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Manuel Llamas

Hipocresía nacionalista

Duran tiene toda la razón. El conocido PER constituye un dispendio inaceptable, aberrante e inasumible desde su mismo nacimiento, allá por 1984, al tiempo que se ha convertido en un nido de corrupción política, fraude económico y compra de votos.

Duran tiene toda la razón. El conocido PER constituye un dispendio inaceptable, aberrante e inasumible desde su mismo nacimiento, allá por 1984, al tiempo que se ha convertido en un nido de corrupción política, fraude económico y compra de votos.

Nueva polémica, y ya van unas cuantas, acerca de cómo gestionar el dinero público. Josep Antoni Duran i Lleida, candidato de CiU a las elecciones generales, afirmaba el pasado sábado que los jornaleros andaluces y extremeños "reciben un PER para pasar una mañana o toda la jornada en el bar del pueblo" a costa del dinero que anualmente aporta Cataluña al sistema de financiación autonómica, el mecanismo que supuestamente garantiza la llamada "solidaridad interterritorial".

La reacción de los políticos afectados no se hizo esperar. Destacados líderes del PSOE tildaron a Duran de "elitista, clasista y hasta cierto punto xenófobo", mientras que los del PP calificaron de "lamentable" su mensaje. Así pues, ambas formaciones coincidieron en reprobar duramente al político catalán. Y, sin embargo, Duran tiene toda la razón. El conocido PER (Plan de Empleo Rural) constituye un dispendio inaceptable, aberrante e inasumible desde su mismo nacimiento, allá por 1984, al tiempo que se ha convertido, tal y como era de esperar, en un nido incesante de corrupción política, fraude económico y compra de votos electorales.

En 1996, el PER pasó a denominarse Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agrarios (AEPSA). En la actualidad, los jornaleros de hasta ocho comunidades autónomas (Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia, Comunidad Valenciana, Canarias y Aragón) siguen contando con el privilegio de cobrar un subsidio de seis meses acreditando tan sólo 20 jornadas de trabajo efectivo (peonadas), aunque en función de una serie de condiciones, tales como la edad, la situación familiar y un nivel mínimo de ingresos. Esta partida presupuestaria superará los 216 millones de euros en 2011, un 3% más que el pasado año, de los que casi el 86% se concentran en Andalucía y Extremadura. En definitiva, la sopa boba del siglo XX y XXI en forma de rentas públicas.

Y aunque Duran acierta en cargar contra este gasto injustificable, su argumentación contiene dos errores básicos. Por un lado, no sólo Cataluña sufraga el PER. Otras comunidades ricas, como Madrid o Baleares, aportan igual o más fondos a este auténtico despilfarro anual como contribuyentes netos del modelo de financiación autonómica. Por otro, Duran cae en la trampa de ver la paja en el ojo ajeno y no en el propio. Y es que, la Generalidad cuenta, igualmente, con su particular PER a costa del dinero del contribuyente catalán. No en vano, por citar tan sólo algunos ejemplos, su televisión pública (Tv3) es una de las más costosas de España, con cerca de 330 millones de euros sólo en 2010; a ello se suma, además, la lluvia de subvenciones que perciben los medios privados impresos en catalán (más de 10 millones); los 159 millones destinados a política lingüística, un mero instrumento político para defender el nacionalismo; o los 35 millones dedicados a la Acción Exterior, en donde se incluyen las famosas mini-embajadas y oficinas comerciales que mantiene la Generalidad en países extranjeros. En total más de 530 millones de euros, equivalentes al PER de dos años y medio.

Por último, el mensaje de Duran sobre el PER trasluce, una vez más, el típico discurso de confrontación propio de todo nacionalismo. CiU trata así de demostrar a sus votantes el expolio que sufre Cataluña por culpa de España, de ahí que exija ahora la puesta en marcha de una especie de "concierto económico" al estilo del País Vasco y Navarra. De este modo, Cataluña gozaría de potestad para recaudar el 100% de los impuestos en su territorio, al igual que las regiones forales, y a cambio tan sólo pagaría al Estado una cuantía anual por los servicios prestados en su comunidad. Este cambio rompería el actual modelo de financiación interterritorial, lo cual no es malo per se siempre y cuando se extienda al resto del país.

Y es aquí, precisamente, en el trasfondo de la crítica al PER, donde la hipocresía nacionalista alcanza sus máximas cuotas: CiU denuncia el expolio, pero reclama al Gobierno central la creación de "hispabonos" para superar su situación de quiebra técnica, es decir, que todos los contribuyentes españoles cubran su agujero fiscal; asimismo, Cataluña reclama el "concierto", pero exige la implantación de ciertos límites mínimos a fin de evitar la "competencia fiscal" entre regiones, en referencia a las rebajas tributarias aprobadas por Aguirre en Madrid... ¿Conclusión? "No" al PER, pero también un "No" rotundo a la hipocresía nacionalista.

Colaborador de Tu Dinero nunca duerme y Sin Complejos.

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