El Gobierno argentino ha iniciado este jueves el proceso de nacionalización de YPF. Ignorando las advertencias del Ejecutivo español que, por boca de José Manuel Soria, ministro de Industria, había advertido horas antes de que la decisión tendría "consecuencias", Cristina Fernández de Kirchner ha enviado al Congreso un proyecto de ley que declara de interés público (y, por tanto, objeto de nacionalización) el 50,01% de las acciones de la compañía. Ahora, el Tribunal de Tasaciones argentino deberá establecer cuánto se paga por esas acciones.
Tras varias semanas de tensión entre Repsol y el Gobierno argentino la estatización de YPF está prácticamente realizada. El gabinete de Cristina Fernández de Kirchner justifica esta decisión por la menor inversión de Repsol en YPF en los últimos meses y por la necesidad de alterar la ecuación energética. Argentina, según varios dirigentes han explicado a una radio local, "necesita importar energía, cuando tiene suficiente para abastecerse".
El ministro de Planificación, Julio De Vido, y el segundo en la cartera de Economía, Axel Kicillof, se han reunido con los gobernadores y con Antonio Brufau, presidente de Repsol-YPF, esta misma tarde, antes del anuncio del interés del Gobierno de hacerse con el 50% de la petrolera. YPF se ha disparado un 6,99% en la bolsa bonaerense esta misma tarde tras la caída del 5% de ayer.
El texto, según publica el diario argentino Clarín, declara de interés público hasta el 50,01% de las acciones clase B de la petrolera. El texto declara de "utilidad pública" ese porcentaje de acciones clase D de la petrolera. Son 100 millones de títulos del Grupo Eskenazy y casi 96,6 millones de acciones de Repsol. Es una medida muy importante para el gobierno argentino ya que están expropiando la mayor empresa del país.
El proyecto
En total, YPF tiene actualmente 393 millones de acciones clase D, las que el gobierno argentino considera susceptibles de expropiación. Un 57,43% pertenecen a Repsol, un 25,46% al Grupo Petersen, mientras que un 17,09% se negocian en bolsa y un 0,02% está ya en el poder del Estado.
El proyecto de expropiación de la petrolera enviado al congreso argentino establece, según el diario argentino, que si es necesario expropiar más acciones para que el Estado argentino llegue al 50,01%, esos títulos se expropiarán de modo tal que se respeten las proporciones en poder de los otros accionistas.
El precio que se pagará a Repsol por las acciones expropiadas está todavía por determinar y serán, según el texto del proyecto, el Tribunal de Tasaciones de la Nación en colaboración con la Secretaría de Energía los que se encarguen de fijarlo.