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EDITORIAL

La rapiña socialista de Castilla-La Mancha

Es de agradecer que, cuando tantos políticos prefieren barrer los pecados de sus antecesores bajo la alfombra, pensando quizá en que así sus sucesores harán lo propio, la nueva presidenta de Castilla-La Mancha lance la voz de alarma.

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Existe la desnortada convicción de que el Estado y la política son entes benéficos cuya acción permite evitar los abusos de los realmente poderosos, los banqueros, grandes empresarios y especuladores que, al parecer de algunos, rigen nuestros destinos. Esta idea parte de dos premisas igualmente equivocadas. Bill Gates tiene mucho menos poder sobre nuestras vidas que nuestro alcalde, por pequeño que sea la localidad donde vivamos, ya que podemos ignorar los productos que ofrece el magnate pero no los bandos del regidor, que son de obligado cumplimiento. Y los destinos del sector público están dirigidos por personas de carne y hueso, no por ángeles de la guarda; personas con sus propios intereses, muchas veces distintos a los del electorado.

José María Barreda tenía todos los incentivos del mundo para ocultar las deudas que había contraído Castilla-La Mancha bajo su mandato. No le convenía electoralmente mostrarse como un gobernante manirroto y derrochador que se había pulido el dinero de los contribuyentes. Así que, como tantos antes que él y otros harán después, decidió mentir. Ahora toca mentir, y como no está tan dotado como Rubalcaba para ese arte, ha puesto la patética excusa de que la "tensión política y económica" ha llevado a que en dos meses y medio las facturas sin pagar se hayan multiplicado por más de dos, de unos setecientos millones a 1.742.

María Dolores de Cospedal hace bien en denunciarlo, como hará bien si cumple con su promesa de ir desgranando los despilfarros concretos cometidos por el equipo de gobierno del PSOE. Pero no tendrá consecuencia alguna para Barreda. Los políticos se llenan la boca cuando de lo que hablan es de controlar a las empresas, asegurarse de que no estafan a los consumidores o a sus propios accionistas, incorporando en el Código Penal algunas de las faltas más graves. Pero no son tan rigurosos consigo mismos.

Lo cometido por Barreda es un fraude. En este caso ha perdido las elecciones, pero de haberlas ganado hubiera seguido en la poltrona pese a haberla mantenido al más puro estilo SGAE. Es de agradecer que, cuando tantos políticos prefieren barrer los pecados de sus antecesores bajo la alfombra, pensando quizá en que así sus sucesores harán lo propio, la nueva presidenta de Castilla-La Mancha lance la voz de alarma. Da miedo pensar en lo que puede encontrarse en otros feudos socialistas como Andalucía o Extremadura.

Algunos dirán que es antipatriota denunciar estos desmanes porque pueden reducir la confianza en España. Pero la realidad es la contraria, pues permite albergar alguna esperanza de que el país pueda cambiar de dirección con un cambio de gobierno.


 

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