Menú

El segundo rescate de Grecia oculta la primera quiebra de la zona euro

Los acreedores serán obligados a retrasar el vencimiento de sus bonos y la 'troika' gestionará las privatizaciones.

0

El segundo plan de rescate griego ya ha obtenido luz verde, tras el principio de acuerdo alcanzado el pasado viernes entre Grecia, la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) -la denominada troika-.

El pacto se resume, básicamente, en tres líneas: Atenas recibirá en las próximas semanas el quinto tramo -12.000 millones de euros- del préstamo de 110.000 millones concedido en 2010, sin el cual Grecia se vería obligada a suspender pagos en julio; a ello se sumará, además, un crédito extra que, según las primeras estimaciones, rondará los 60.000 millones de euros para cubrir gastos adicionales en 2012 y 2013, ya que el país no podrá acudir a los mercados para refinanciarse debido a los intereses prohibitivos que debe pagar por sus emisiones de deuda; y todo ello, a cambio de un nuevo plan de ajuste fiscal -por un valor total de 78.000 millones de euros hasta 2015- para reducir su déficit público del 10,5% del PIB en 2010 hasta el 3% dentro de tres años, mediante más recortes públicos, aumento de impuestos y privatización de activos.

Pero tras estas grandes líneas se encuentra la tradicional letra pequeña en la que, normalmente, se incluyen las claves de este tipo de programas. El segundo plan de rescate para Grecia se detallará, previsiblemente, en la reunión del Eurogrupo (integrado por los ministros de Finanzas de la zona euro) del próximo 20 de junio.

En este sentido, por el momento todo apunta a que dicho programa incluirá dos variables inéditas desde el estallido de la crisis de deuda soberana en el seno de la Unión: la primera quiebra oficial de un país miembro de la zona euro y la pérdida de su soberanía nacional.

Plan Brady: reestructuración "suave"

El término quiebra o suspensión de pagos (default, en inglés) implica la aplicación de quitas (descuento sobre el valor nominal de los bonos) o la extensión de los plazos de pago (espera), o bien una combinación de ambas. Bruselas opta por la segunda opción: los tenedores de bonos (en su mayoría, bancos) serán invitados a aceptar "voluntariamente" un aplazamiento de los pagos. Aunque las autoridades internacionales insisten en que este proceso será "voluntario", en la práctica será algo obligatorio ya que, en caso de no aceptar, se arriesgan a perder todo lo invertido.

Se trata de un especie de Plan Brady a la europea, tal y como avanzó Libre mercado. Los acreedores serán invitados a intercambiar sus antiguos bonos helenos que están a punto de vencer (y que tan sólo cuentan con la garantía de un gobierno insolvente) por otros nuevos de vencimiento a más largo plazo, pero avalados por la zona euro.

Esta extensión de pagos por parte de los acreedores privados permitiría ahorrar unos 30.000 millones de euros, según los altos funcionarios implicados en la negociación. El intercambio de bonos podría comenzar ya en julio, una vez que el Eurogrupo apruebe definitivamente el segundo rescate.

Y es que, este segundo crédito será financiado a través del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, pero a cambio de que bancos, fondos de inversión y otros acreedores acepten un vencimiento a más largo aminorar la presión financiera que sufre Grecia, que podría oscilar entre los 3 y 7 años. Además, la rentabilidad de los mismos aún está por decidir. "Si no participan [voluntariamente] habrá un default", según estas mismas fuentes. Y es que, Bruselas está presionando al BCE para forzar el canje de bonos: se pretende que el BCE tan sólo acepte como colateral los nuevos bonos helenos al tiempo que rechaza los viejos.

Es decir, Grecia afrontaría de una u otra forma la reestructuración "suave" que anunciaron recientemente las autoridades comunitarias. Esto es, además, lo que se desprende de las declaraciones oficiales del presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker: "El Eurogrupo aceptará una financiación adicional para Grecia, bajo condiciones estrictas, por supuesto, y éstas incluirán la implicación del sector privado sobre una base voluntaria". Es decir, el propio Juncker afirma que la participación de los acreedores privados forma parte esencial de las exigencias impuestas a Grecia.

Pérdida de soberanía

La segunda clave del rescate a tener en cuenta es la pérdida de soberanía griega, un punto que ya fue avanzado hace escasos días. Grecia se compromete a nuevas medidas de austeridad para reducir su abultado déficit, pero dado el rotundo fracaso que obtenido el primer rescate heleno para contener la sangría fiscal, Bruselas pretende ahora hacerse cargo directamente de sus finanzas públicas.

El comunicado sobre el acuerdo alcanzado entre Atenas y las autoridades internacionales deja entrever esta posibilidad en las siguientes líneas: "Para asegurarse de que el marco de las reformas sea efectivo tan pronto como sea posible las autoridades fortalecerán su aplicación, incluso, mediante la asistencia técnica del FMI, los Estados miembros de la UE y la Comisión Europea".

Así, Grecia "seguirá trabajando duro y está comprometida a cumplir plenamente sus obligaciones", según insistió su primer ministro, Yorgos Papandréu, la pasada semana. Sin embargo, explicó que uno de los principales problemas para la puesta en marcha de los ajustes es la falta de capacidad del servicio público para acometer cambios y reformas tan profundas. Papandréu a Juncker y a otros Estados miembros que firmen acuerdos bilaterales con Grecia, al igual que la Comisión Europea, para ayudar a Atenas a fomentar esa capacidad.

Por otro lado, el comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Olli Rehn, valoró los nuevos compromisos del Gobierno griego como "decisiones clave", pero insistió en que sigue siendo crucial "una aplicación eficaz" de las medidas prometidas, según indicó en un comunicado. Por ello, animó a "explorar posibilidades" de "asistencia" externa en el ámbito fiscal y de privatizaciones.

El ejemplo de la reunificación alemana

Es decir, el acuerdo prevé que las autoridades internacionales participen directamente en las cuentas públicas griegas, algo inédito hasta ahora. Entre otras cuestiones, más allá de la recaudación de impuestos, se baraja crear una nueva agencia para acelerar la privatización de activos públicos, en la que también se sentarían miembros de la CE y el FMI, y que contarían con capacidad de veto.

Es un esquema similar al aplicado por Alemania durante el proceso de reunificación. Así, tal y como señala un estudio de la Universidad Complutense de Madrid:

Un requisito imprescindible para que los nuevos Länder del Este pudieran concurrir en los mercados internacionales era desprenderse de las antiguas y pesadas estructuras burocráticas heredadas del régimen comunista, y lograr la modernización de su aparato productivo. Con este objetivo se inició un intenso proceso de privatización de empresas que en el régimen anterior eran de propiedad pública.

Para ello, se creó un organismo público de privatizaciones, el Treuhandanstalt -abreviado Treuhand-. Fue creado el uno de marzo de 1990 e inició sus actividades el 15 de marzo de ese mismo año. El Treuhand [bajo control de Alemania Occidental] detentaba provisionalmente la propiedad de las empresas públicas, para así poder transmitírselas a los compradores interesados.

El objetivo que tenía era doble: por un lado, la venta lo más rápidamente posible de las empresas implicadas; por otro, conseguir el mayor número de interesados para así poder imponer determinadas condiciones como, por ejemplo, las que afectaban al empleo. Se estableció que la venta negociada sería el procedimiento estándar y que, en caso de que no hubiese ofertas aceptables, se procedería a liquidar la empresa.

Este organismo tuvo a su cargo 23.500 empresas de las que: 15.000 fueron privatizadas, 4.500 fueron reprivatizadas a sus antiguos dueños, 500 fueron absorbidas y 3.500 cerradas. Entre estas empresas, estaban los 14.000 grandes conglomerados que representaban la base de la antigua economía. Las labores privatizadoras del Treuhand finalizaron, básicamente, en 1994.

Grecia pretende privatizar activos por valor de 50.000 millones de euros hasta 2015. La participación de las autoridades internacionales en este programa certificaría así la pérdida de soberanía nacional por parte de Atenas, convirtiéndose de facto en una especie de protectorado. Precisamente, este esquema no desentonaría con la reforma comunitaria que pretende impulsar el presidente del BCE, Jean Claude Trichet, junto a Alemania y Francia: la unión económica de la zona euro.

Trichet apostó la semana pasada por la creación de un Ministerio de Finanzas de la zona del euro que pueda tener responsabilidades directas en la supervisión de políticas fiscales y de competitividad, en el sector financiero y en la representación ante instituciones financieras internacionales. Consideró que es necesario asistir a los países de la zona del euro que actualmente atraviesan dificultades financieras, pero si un país no lleva a cabo los ajustes necesarios, "todos deberíamos estar de acuerdo en que la segunda etapa (de la Unión Monetaria) debe ser diferente".

En concreto, recomendó dar a las autoridades de la zona del euro más capacidad de actuación y que el Consejo, en base a una propuesta de la Comisión Europea junto con el BCE, tome decisiones aplicables a la economía concreta. Una forma imaginable de hacerlo sería que "las autoridades europeas tuvieran el derecho de veto a algunas decisiones de política económica nacional", que incluyan el gasto fiscal y asuntos esenciales para la competitividad del país.

En Libre Mercado

    Lo más popular

    Servicios