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Manuel Llamas

El copago es sólo un parche

La solución es privatizar al 100% la sanidad, la educación y las pensiones, y que el Estado asista a las rentas más desfavorecidas financiándoles, directamente, el coste de dichos servicios

La solución es privatizar al 100% la sanidad, la educación y las pensiones, y que el Estado asista a las rentas más desfavorecidas financiándoles, directamente, el coste de dichos servicios

El copago ya está aquí. La verdad es que era cuestión de tiempo. Rajoy aseveró durante la campaña electoral que su gobierno garantizaría el llamado Estado del Bienestar, pues éste era intocable para el Partido Popular. Sin embargo, la realidad de los hechos, como siempre, se ha acabado imponiendo. El Estado del Bienestar español es insostenible financieramente. Durante los últimos diez años, la provisión de servicios públicos creció de forma sustancial al calor de la burbuja crediticia, gracias a unos ingresos artificialmente inflados que los políticos creyeron permanentes e indefinidos. La crisis ha destapado el inmenso error cometido. Ahora no hay dinero suficiente para sufragar un sistema en el que parte del gasto estructural se sostenía sobre unos ingresos coyunturales que ya no existen y, además, no volverán. La reforma de los servicios públicos es, pues, inevitable y urgente. La cuestión es cómo afrontarla.

Los excesos cometidos en esta materia han sido de gran calado a todos los niveles de la administración. La Ley de Dependencia, el cheque-bebé, la renta básica de emancipación o la subida permanente de las pensiones no contributivas fueron algunos de los "derechos sociales" inventados por Zapatero en pleno auge económico; las comunidades autónomas, por su parte, acrecentaron, año tras año, el "gasto social" destinado a educación y sanidad: los ayuntamientos no se quedaron atrás y también reforzaron su amplio listado de servicios públicos. Y ello, sin contar la megalomanía que surgió por doquier a base de infraestructuras faraónicas -AVE, aeropuertos, grandes autovías, tranvías, pabellones deportivos, ciudades de la cultura...- que o bien no son rentables, en el mejor de los casos, o han quedado desiertos. El boom económico fue una época de grandes excesos y despilfarros públicos, el sueño de todo político: gastar a manos llenas, sin importar en qué, para satisfacer a sus votantes y, aún así, registrar incluso superávit presupuestario.

Pero la época de las vacas gordas hace tiempo que terminó y, aunque algunos han tardado en darse cuenta, es hora de pagar la factura. De ahí, precisamente, que haya surgido el debate sobre implantar el copago en determinados servicios básicos. La atención en estos momentos se centra en la sanidad, y más concretamente en las recetas farmacéuticas, pero esto es sólo el comienzo. Y es que, muy posiblemente, se acabará extendiendo a las urgencias, las consultas médicas, determinadas intervenciones e, incluso, la hospitalización, tal y como sucede en otros países. La educación pública tampoco está exenta de una evolución similar mediante el aumento de tasas y precios públicos, al igual que la gestión de carreteras e infraestructuras (peajes). De hecho, las pensiones públicas están condenadas a experimentar otra reforma, consistente en elevar de nuevo la edad de jubilación y reducir las prestaciones futuras.

Y es que el Gobierno se verá abocado a buscar nuevas vías para sostener el Estado del Bienestar. Para ello, algunos (como PSOE o IU) apuestan por subir aún más los impuestos mientras que otros (PP) combinarán subidas fiscales con fórmulas de copago para "racionalizar" el gasto público, desincentivando el uso excesivo de ciertos servicios. El problema es que ambos están equivocados, ya que tales medidas tan sólo son parches temporales para contener la hemorragia.

Así, por ejemplo, no es la primera vez que sanidad y pensiones sufren ajustes de similar naturaleza: no hace mucho, la sanidad pública se financiaba con las cotizaciones sociales (Seguridad Social), pero desde 1999 se paga vía presupuestos (impuestos); en el caso de las pensiones, su cálculo ha variado en múltiples ocasiones, siempre en detrimento del beneficiario. Hoy, tras la última reforma, el importe se estima sobre los últimos 25 años cotizados y la edad de jubilación asciende a los 67 años, pero desde hace tiempo se trabaja en extender el período de cálculo a toda la vida laboral al tiempo que se eleva la edad legal a los 70.

Es decir, el Estado del Bienestar ha estado sometido a continuos cambios y modificaciones, puesto que su insostenibilidad es, simplemente, estructural. El problema clave, sin embargo, estriba en ámbitos muy distintos. Y es que la pregunta no consiste en cómo mantener el actual sistema sino en cómo sustituirlo por uno más eficiente y ventajoso para todo el mundo. El Estado del Bienestar es una fórmula de expropiación similar al comunista, sólo que mucho más limitada y de perfil más bajo. No en vano consiste, por definición, en que el Gobierno se encargue de la provisión de determinados servicios, calificados como "públicos" o "básicos", que, sin embargo, ya son ofertados por la iniciativa privada de una forma mucho más eficiente.

El Estado expropia de forma coactiva una parte muy sustancial de la renta del contribuyente para sufragar tales gastos y, si bien no impide la competencia de las empresas privadas, en el fondo ejerce un monopolio de facto tanto en el ámbito de la demanda como en el de la oferta: el contribuyente paga aunque no use el servicio y tanto la sanidad como la educación pública copan de una u otra forma el mercado existente, dejando escaso margen al resto de oferentes.

El auténtico cambio radica, pues, en eliminar el actual sistema público, permitiendo la libre competencia entre agentes y un mercado totalmente libre en el campo de la sanidad, la educación y las pensiones. Si el consenso político y social radica en que el Estado debe ejercer una función asistencial, el hecho de que provea en régimen de monopolio estos servicios no es sólo contradictorio sino enormemente contraproducente. Así pues, la solución es otra: privatizar al 100% la sanidad, la educación y las pensiones, entre otras prestaciones, y que el Estado asista a las rentas más desfavorecidas financiándoles, directamente, el coste de dichos servicios mediante cheques u otras fórmulas análogas. Dicho de otro modo, que el Estado se dedique, simplemente, a asistir no a producir los actuales servicios públicos y que el individuo, con su dinero, pueda decidir libremente qué oferta escoger. Tan sólo con este cambio España se situaría a la cabeza de los países desarrollados en "bienestar social", dejando así atrás el actual Bienestar del Estado, que tanto favorece a los políticos y tan poco al contribuyente.

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