El Gobierno del Partido Popular incumplió el objetivo de déficit público en el año 2015: en lugar de cerrar con un desequilibrio presupuestario equivalente al 4,2% del PIB, lo elevó hasta el 5%. Un desajuste de 8.500 millones de euros por el que Bruselas a punto de estuvo de sancionarnos —con razón–.
Como es bien sabido, todo déficit público es consecuencia de que los gastos del Estado superan sus ingresos y, por tanto, la desviación anterior necesariamente habrá de deberse a que el Gobierno no fue capaz en 2015 de incrementar sus ingresos o de recortar sus gastos lo suficiente. Acaso uno podría exculpar parcialmente al Ejecutivo si tal fracaso fuera resultado de su omisión, es decir, de no haber sido diligente a la hora de adoptar las medidas pertinentes para asegurarse un incremento de la recaudación o, idealmente, una rebaja de los desembolsos. Pero no, el incumplimiento del objetivo de déficit público de 2015 fue consecuencia del comportamiento doloso del PP a la hora de reducir los ingresos públicos e incrementar los gastos.
Empecemos por los ingresos: la semana pasada, la Agencia Tributaria publicó su Informe Anual de Recaudación Tributaria correspondiente al año 2015. En ese informe se estima que la reforma fiscal que aprobó el PP durante ese ejercicio se tradujo en una pérdida de recaudación de 5.900 millones de euros: 4.800 millones imputables a la rebaja del IRPF y 1.100 millones a la de Sociedades. Es decir, a pesar del gigantesco déficit que todavía arrastrábamos, los populares optaron por desprenderse de casi 6.000 millones de euros antes de las elecciones generales.
Sigamos con los gastos: el año pasado, el Gobierno del PP decidió devolver a los empleados públicos la paga extra que les había sido suprimida en 2012. Esta medida absolutamente innecesaria y caprichosa conllevó un aumento bruto del gasto de 4.000 millones de euros; pero dado que la Agencia Tributaria estima en su informe que contribuyó a incrementar la recaudación por IRPF en 300 millones, podemos cuantificar su coste en 3.700 millones.
En definitiva, las medidas electoralistas adoptadas por el PP en 2015 incrementaron directamente el déficit público en 9.600 millones de euros. Aun cuando quisiéramos considerar efectos keynesianos de segunda ronda (o sea, el aumento de la recaudación en otras figuras tributarias como consecuencia del impulso al crecimiento impreso por el déficit), probablemente nos moveríamos en un coste neto de las medidas electoralistas del PP de entre 7.000 y 8.000 millones. Dicho de otro modo: prácticamente todo el incumplimiento del déficit de 2015 fue consecuencia de las políticas compravotos que articuló el Partido Popular antes de las elecciones: bajar impuestos no recortando los gastos sino aumentándolos, esto es, endeudándonos a todos.
El partido del rigor presupuestario apostó decididamente por el populismo fiscal: usaron nuestro dinero y el de nuestros hijos para perpetuarse en el poder. Parece, eso sí, que les ha salido bien. Reincidirán.