Es inadmisible unos funcionarios a los que se les confía la Inspección de Trabajo rechacen la ley que están obligados a cumplir y hacer cumplir en el ámbito de sus competencias. Es inadmisible el desacato al orden legal
Ambos adjetivos creo que califican las declaraciones que la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo ha realizado ante el texto del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. Quiénes son los miembros de la Unión Progresista mencionada, ni lo sé ni me importa. Más aún cuando, desde que comenzó a utilizarse el término "progresista", la sociedad española ha concluido que “progresismo” significa, contrariamente a lo que cabría suponer, marcha hacia atrás; es decir, regresión. Supone primar lo marginal, lo esperpéntico, la negación de lo alcanzado, el caos como solución.
Los "progresistas" son antisociales porque no aceptan normas distintas a su credo; su "yo" es el único capaz de gobernar el mundo, por lo que el "tú" no existe, y mucho menos el "nosotros". Pese a los fracasos que han cosechado en su corta historia, viven engreídos en su superioridad y desprecian a todo y a todos los ajenos. Revestidos de la necedad, su pretendida superioridad sólo incita a la compasión que se le concede a quien vive ignorante de su propia insuficiencia.
Lógicamente, jamás habría dedicado unas líneas a personajes ni a opiniones de esta naturaleza, pero, en este caso, los "progresistas" son Inspectores de Trabajo que, haciendo gala de sus opiniones sobre la reforma laboral, nos obligan a pensar cuál será su actitud, como servidores públicos, en la vigilancia –inspección– de aquellos extremos que el Decreto-ley confía a su competencia. Su rechazo más decidido a la reforma laboral, lo justifican por ser una reforma "injusta, ineficaz e impuesta". Por lo visto, los Inspectores progresistas consideran que cinco millones y medio de parados lo son por justicia progresista –por lo que nadie debe quejarse–, que son consecuencia de la eficacia –motivo, pues, de felicitación– y que el paro no viene impuesto sino pactado –vamos, consensuado con el parado–.
Dicho lo cual, ¿podemos esperar que los Inspectores progresistas vigilen las múltiples situaciones de fraude que se dan en el mercado laboral, también las de los trabajadores? Sus manifestaciones, que no merecen comentario por gratuitas, sí que nos conducen a aquellos dos adjetivos que encabezan estas líneas.
Es inadmisible que personas a las que se les confía la función pública, con independencia de su ideología y de su progresía, rechacen la ley que están obligadas a cumplir y a hacer cumplir en el ámbito de sus competencias. Es inadmisible el desacato al orden jurídico, por los llamados a garantizar su cumplimiento.
Es, sin embargo, clarificadora su manifestación, como la más elocuente respuesta a las preguntas que tantas veces nos hemos hecho acerca de la inoperancia de la Inspección del Trabajo. La permanente culpabilidad del empresario y la ausencia de responsabilidad del trabajador, quedan explicadas en las declaraciones de los inspectores progresistas, siendo sin duda una causa para las actuales cifras de paro en nuestro país.
Nuestras esperanzas están en aquellos inspectores dispuestos a cumplir la ley, pese a la progresía.
