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La cuestión autonómica

La financiación de las Comunidades Autónomas, aún poniéndose orden en las cuentas del Estado, puede ser la causa determinante de la quiebra de nuestro sistema económico y financiero.

José T. Raga
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No sólo al Fondo Monetario Internacional, a la Unión Europea y a esos que llamamos "mercados" les inquietan las Comunidades Autónomas españolas, también a los propios españoles no les dejan dormir. Que el presente Estado de las Autonomías es insostenible, es algo que no requiere cálculos complejos; basta aplicarles el aforismo popular de que lo que no puede ser, no puede ser y, además, es imposible.

En España hablar de autonomía equivale a proclamar el derecho a hacer lo que a uno, al autónomo, le venga en gana. Por si faltara poco, apelando a la autonomía, tal como se conforma el sistema, se decide el gasto de forma autónoma, y se recaba el ingreso para financiarlo, aceptando una dependencia que no se ve limitada por la vergüenza de no ser autónomo a la hora de buscar de dónde comer. Un gasto sin criterio de prevalencia.

La financiación de las Comunidades Autónomas, aún poniéndose orden en las cuentas del Estado, puede ser la causa determinante de la quiebra de nuestro sistema económico y financiero. A nuestro presidente del Gobierno se le está requiriendo desde las instancias internacionales, amén de las europeas, de que las vigile. Pero nuestro presidente sabe, y todos nosotros también, que no basta con vigilar. Hay que tener la facultad de cerrar el grifo, sin temor a reacciones. Hay que reducir el gasto presupuestado y hay que reformar el sistema de garantías de las emisiones públicas, de modo que cada Administración, facultada para emitir títulos públicos de deuda, tenga que responder por sí misma de su buen fin, o buscar, en los mercados financieros quien esté dispuesto a avalarlos.

Emitir títulos, aunque lleven el apelativo de patrióticos, si éstos están garantizados por el Estado, en primer lugar, ya son menos patrióticos y, en segundo, no precisan de los ingredientes de prudencia y moderación, que imponen la consideración de que deben ser pagados a su vencimiento. Al fin y a la postre, ya pagará el Estado, que para eso es avalista.

El sistema, así, es insostenible, aquí y en el país más opulento que quepa en la imaginación. Hay que volver al techo de gasto que tuvieron las Comunidades Autónomas en su origen, en función de las competencias transferidas. Las demás veleidades en las que han incurrido, deben desaparecer de forma inmediata. Ni siquiera hablo de las bolsas de corrupción; esas deben acabar, cuanto antes, en prisión.

En el ejercicio de sus competencias tienen que conseguir ser más eficientes de lo que sería un modelo centralizado; en caso contrario es mejor devolverlas al Estado. El fraccionamiento de un mercado único en diecisiete mercados, ya, en principio, suele ser causa de ineficiencia, es decir, de mayor coste para el mismo servicio. La administración autonómica es ejemplo paradigmático de que el sector público, cuando gasta mucho, gasta mal.

O se pone remedio a esta situación, o podemos pronosticar el momento preciso de la muerte económica de los españoles; eso sí, moriremos con autonomía. 

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