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El copago farmacéutico es sólo el primer paso de la reforma sanitaria

Las medidas presentadas deberían ser el inicio en el cambio de un modelo insostenible a medio plazo.

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Siete mil millones de euros. Ésta es la cifra que el Gobierno quiere ahorrarse con la reforma sanitaria que Ana Mato presentó este miércoles, rodeada de los consejeros de todas las regiones (excepto de Andalucía). La ministra de Sanidad ha asegurado que con estas medidas se quiere enviar un "mensaje de tranquilidad y confianza en el futuro", con el que se conseguirá mantener "el modelo gratuito" para todos los españoles.

Sin embargo, pese a las buenas palabras de todos los políticos, será muy complicado mantener el sistema sanitario tal y como está diseñado ahora. El gasto se va a disparar en cualquier caso y para hacer sostenible el modelo habrá que introducir numerosas modificaciones.

El factor más determinante para el crecimiento sanitario es el continuo incremento en la esperanza de vida de los españoles. Según el informe Impulsar un cambio posible en el sistema sanitario, de McKinsey-Fedea, el coste sanitario por persona se dispara según va envejeciendo. Esto es lógico, pero el crecimiento es casi exponencial:

  • Menos de 65 años: 2.192 euros al año
  • De 65 a 79 años: 8.570 euros al año
  • De 80 a 94: 14.996 euros al año
  • Más de 95: 28.479 euros al año

La buena noticia es que el INE asegura que en España hay en estos momentos unos 7,8 millones de mayores de 64 años; sin embargo, según sus estimaciones, en 2021, dentro de menos de una década, esta cifra habrá subido hasta los 9,2 millones. Si miramos sólo a los mayores de 95 años, su número se doblará (aunque es cierto que el valor absoluto es pequeño, unas 73.000 personas ahora mismo).

Y esta tendencia seguirá creciendo según avance el siglo XXI. La pregunta que hay que hacerse es ¿cómo se pagará las pensiones, medicamentos y sanidad de todas estas personas? Es un problema a largo plazo, pero los políticos se manejan con horizontes de cuatro años como máximo.

El gasto sanitario en España en este momento no es excesivamente elevado en comparación con los países de su entorno. En 2009, era del 9,5% del PIB (entre público y privado), frente a l 11,6% de Alemania o el 10% de Francia. En parte, esto se debe a que los países europeos presentan por lo general poblaciones más envejecidas. Su baby boom y su caída de la natalidad llegó antes que en España, aunque aquí el proceso ha sido más intenso.

Pero si el dato total no es preocupante, no se puede decir lo mismo de la evolución en los últimos años. En Libre Mercado publicamos hace unos días que el gasto en el sistema sanitario se había doblado desde que las autonomías se hicieron cargo de su gestión. Como puede verse en el siguiente gráfico de McKinsey-Fedea, se ha pasado de unos 35.000 millones en 2002 a los más de 75.000 previstos para este año. En 2020 podrían llegar a los 135.000. Y todo esto en un contexto de crisis económica, en el que no suben los ingresos.

¿Es posible el ahorro?

Cuando se presentan estas cifras, la pregunta que cualquiera se hace es si se puede meter la tijera en algún aspecto sin rebajar la atención sanitaria (o, incluso, mejorándola). Hay algunas cuestiones que apuntan a que hay mucho que hacer para mejorar la eficiencia del sistema. Se ha dicho muchas veces, pero lo cierto es que los españoles son los europeos que más veces van al médico 8,1 visitas anuales por un 5,8 de media en la UE.

Algo parecido puede decirse del gasto farmacéutico, que es un 40% superior en términos per cápita al de países como Bélgica, Dinamarca, Reino Unido, Portugal. Según los datos de McKinsey-Fedea, en 1981, los ciudadanos pagaban de media el 20% de las medicinas que consumían, mientras que ahora mismo ese porcentaje ha caído hasta el 7%. Esto se debe fundamentalmente a que los pensionistas (que hasta ahora no pagaban absolutamente nada), consumen el 70% de los medicamentos, con incrementos del gasto superiores al 9%, pese a ser apenas el 25% de la población.

Por último, también habría que analizar muy mucho cómo gasta cada comunidad autónoma. Como puede verse en el siguiente gráfico, las diferencias entre las regiones son muy elevadas en dos cuestiones, como actos quirúrgicos o pruebas por cada 1.000 habitantes. Si todas las autonomías ajustasen su operativa a la de las más eficientes, podrían ahorrarse varios miles de millones de euros.

La deuda

Todas estas cuestiones han cobrado actualidad en los últimos meses, entre otras cosas, porque se han ido haciendo públicos los datos de deuda que las regiones mantienen con sus proveedores sanitarios. Según un informe de la patronal del sector, las comunidades debían más de 6.100 millones en fármacos a comienzos de este año, a lo que hay que sumar los 5.200 millones que se adeudaban a los proveedores de servicios sanitarios.

Y a todo esto, hay que sumar una deuda no declarada de más de 4.000 millones (en total, 15.000 millones de euros) en concepto de conciertos de listas de espera, deuda con hospitales privados de la sanidad pública, deuda con servicios no asistenciales como limpieza o deuda no contabilizada.

La situación para algunas compañías es dramática. Como puede verse en el siguiente mapa, con los datos de los días de pago de cada comunidad a sus proveedores sanitarios, sólo País Vasco y Navarra presentan datos mínimamente razonables. Hay regiones que están pagando los medicamentos a casi ¡900 días!

La sanidad privada

Para completar la foto, habría que analizar las cifras de la sanidad privada. España es el segundo país de Europa en porcentaje de gasto si se compara con la pública, con un 26,4%. Esto quiere decir que sus habitantes recurren mucho más a los seguros privados que sus vecinos europeos (especialmente a causa de las listas de espera, el aspecto más criticado en todas las encuestas sobre calidad). En 2009, este gasto sumó 26.697 millones de euros, de los que unos 5.800 correspondieron a primas y el resto a servicios contratados por la administración.

La evolución de las primas es creciente. Por un lado, esto descongestiona el sistema público y supone un fuerte ahorro para las arcas de las comunidades autónomas. Por otro, es un dinero que sale de los bolsillos de los españoles a los que se asegura que tienen derecho a una sanidad "gratuita y universal".

En Libre Mercado

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