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El ajuste de Rajoy empieza por congelar el sueldo de 600.000 funcionarios

El Gobierno ya trabaja en la reforma laboral y en la nueva legislación para la creación de empresas; el déficit real sigue siendo un misterio.

Una semana: ése es el plazo que Mariano Rajoy ha dado a sus ministros para que le presenten sus planes de reducción del déficit. El objetivo oficial es ahorrar 16.500 millones para 2012; el oficioso podría acercarse más a los 40.000 millones. Para lograrlo se combinarán medidas de dinamización económica junto a otras de ahorro en el gasto público. Luis de Guindos y Cristóbal Montoro serán los encargados de ejecutar los planes del presidente, que seguirá muy de cerca todos sus movimientos desde la presidencia de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.

La fecha: el 30 de diciembre de 2011 será una fecha que se recordará durante toda esta legislatura. En su segundo Consejo de Ministros, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobará un decreto ley de medidas económicas de choque con el que poner las bases de la recuperación.

El recorte: los nuevos ministros tienen una semana para estudiar la situación de sus departamentos y presentar un plan de ahorro que ponga a la administración pública española en la senda adecuada para cumplir el objetivo de déficit a final de año. En teoría, el recorte debe ser de 16.500 millones (si se cumple la previsión oficial del equipo de Elena Salgado de que el déficit este año será del 6% del PIB); en la práctica, el agujero podría estar cerca de los 40.000 millones.

¿Crecimiento?: ésta es una de las cuestiones de las que menos se habla, pero tendrá un impacto decisivo en todas las decisiones del Gobierno. La previsión oficial en este momento es que la economía española crezca alrededor del 2,3% del PIB en 2012, pero ya nadie se cree esta cifra. De hecho, según El Mundo, el equipo de De Guindos teme que el dato real muestre una vuelta a la recesión, con una caída del 1% del PIB.

Las primeras medidas: la prensa de este lunes está plagada de noticias acerca de las primeras medidas que pondrá en marcha el nuevo Gobierno. Podrían dividirse en tres grandes bloques: ahorro, competitividad y reforma laboral.

  • Funcionarios: entre las medidas de ahorro, destaca la anunciada por El Mundo acerca de los salarios de los trabajadores públicos. Según el diario de Unidad Editorial, el Gobierno podría estar planteándose la congelación de los sueldos de 600.000 funcionarios. Según sus cuentas, La medida supondría un ahorro que la Intervención General del Estado cifra en 1.126 millones de euros, una décima parte de lo prometido por Mariano Rajoy en su discurso de investidura. Estos 600.000 funcionarios ya vieron sus sueldos recortados en un 5% de media por las medidas de ajuste de Zapatero en mayo de 2010, mientras que en 2011 también sufrieron la congelación de sus salarios.
  • Competitividad: en esta cuestión, se espera con impaciencia lo que pueda preparar el nuevo equipo de Luis de Guindos. La rigidez de las normas españolas en todo lo que tiene que ver con la creación de empresas es ya un clásico de la prensa económica. Prácticamente no hay ningún estudio que no denuncie que el coste de abrir, cambiar o ampliar un negocio en España es extremadamente alto en comparación con los países de su entorno. Además, está la enorme cantidad de reglamentos, directivas o leyes, tanto nacionales como autonómicas que complican la vida de los empresarios e, incluso, ponen en riesgo la unidad de mercado. Todos los periódicos aseguran en su edición de este lunes que el Gobierno aprobará medidas para dinamizar la economía que irán dirigidas a facilitar todas estas cuestiones. El perfil de De Guindos y sus ministros apunta también en esta dirección.
  • Reforma laboral: quizás sea la parte más polémica, puesto que aquí el PP se encontrará la oposición frontal de los sindicatos y los medios de la izquierda. Según ABC, Rajoy "sopesa eliminar la autorización previa en los despidos colectivos" (los famosos ERE). Además, el nuevo Gobierno quiere aclarar las causas de despido objetivo, el que da derecho a 20 días de indemnización por año trabajado. El objetivo es de evitar que la gran mayoría de despidos por causas económicas acabe en los tribunales (lo que supone un nuevo coste y añade incertidumbre al empresario; puesto que, además, con la actual legislación, los juzgados casi siempre acaban dando la razón al trabajador).
  • Bancos: para complicar todo lo anterior, De Guindos tendrá que lidiar con la reforma del sistema financiero. La falta de crédito amenaza con estrangular a la ya débil economía española. Para resolverlo, el Gobierno quiere comenzar un proceso de reestructuración del sector, que implicaría nuevas fusiones y absorciones. Según apunta El Mundo, el ministro quiere entidades fuertes y sólidas, con no menos de 60.000 millones en activos. Por eso, iniciará cuanto antes el saneamiento de los balances: lo primero será saber cuántos activos tóxicos procedentes del ladrillo tiene cada entidad. Una vez que se sepa la valoración real de estos activos, las entidades más débiles tendrán que aceptar su absorción en otras más sólidas o afrontar la toma de control por parte del Estado.

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