Derecho a trabajar y Ley de huelga

Libertad Digital brinda su espacio a todos aquellos ciudadanos que sufran la coacción de los piquetes sindicales a partir de las 00.00 horas de este jueves, para que nos envíen las pruebas gráficas, ya sea fotos o vídeos, que recojan la violencia que habitualmente, huelga tras huelga, emplean para impedir el ejercicio de la libertad de trabajar o no.  Considerar ‘informativos’ a estos grupos de matones es un sarcasmo que carece de la más mínima justificación en plena era de la información. Aquellos que decidan acudir a su empleo o abrir su negocio no lo harán por desconocer los motivos por los que se convoca la huelga general, sino, en la mayoría de los casos, por todo lo contrario. Es un hecho que cuanto más informados están los ciudadanos, más desprecian el sectario papel de unos  anacrónicos sindicatos, cuya representatividad en la sociedad española (apenas el 5% de afiliación entre los trabajadores) es sencillamente ridícula.

Ahora bien, no se trata de dejar únicamente en manos de los ciudadanos, que ya bastante carga tienen encima y no están para heroicidades, la defensa de su derecho a trabajar. Es obligación del Estado garantizar las libertades de todos, también en los días en los que se convoque una huelga. En este sentido, resulta intolerable el vacío legal que desde hace más de treinta años y seis huelgas generales, permite campar a sus anchas a vándalos y energúmenos, dejando desamparados a los ciudadanos que quieren trabajar. La fijación de los servicios mínimos en los servicios básicos mediante una negociación entre las autoridades y los sindicatos es otra burla inaceptable. Primero, porque de mínimos no tienen nada ya que, al margen de que no se respetan, en realidad funcionan como un tope máximo por la presión sindical. Es decir, aunque el número de trabajadores dispuestos a desempeñar su labor sea superior al límite fijado, no se les permitirá hacerlo. Y segundo porque, en consecuencia, suponen una reducción por ley muy superior al 50% en la prestación del transporte público, la enseñanza o la sanidad, lo que convierte en misión imposible para muchos el acudir a su puesto de trabajo.

El Gobierno no puede ceder a la pretensión de torcer la voluntad mayoritaria, representada en el Congreso de los Diputados, en la calle. Recibió un mandato muy claro de las urnas con un programa en el que se incluía la reforma del mercado laboral. Ésta es, además de imperiosamente necesaria para acabar con la sangría del paro, perfectamente legítima. Desde luego, mucho más que cualquier acuerdo de los mal llamados agentes sociales, que no representan a nadie más que a sí mismos. La única medida que debe tomar el ejecutivo de Mariano Rajoy es la redacción inmediata de una Ley de huelga, que impida las coacciones y acabe con la tomadura de pelo de los servicios mínimos.