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La mitad de lo que paga por luz y gasolina se lo lleva el Estado

El 50% del coste de llenar un depósito son impuestos. La fiscalidad y las primas renovables suponen la mitad de la factura de la luz.

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Los políticos suelen aducir que el Estado, entre otras funciones, está para proteger al consumidor de los avatares y excesos del mercado. Desde el inicio de la crisis, los españoles han sufrido en sus bolsillos, en múltiples ocasiones, fuertes subidas de precio en dos productos básicos, como son la gasolina y la luz. Ante tal situación, estos mismos políticos han solido culpar a la "especulación" (y, por tanto, al mercado) de dicho encarecimiento.

Ocultan, sin embargo, que la intervención pública, ya sea de forma directa o indirecta, se come la mitad de la factura. Es decir, los españoles disfrutarían hoy de luz y combustible a mitad de precio sin la manida regulación estatal.

El precio real de la gasolina

La creciente tensión con Irán ha impulsado el precio del crudo en las últimas semanas. Como resultado, el precio de la gasolina en euros ha alcanzado un nuevo máximo histórico este jueves. El precio del litro de gasolina se sitúa en 1,392 euros, nuevo récord, mientras que el gasóleo alcanza los 1,35, aún por debajo de su máximo de 1,36 euros de mediados de enero. De este modo, los conductores deberán pagar 76,5 euros para llenar un tanque medio de 55 litros de gasolina, o bien 74,2 euros de gasóleo.

Sin embargo, la factura final del depósito recoge numerosos y diversos costes, cuyo origen no sólo se deriva de factores del mercado (cotización del petróleo, tratamiento del crudo, almacenamiento, transporte, comercialización, etc.). Y es que, al precio de mercado (el real) se le debe sumar, además, los altos impuestos que gravan este producto y el coste de las diversas regulaciones relacionadas con los biocombustibles o la seguridad de suministro.

El resultado es el siguiente: casi la mitad del precio de la gasolina son impuestos que ingresa íntegramente el Estado. La presión fiscal se ha convertido en un factor decisivo en el precio final del producto, ya que el Estado ha aplicado tres subidas fiscales desde 2009. Dicho de otro modo, una vez deducidos los impuestos, el coste de llenar el depósito bajaría casi un 50% o, lo que es lo mismo, el Estado duplica el precio del combustible de forma artificial.

El precio real de la luz

Algo similar sucede con el precio de la luz. España registra uno de los costes energéticos más elevados de la UE, pero este encarecimiento tiene poco que ver con el mercado y sí mucho con la intervención pública que sufre este sector. La clave del sistema se resume en dos puntos: por un lado, el Gobierno diseña el denominado mix energético, imponiendo por ley la distribución de energía en función de su fuente de origen (renovables, combustibles fósiles, nuclear…); por otro, controla su precio.

Como resultado, España cuenta con un sistema energético muy caro (debido, básicamente, al impulso de las energías renovables) siendo, al mismo tiempo, la factura que paga el consumidor muy inferior al coste real. La diferencia entre el coste real de producción y la factura que paga el consumidor conforma el denominado déficit de tarifa, que a día de hoy supera ya los 24.000 millones de euros y que amenaza con superar los 30.000 millones en 2012.

La gran mayoría de consumidores en España paga un precio fijado por el Gobierno en forma de Tarifas de Último Recurso (TUR), que se componen de tres bloques: lo que le cuesta la electricidad a la empresa que nos la vende (subastas en el mercado mayorista); los costes de acceso a las redes (peajes); y un pequeño margen para la eléctrica.

Tal y como explica el experto en energía Manuel Fernández Ordóñez, en el sistema eléctrico hay actividades que no están liberalizadas, como el transporte y la distribución. Las empresas que realizan estas actividades reciben sus ingresos a través de unos "peajes de acceso" a las redes que son fijados por el Gobierno. Pero dichos peajes engloban costes que no tienen nada que ver con el transporte y la distribución: la moratoria nuclear de Felipe González, los planes de eficiencia y ahorro energéticos, los sobrecostes de la electricidad en Canarias y Baleares, las primas para el carbón nacional, las primas a las energías renovables y la cogeneración o los desvíos del déficit de tarifa de años previos.

El problema es que el Gobierno siempre fija unos peajes muy inferiores a los necesarios para cubrir todos los costes de esas partidas. Y ello, por motivos "electoralistas", evitando que el consumidor pague el coste real de la luz. Así, en lugar de trasladar esos costes a la factura, el Estado va acumulando una deuda cada vez mayor con las eléctricas, el ya citado déficit de tarifa. Es decir, oculta la factura real al consumidor.

Según datos de la Comisión Nacional de la Energía, el consumidor doméstico paga en concepto de peajes 5,27 céntimos de euro por cada kWh, pero el coste real asciende a 6,98 céntimos. La diferencia (1,71 céntimos) se engrosa al déficit. Un déficit que, tarde o temprano, habrá que pagar, bien con deuda pública (más impuestos) bien elevando el precio de la luz. En concreto, el recibo de la luz debería subir cerca de un 20% tan sólo para no seguir acumulando déficit.

Los expertos coinciden en que la mayor parte de dicho déficit se debe a las primas renovables, cuyo coste supera los 7.000 millones de euros al año. De hecho, el actual Ejecutivo ya ha eliminado las primas verdes para las nuevas instalaciones, a fin de frenar la sangría eléctrica. Pero esta medida no va a resolver por sí sola el problema del déficit. El actual debate reside, entre otras medidas, en si subir los impuestos, el precio (regulado) de la luz o ambas.

Pero el dato clave es el siguiente: si las subvenciones al régimen especial (renovables y cogeneración) no existieran, "no habría déficit tarifario (habría superávit)", aclara Ordóñez. De hecho, "si las subvenciones no existieran, los costes del sistema serían de 3,32 céntimos de euros por cada kWh consumido. ¡Un 52% menos!".

¿A qué se destina el dinero de la factura de la luz?

El coste de la intervención pública en el sistema eléctrico se observa de una forma mucho más clara analizando la factura que paga el consumidor medio. La patronal de empresas eléctricas (Unesa) ha elaborado una calculadora para que sepa a qué se destina realmente su dinero. Tomando como ejemplo un importe mensual de 100 euros, el resultado es el siguiente:

  • Los impuestos directos (IVA e impuesto sobre la electrividad) ascienden al 19,4% pagado.
  • Las subvenciones al régimen especial suponen el 19,9% de la factura.
  • La amortización del déficit de tarifa acumulado (más de 2.200 millones de euros al año en total) suma otro 8,5%.
  • Otros costes, tales como mantener la Comisión Nacional de la Energía o los sobrecostes de Baleares y Canarias, entre otros, ascienden al 7,4%.

¿Total? El 55,2% de la factura de la luz se destina al pago de impuestos, primas renovables, amortización del déficit y otros costes adicionales que nada tienen que ver con el mercado.

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