El gobierno de José María Aznar decidió en su última legislatura transferir las competencias de sanidad a las diez comunidades autónomas que aún no las tenían asumidas. El proceso se llevó a cabo con inusitada rapidez a causa de lo apretado del calendario electoral de la época, que finalmente hizo que las transferencias se llevaran a cabo con unas elevadas dosis de precipitación a tenor de las declaraciones que en su día efectuaron muchos de los responsables autonómicos implicados.
Tras la aprobación del nuevo sistema de financiación autonómica, que incluía las dotaciones necesarias para que las comunidades autónomas ejercieran las competencias sanitarias, se llevaron a cabo esas transferencias de forma que el gobierno de la nación cedió la gestión de la sanidad a las instituciones autonómicas. El proceso acelerado de esta transmisión de poderes hizo que se desaprovechara notablemente la larga experiencia acumulada por el INSALUD en la gestión eficiente de los recursos sanitarios, con equipos humanos altamente cualificados y un catálogo de procesos suficientemente testados en el tiempo para garantizar el mejor uso de los recursos públicos puestos a disposición de la sanidad.
La entrada de las comunidades autónomas en esta parcelación de las competencias sanitarias tuvo como primer efecto la eliminación de las ventajas de toda economía de escala, dado que es mucho más ventajoso comprar productos o contratar servicios para todo el territorio nacional que hacerlo por separado para cada una de las 17 comunidades. Además de ese importante efecto, la cesión de la sanidad a las autonomías tuvo como consecuencia la multiplicación de los equipos de gestión y los gastos administrativos para hacer funcionar el nuevo sistema parcelado fruto de las transferencias realizadas.
Por otra parte, la asunción de las competencias sanitarias por las autonomías provocó la equiparación al alza de los salarios de los profesionales del INSALUD con sus colegas de cada comunidad autónoma, además del hecho suficientemente constatado de que la sanidad pasó a formar parte del elenco demagógico de la clase política autonómica, prometiendo y llevando a cabo numerosas inversiones con motivo de las citas electorales, no siempre justificadas desde la racionalidad, que después habría que dotar de personal y equipos con el incremento de gasto consiguiente.
La consecuencia práctica de este proceso en términos económicos es que el gasto sanitario español pasó de 38.563 millones en 2002, justo antes de producirse las transferencias, a los 88.828 millones que costó la sanidad en España en 2010, último año recogido por las estadísticas oficiales del Ministerio -se estima que cerró 2011 en los 95.000 millones de euros-. Así pues, como consecuencia de que las autonomías pasaran a gestionar la sanidad pública, en tan sólo ocho años el gasto sanitario español se duplicó sobradamente, tras dispararse un 131%.
En otras palabras, la decisión del último gobierno de Aznar de transferir a las comunidades autónomas nos cuesta ahora mismo a los españoles unos 50.000 millones cada año. Descontado el impacto lógico en las cuentas sanitarias del normal aumento de población en España y el IPC interanual, nuestro sistema de salud arroja un exceso de gasto no inferior a 35.000 millones -el triple de los recortes presupuestarios de Rajoy para 2012-, que de no haberse producido esas transferencias convertiría en innecesarias las subidas de impuestos recetados por el actual gobierno para combatir los efectos de la crisis económica.