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Otro ajuste sigue siendo posible

No sería demasiado complicado minorar el gasto estatal en otros 27.000 millones de euros, adicionales a los ya recortados por el PP.

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Acaba de presentar el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, los Presupuestos Generales del Estado más austeros de la democracia por el hecho de reducir el gasto en 12.900 millones de euros con respecto a las cuentas del ejercicio anterior. Pero que sean "los más austeros" hasta el momento no significa que sean especialmente austeros; a la postre, ya sabemos que el tuerto es el rey del país de los ciegos.

Hace unos meses publiqué una relación de 32.000 millones en desembolsos de la Administración Central del Estado que podían y debían ser recortados para cumplir con nuestros objetivos de déficit sin necesidad de incrementar impuesto alguno que lastrara nuestra actividad económica. Mi propuesta era relativamente conservadora, en la medida en que evitaba afectar aquellas partidas que constituyen lo que generalmente se consideran las funciones centrales del Estado (defensa, seguridad y justicia), así como el mal llamado Estado de Bienestar (sanidad, educación y prestaciones de desempleo) y el salario de los empleados públicos.

Como ya manifestaba entonces, mi opinión personal era que también había que meter la tijera a muchas de esas partidas, pero mi propósito era menos ambicioso: demostrar que otro ajuste era posible tan sólo eliminando gastos superfluos, subvenciones e inversiones públicas que realiza o puede realizar sin problema alguno el sector privado.

Si comparamos los presupuestos de 2012 con los de 2011 comprobaremos que la mayoría de los recortes que ha aprobado Rajoy proceden de las partidas que nosotros propusimos. Ahora bien, en lugar de eliminar la totalidad de esas partidas inservibles o contraproducentes, se ha limitado a aplicarles una tijera de alrededor del 20%, con lo cual (y añadiendo otros recortes que no propusimos) Rajoy y su Gobierno dicen que han sido capaces de minorar el gasto público en 12.900 millones de euros.

Bien, procedamos ahora a repetir el ejercicio que ya realizamos con los presupuestos de 2011 pero con las nuevas y super-austeras cuentas generales del Reino presentadas por Cristóbal Montoro en el Congreso. Como puede observarse al final del artículo, no sería demasiado complicado minorar el gasto estatal en otros 27.000 millones de euros, adicionales a los ya recortados por el PP. O dicho de otro modo, la Administración Central del Estado bien podría haber reducido el déficit público español en 40.000 millones exclusivamente por el lado de los gastos: podría haberse promovido un ajuste un 50% superior al de Rajoy y sin subir impuestos.

Si a estos 40.000 millones de euros les añadiéramos otro ajuste similar del gasto en la administración autonómica y local, es fácil comprobar que habríamos alcanzado de forma muy holgada no ya el 5,3% de déficit sino el 4,4% pactado originalmente con Bruselas (y de hecho, no sería nada complicado bajar del 3% y volver a cumplir este mismo año el Pacto de Estabilidad y Crecimiento). No hablemos ya de que, como sería necesario, procedamos a redimensionar el Estado de Bienestar y el personal de las administraciones públicas (más allá del implicado en el ajuste anterior), en cuyo caso podríamos lograr el equilibrio presupuestario este mismo año sin rapiñar ni un euro adicional a los ciudadanos.

El problema, como hemos dicho muchas veces, es que no existe ni valentía ni convicción para acometer esta amplia reforma del sector público: ante la disyuntiva entre recortar el tamaño del Estado o recortar el bolsillo de los ciudadanos, el PP ha optado claramente por maximizar lo segundo para minimizar lo primero.

En cualquier caso, les dejo con la relación de recortes. Como ya indicamos en el anterior artículo, no hace falta suscribir la totalidad de los mismos para darse cuenta de que en España hay muchísimo gasto público que minorar: verbigracia, sólo aprobando la mitad de los recortes subsiguientes, nos habríamos ahorrado la subida del IRPF y de Sociedades (cuyos efectos recaudatorios esperados se cifran en unos 11.500 millones).

Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación: 1.102 millones

Cooperación para el desarrollo: 678 millones
Cooperación, promoción, y difusión cultural en el exterior: 104 millones
Transferencias a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo: 240 millones
Transferencias al Instituto Cervantes: 80 millones

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: 616 millones

Incentivos regionales a la localización: 128 millones
Investigación y desarrollo de la sociedad de la información: 14 millones
Regulación y vigilancia de la competencia en el mercado de tabacos: 9 millones
Regulación del juego: 6 millones
Servicios de transporte de ministerios: 42 millones
Transferencias a sociedades y entes públicos (como RTVE): 417 millones

Ministerio del Interior: 110 millones

Financiación de partidos políticos: 110 millones

Ministerio de Fomento: 4.490 millones

Promoción, administración y ayudas a la rehabilitación de vivienda: 781 millones
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre: 998 millones
Subvenciones y apoyo al transporte marítimo: 57 millones
Subvenciones y apoyo al transporte aéreo: 228 millones
Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías: 20 millones
Aportaciones patrimoniales a ADIF: 287 millones
Préstamos participativos a sociedades concesionarias de autopistas: 250 millones
Inversiones en nuevas carreteras: 1.000 millones
Inversiones nuevas en transporte ferroviario: 869 millones

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: 524 millones

Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior: 28 millones
Nuevas tecnologías aplicadas a la información: 50 millones
Promoción y cooperación cultural: 24 millones
Promoción del libro y publicaciones culturales: 11 millones
Fomento de industrias culturales: 29 millones
Música y danza: 89 millones
Teatro: 45 millones
Cinematografía: 71 millones
Fomento y apoyo de las actividades deportivas: 177 millones

Ministerio de Empleo y Seguridad Social: 6.394 millones

Fomento de la inserción y de la estabilidad laboral: 5.759 millones
Desarrollo de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas: 5 millones
Subsidio de desempleo para eventuales del Régimen Especial Agrario: 615 millones
Subvenciones a sindicatos y patronal: 15 millones

Ministerio de Industria, Energía y Turismo: 3.731 millones

Desarrollo industrial: 423 millones
Reconversión y reindustrialización: 575 millones
Desarrollo alternativo de las comarcas mineras del carbón: 41 millones
Explotación minera: 523 millones
Coordinación y promoción del turismo: 438 millones
Ayuda a la pequeña y mediana empresa: 140 millones
Infraestructuras a las comarcas mineras del carbón: 101 millones
Investigación y desarrollo técnico-industrial: 274 millones
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información: 116 millones
Innovación tecnológica de las telecomunicaciones: 671 millones
Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información: 70 millones
Transferencia al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras: 359 millones

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente: 1.663 millones

Competitividad y calidad de la producción y los mercados agrarios: 63 millones
Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentaria: 31 millones
Desarrollo del medio rural: 1.521 millones
Programa de Desarrollo Rural Sostenible: 28 millones
Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible: 20 millones

Ministerio de Economía y Competitividad: 5.835 millones

Cooperación para el desarrollo: 2 millones
Promoción comercial e internacionalización de las empresas: 490 millones
Investigación científica: 661 millones
Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica: 1.392 millones
Investigación y desarrollo técnico-industrial: 1.789 millones
Investigación y experimentación agraria: 75 millones
Investigación oceanográfica y pesquera: 58 millones
Investigación geológico-minera y medioambiental: 26 millones
Investigación energética, medioambiental y tecnológica: 84 millones
Defensa de la competencia: 12 millones
Aportación patrimonial al ICO: 520 millones
Transferencias a organismos autónomos y agencias estatales dependientes de la Secretaría de Estado de Innovación (IGME, CIEMAT, IEO, IAC, CSIC...): 756 millones

Miscelánea: 2.240 millones

Imprevistos y funciones no clasificadas: 1.990 millones
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre: 250 millones
 

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