El pasado viernes, el Banco de España presentó, aparentemente con satisfacción, los resultados del proceso de recapitalización del sector financiero. Según sus cuentas, sólo había sido necesario desembolsar 7.550 millones para salvar de la quiebra a las cajas de ahorros. Es una cantidad importante, pero asumible por parte del Estado.
Sin embargo, este dato no incluye todos los desembolsos realizados hasta la fecha por la Administración ni, lo que podría ser más importante, los que quedan por ejecutar. De hecho, si todo sale bien la cifra final estará entre los 25.000 y los 30.000 millones de euros. Si las cosas se complican, podría superar los 50.000 millones, lo que supone un 5% del PIB, una cantidad que no sería nada fácil de alcanzar para el Tesoro hispano en mitad de la fuerte tormenta que hay en los mercados de deuda pública europea.
El mapa de las cajas en 2011
Cuando comenzó la crisis financiera a escala mundial, allá por el año 2007, el Gobierno español y el Banco de España aseguraron que éste era "el sistema financiero más sólido del mundo". Para los poderes públicos hispanos, no había problemas de intoxicación por las subprime y, además, la cercanía de las entidades a los ahorradores era garantía de que no se habían cometido excesos con complejos derivados financieros.
Sin embargo, la banca pública española, esas cajas de ahorros que se vendían como entrañables entidades provincianas, tenía en sus entrañas el germen de una grave crisis que iba a dinamitar por completo el sistema financiero previo al año 2007. De hecho, de las 45 entidades que existían hace apenas dos años hemos pasado a las 15 de la actualidad (a la espera de saber qué pasa con la CAM). Y numerosos expertos apuntan a que el proceso de fusiones y reestructuración no ha más que comenzar.
En esta cuestión de la reorganización del mapa financiero es curioso comprobar cómo varían, de nuevo, los criterios respecto a los que se defendieron para la banca internacional. Cuando se intervinieron las entidades financieras estadounidenses o británicas fueron comunes las críticas por permitir la existencia de entidades demasiado grandes para caer (too big to fail). Sin embargo, como apunta Gurusblog, en el caso español no sólo no se ha dejado caer a ninguna caja, incluso aunque muchas de las problemáticas tenían un tamaño relativamente reducido, sino que se ha alentado un proceso de concentración que hará que haya menos entidades, pero mucho más grandes.
Los rescates del Estado
El proceso de saneamiento de las cajas cumple así más de dos años, desde que en junio de 2009 el Gobierno creó el FROB (Fondo de rescate bancario). Desde entonces, diez entidades (algunas de ellas resultantes de fusiones previas) han recibido fondos públicos para salir adelante. El formato de la ayuda ha sido doble: por un lado, se inyectó dinero a través de préstamos convertibles; por otro, se entró directamente en el capital de las cajas.
Con la primera opción, el FROB adquiría participaciones preferentes de las entidades en cuestión. A cambio de la ayuda, estas cajas tienen la obligación de recomprar las participaciones en cinco años. Si no lo hacen, el Estado podrá vender estas participaciones en forma de acciones (sería una forma indirecta de privatizar la entidad).
El otro formato es el de las inyecciones directas de capital del FROB en las cajas, con lo que este organismo entra a controlar las entidades que no son capaces de encontrar financiación por sí mismas. Éste ha sido el caso de la CAM y de las tres cajas nacionalizadas el viernes (Unnim, Novacaixa y Catalunya Caixa).
El resumen de cómo se ha llevado a cabo todo este proceso y del coste del mismo es el siguiente:
Catalunya Caixa: 1.718 millones de capital y 1.250 en préstamos convertibles.
Unnim: 568 millones en capital y 380 en préstamos.
NovacaixaGalicia: 2.465 millones en capital y 1.162 en préstamos.
CAM: 2.800 millones en capital y 3.000 millones en una línea de liquidez.
Caja España – Caja Duero: 525 millones en préstamos.
Banco Mare Nostrum: 915 millones en préstamos.
Bankia: 4.465 millones en préstamos.
Banca Cívica: 977 millones en préstamos.
Cajasur: 392 millones cuando se intervino la entidad.
CCM: entre 5.000 y 7.000 millones a lo largo del proceso de rescate.
La suma de todas estas cantidades es superior a los 25.000 millones de euros. Pero hay que tener en cuenta que el Banco de España avalará la compra de la CAM con hasta 25.000 millones de euros. El FROB ya ha anunciado que asumirá el 90% de los activos de la caja valenciana protegidos por el Esquema de Protección de Activos. Esto quiere decir que el comprador de la entidad estaría protegido de una posible depreciación de los activos, mientras que el Estado se haría cargo de las pérdidas.
A esto se une que Liberbank y Banco Mare Nostrum no han recibido el OK definitivo del supervisor, que les ha otorgado 25 días más para ultimar la entrada de los inversores privados. Y no es seguro que no vaya a haber nuevas sorpresas con entidades supuestamente fuera de peligro según vayan conociéndose las verdaderas pérdidas derivadas de la caída en la valoración de sus activos inmobiliarios.
Por lo tanto, a falta de una cifra definitiva, puede estimarse que el proceso de reestructuración podría costar fácilmente a las arcas públicas algo más de 30.000 millones. Y si las cosas se complican (algo que no se puede descartar en absoluto) y las cuentas de la CAM son peores de lo esperado, la factura podría superar los 50.000 millones, un 5% del PIB español. Y ésa es una cifra que quizás ahora mismo tampoco esté al alcance del Estado.
Avales públicos de 64.000 millones
Y esto en cuanto al coste directo para las arcas públicas. Y es que, a los préstamos y a la inyección de capital por parte del FROB hay que sumar los avales facilitados por el Estado para la emisión de deuda bancaria desde el inicio de la crisis. El Gobierno prorrogó por quinta vez desde 2008 (hasta el próximo diciembre) el programa de avales públicos a bancos y cajas, cuyo límite máximo asciende a 146.700 millones de euros.
A 10 de mayo de 2011, los beneficiarios solicitaron y emitieron instrumentos de deuda con arreglo a este régimen por un importe total de 63.800 millones de euros, lo cual equivale al 43,5% del total disponible, según datos del Tesoro. El Gobierno no ha desembolsado este dinero, sino que se convierte en el avalista de última instancia del sistema financiero. Es decir, si hay problemas pagará el contribuyente.
De este modo, entre avales, créditos y nacionalizaciones el apoyo público a bancos y cajas asciende por el momento a casi 115.000 millones de euros: 64.000 en avales, 25.000 para avalar la venta de la CAM y otros 25.000 entre préstamos y entradas en el capital... Y el problema es que el proceso aún no ha terminado, según la mayoría de analistas.