin embargo, cuando se acabó la política de la zanahoria (regularización) y llegó la del palo (multas a las empresas que contraten irregularmente) poco a poco volvió a crecer el número de empleados en situación irregular.

Así puede verse en este gráfico, en el que se relacionan aquellos extranjeros que reconocen ante la EPA (Encuesta de Población Activa) que están ocupados y las altas a la Seguridad Social. En 2005, tras varios años en los que los ocupados crecían mucho más que las altas (porque había un número importante de empleo sumergido) se revirtió la tendencia. Sin embargo, este impulso sólo duró unos meses y a comienzos de 2006 ya había un número similar de extranjeros que volvían a ser invisibles para las autoridades.

Extranjeros ocupados y afiliados a la Seguridad Social (Gráfico: Fedea)

Parece una paradoja pero, como explican Conde-Ruiz y Felgueroso, atacar el empleo irregular puede crear más empleo irregular.

El proceso es el siguiente: cuando un Gobierno endurece las sanciones, muchos empresarios que tenían contratados de forma encubierta se plantean si merece la pena seguir en esta situación. Algunos puede que se decanten por regularizar a sus trabajadores, pero la mayoría no lo harán por la sencilla razón de que no les sale a cuenta: los costes de un empleo regular son mucho más altos (cotizaciones, impuestos...) que los de uno irregular.

De esta manera, como explicábamos hace unos días, se reduce levemente el paro oficial (las listas de los Servicios Públicos de Empleo) porque algunos parados deben reconocer que en realidad están trabajando; al mismo tiempo, crece el paro real (personas que no reciben dinero por una ocupación) puesto que muchos irregulares ahora se encuentran sin nada que hacer (sus patrones les han echado para que nos les pongan una multa).

Mercado negro

El problema es que el empleo irregular, como explican los profesores, es una plataforma hacia el legal. Los trabajadores suelen buscar un trabajo regularizado mientras están en este tipo de ocupaciones. La mejor manera de reducir el mercado negro es hacer crecer la economía: en un entorno de creación de puestos de trabajo, los irregulares tienen muchas más posibilidades de salir de su situación porque tienen más opciones. Esto obliga a las empresas a ofrecerles algo mejor (un contrato) a riesgo de perderles si no lo hacen.

En el lado contrario, si un Plan como éste aumenta la cantidad de personas sin ocupación, también genera un aumento en la competencia entre los trabajadores. Esto provoca, por un lado, incentivos a aceptar peores condiciones por parte del trabajador (empleo irregular); en otro sentido, encarece la contratación a las empresas.

Y todo lo anterior hace que sea más difícil para alguien que está en un empleo sumergido salir de esta situación: "Un aumento en las sanciones, de forma paradoxal, aumentaría la proporción de empleos sumergidos al generar una menor disponibilidad de vacantes por persona que busque empleo y reducir así su probabilidad de encontrar un buen trabajo. De ahí que la duración de los empleos irregulares se incremente, induciendo a que aumente su peso sobre el empleo total".

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