La oficina primer ministro británico, David Cameron, ha anunciado un plan para la privatización parcial del sistema de carreteras principales británicas que prevé destinar directamente a las empresas concesionarias una parte del impuesto de circulación que recaude el Estado. En un principio no se prevé la instalación de peajes, pero las carreteras que estas empresas construyan para aliviar el tráfico de las ya existentes sí que podrán ser de pago, al igual que las ya existentes a las que se añadan más carriles.
Cameron comparecerá esta misma tarde para explicar el plan, pero el Número 10 de Downing Street ya ha hecho público su discurso, en el que aboga por medios "innovadores" para paliar las "décadas de degradación" del sistema viario británico.
"Tenemos que ser más ambiciosos (...). ¿Por qué en otras infraestructuras, como el agua, hay financiación del sector privado mediante empresas privadas y con su propia regulación, pero las carreteras de Reino Unido dependen de la financiación pública?", se pregunta Cameron. Además del sistema de agua potable, también el sistema de alcantarillado está parcialmente privatizado.
"Tenemos que considerar urgentemente las opciones para lograr una inversión privada a gran escala en la red nacional de carreteras: fondos de inversión, fondos de pensiones y otros inversores", señala Cameron en su discurso.
Estos inversores, algunos de ellos chinos, se encargarían de cumplir ciertos objetivos como, por ejemplo, la reducción de la congestión o la introducción de mejoras. A cambio recibirían un porcentaje del impuesto de circulación que pagan todos los vehículos.
"La verdad es que nos estamos quedando atrás con respecto a nuestros competidores, con respecto a la tradición de innovación a nivel mundial de quienes nos precedieron", advierte Cameron, que realiza una mención expresa a la época victoriana. "La infraestructura es el ingrediente mágico para la vida moderna. No es secundario, sino uno de los elementos más importantes en la estrategia económica", señala.
La oposición laborista ya ha manifestado su oposición al plan. "Los conductores ya sufren los altos precios de la gasolina y ahora se enfrentan a un pago por utilizar las carreteras", ha declarado la responsable de Transportes del Partido Laborista, Maria Eagle, en declaraciones a The Guardian.
"En lugar de reducir la carga sobre los conductores e impulsar nuestra estancada economía con una reducción temporal del IVA, los ministros quieren permitir que las empresas privadas controlen la estratégica red de carreteras y cobren a la gente por usarla", ha añadido.