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Manuel Llamas

Bruselas, destino Moscú

A mayor distancia entre el Estado –centro de decisiones– y el ciudadano, menor capacidad tendrá éste para poder controlarlo de forma efectiva.

Manuel Llamas
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Las crisis son tiempos de cambio y, por tanto de oportunidades, no sólo a nivel económico sino también político. El gran sueño de los europeístas, la creación de un auténtico "gobierno económico" en la zona euro, está cada vez más cerca. Esta cuestión, el cierre del círculo, lleva sobre el tapete desde el mismo nacimiento de la Unión Europea, pero es ahora, durante la mayor crisis de las últimas décadas, cuando su consecución es plausible bajo la excusa de "salvar" la moneda común.

Los ingredientes básicos de un Estado se resumen en cuatro: capacidad para imponer tributos; un Tesoro para emitir deuda con el respaldo de la fiscalidad precedente; un banco central, encargado de emitir la moneda de curso oficial; y el monopolio en el uso de la fuerza (policía y ejército) para hacer cumplir todo lo anterior. Europa, sin embargo, inició su particular edificio estatal por el tejado con la creación del Banco Central Europeo y el consiguiente nacimiento del euro, dejando así aparcados, aunque sólo temporalmente, los dos primeros factores (unión fiscal y Tesoro único).

El nuevo pacto franco-alemán supone un impulso histórico a este proyecto, cuyo fin último es construir los Estados Unidos de Europa. Un supraestado, con sede en Bruselas, que se nutra mediante sus propios impuestos y deuda comunitaria. Sin embargo, para ello es condición imprescindible que los socios cedan una parte muy sustancial de su soberanía nacional ya que, en última instancia, todo dependerá de una política económica común. Eso, y no otra cosa, es lo que implica la citada "integración": el futuro Gobierno europeo se encargará de marcar las directrices presupuestarias, fiscales (armonización) y legislativas a todos los países miembros.

En este sentido, el punto más relevante de los anunciados por Merkel y Sarkozy radica en la unificación del Impuesto de Sociedades de Alemania y Francia a partir de 2013 y la coordinación de sus respectivos Presupuestos –la ley más importante del ejercicio por sus implicaciones económicas–. Una vez más, las dos grandes potencias de Europa siembran la semilla de la nueva UE, marcando así el camino al resto. Ya lo hicieron en 1951 tras fundar la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), que creaba una zona de libre comercio en dicho sector –sin aranceles ni subvenciones– entre Alemania, Francia, Italia y el Benelux.

Sin embargo, nada tiene que ver dicho acuerdo con el actual. Entonces, el objetivo consistía en crear un verdadero mercado común, exento de barreras burocráticas, mientras que ahora lo que se pretende es avanzar hacia un megaestado cuasi federal bajo el protectorado de París y Berlín. Muchos ven con buenos ojos dicho monstruo. Sin embargo, no sólo no solventará la actual crisis sino que, además, generará enormes problemas futuros en el caso, aún improbable, de que se materialice por completo.

En primer lugar, el nacimiento de Estados Unidos es radicalmente distinto al de la UE. Allí el edificio se construyó inicialmente de abajo a arriba, por vías democráticas, mientras que aquí se impone de arriba a abajo, por mandato divino de la elite política; en segundo lugar, a mayor distancia entre el Estado –centro de decisiones– y el ciudadano, menor capacidad tendrá éste para poder controlarlo de forma efectiva; de hecho, el sagrado voto con los pies, la facilidad para cambiar de jurisdicción con el fin de prosperar, se vería seriamente limitado; Bruselas tampoco es garantía alguna de una buena política económica, puesto que todo dependerá del "Gobierno europeo" de turno; además, la ansiada armonización amenaza con borrar todo atisbo de competencia fiscal... En definitiva, los europeos sufrirán en todo caso la carga adicional de un mayor estado y más impuestos.

Europa no necesita un megaestado sino mucho más mercado y atenerse estrictamente a las condiciones que posibilitan la supervivencia del euro (un déficit del 3% y una deuda del 60% del PIB como máximo). En caso contrario, Bruselas acabará recogiendo el testigo del ya extinto Moscú soviético, solo que en su versión socialdemócrata.

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