La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha destacado que el sistema público de pensiones también se ha visto golpeado por la crisis, tal y como muestra el déficit que registró el pasado año la Seguridad Social. Por ello, durante su primera comparecencia en el Congreso, Báñez avanzó que el Gobierno aprobará una serie de modificaciones a fin de garantizar la sostenibilidad del actual modelo de reparto.
Entre otras medidas, anunció la puesta en marcha de instrumentos para que que la edad real de jubilación se aproxime a la legal. Para ello, el Gobierno pretende reducir el elevado número de prejubilaciones. En concreto, ha avanzado la intención del Gobierno de limitar las prejubilaciones a "circunstancias muy excepcionales".
En este sentido, ha señalado que más del 50% de las nuevas jubilaciones en el Régimen General se producen antes de los 60 años. La edad de jubilación real para el conjunto del sistema se situó el pasado mes de junio en 63,82 años, por debajo, pues, de los 65 años exigidos actualmente (la reforma de pensiones aprobada por el anterior gobierno, que entrará en vigor en enero de 2013, elevará la edad de jubilación legal hasta los 67 años de manera progresiva).
Asimismo, ha dicho que el Gobierno tratará de frenar el uso que se hace de la prestación por desempleo como mecanismo de acceso "encubierto" a la jubilación. De hecho, de acuerdo con los datos que proporcionó, el 25% de las personas que acceden a la jubilación proceden del desempleo.
Por otro lado, anunció que se pondrán en marcha mecanismos para incentivar la prolongación voluntaria de la vida laboral, más allá de los 65 años, permitiendo el "cobro parcial" de la pensión mientras se sigue trabajando.
Báñez también enfatizó que la pensión debe ser "más proporcional" a las cotizaciones efectivamente realizadas a lo largo de toda la vida laboral, lo cual abre la puerta a nuevos cambios en el cálculo de las pensiones. En ese sentido, el artículo 22.5 del anteproyecto de ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera ya introduce la posibilidad de revisar a la baja las pensiones futuras.
Volver al Pacto de Toledo
Por otra parte, la ministra ha asegurado que trabajará para que las pensiones, "el principal pilar del sistema de protección social", vuelvan al Pacto de Toledo, ante cuya comisión permanente se ha comprometido a comparecer.
"Nuestro sistema de pensiones es una gran construcción de protección de la que todos nos sentimos orgullosos. Pero es, sin duda, mejorable y de necesaria adaptación. Este Gobierno será un actor decidido a favor de la consolidación, el refuerzo, la modernización y la adaptación permanente. Y apelo a la colaboración de todos para que, en esta época de crisis, sea un referente de seguridad, tranquilidad y confianza", ha dicho.
En este sentido, ha recordado que una de las primeras medidas adoptadas por el Ejecutivo central fue revalorizar las pensiones mínimas "por cumplimiento del Pacto de Toledo".
Nueva mutua de accidentes
Por otra parte, Báñez también ha anunciado su intención de presentar un proyecto de ley para la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social "en los próximos meses", tras una ronda de contacto con los agentes sociales.
El objetivo será "reconducir la situación" de esta entidad "tras una etapa de enorme intervencionismo que ha llevado al sector una difícil situación", así como darle "mayor autonomía de gestión, compatible con la mayor exigencia de control y transparencia" que exige la actual coyuntura económica. También "está en fase de elaboración" el proyecto de Real Decreto para "regular el convenio especial para las personas con discapacidad", que busca "regular una mejor protección social" de este colectivo.
Agencia estatal de la Seguridad Social
Por último, la ministra de Empleo ha indicado que su equipo modificará el proyecto de "transformación organizativa" de la Seguridad Social que se estaban planteando a través de la creación de una agencia estatal.
A su juicio, la importancia de esta materia "justifica sobradamente (la redacción de) un proyecto de ley" en el que se "garantizará la precisión y amplitud con la que debe abordarse un proyecto de tal dimensión" que supondrá la "integración de las principales funciones y la puesta en marcha de adaptaciones y modernización de los procesos".
La ministra también se ha comprometido a seguir impulsando los controles de la recaudación basados en "las cuentas de la Seguridad Social para cada trabajador" con el objetivo de "mantener y mejorar los índices recaudatorios", así como una "mayor eficacia y universalización en el uso del sistema de gestión electrónica de datos".