Un error no se subsana cometiendo otro ni la injusticia se combate con más injusticia. La expropiación de YPF por parte del Gobierno argentino ha desatado en España toda una corriente popular demandando sanciones de todo tipo contra los argentinos, no sólo contra su Ejecutivo, tales como la imposición de restricciones comerciales y el aumento de aranceles, que nada tienen que ver con el robo a mano armada perpetrado por Cristina Fernández de Kirchner.
Curiosamente, el primer agente en levantar la recurrente bandera del proteccionismo ha sido el propio Estado español. El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes limitar la compra de biocombustibles procedentes de Argentina como primera reacción contra la nacionalización de la filial de Repsol y, de hecho, no descarta adoptar medidas de similar naturaleza contra otros productos procedentes de La Pampa, como la soja o la carne. En este sentido, el Gobierno de Mariano Rajoy está presionando a las autoridades europeas para que eleve los aranceles y, por tanto, se restrinja el comercio con Argentina. Una particular estrategia a la que se han sumado con devoción los sindicatos agrícolas españoles, ya que perciben esta guerra económica como una gran oportunidad para deshacerse con facilidad de parte de su competencia externa.
Se trata, sin duda, de una senda errónea y contraproducente. En primer lugar, porque el Gobierno español se confunde de enemigo. Ha sido Kirchner, no los agricultores y ganaderos argentinos, la que se ha apropiado de YPF. En segundo lugar, porque este tipo de medidas en ningún caso logrará devolver la petrolera a su legítimo dueño ni servirá para que el régimen peronista pague el justiprecio y las indemnizaciones que corresponden legalmente a Repsol. Y en tercer lugar, porque la adopción de medidas proteccionistas tan sólo conllevará perjuicios añadidos tanto a los argentinos como a los españoles.
En este sentido, cabe recordar que la balanza comercial entre ambos países arrojó un déficit próximo a los 1.000 millones de euros en 2011, según datos del Instituto Español de Comercio Exterior (Icex): la importación de productos argentinos ascendió a 1.770 millones mientras que España exportó bienes por valor de 824 millones. Los españoles demandan, básicamente, biocombustibles, productos hortofrutícolas, pescados y mariscos, mientras que los argentinos compran aquí tecnología industrial, así como productos químicos e industriales. ¿Quién es el Gobierno para limitar este tipo de acuerdos? Es más, ¿qué tiene que ver la velocidad con el tocino?
Restringir el intercambio voluntario de bienes y servicios entre las empresas y consumidores de ambos países supone un atentado contra el libre comercio y, por tanto, un retroceso económico que, de llegar a extenderse, se traducirá en una subida de precios en determinados productos, una menor calidad del servicio, un inferior abanico de opciones para el consumidor y pérdidas para las empresas que sin, tener responsabilidad alguna en el caso YPF, se vean afectadas, lo cual conllevará menos empleo y/o salarios más bajos.
Las empresas españolas, que no el Gobierno, constituyen la principal fuente de inversión foránea en Argentina, tras destinar más de 22.000 millones de dólares en 2009 –últimos datos disponibles–, y desencadenar una guerra comercial en ningún caso beneficiará sus intereses. El Gobierno de Kirchner ha cometido una auténtica tropelía, perjudicando no sólo a Repsol y a sus accionistas sino, sobre todo, a los propios argentinos. Allá ellos, no por casualidad el peronismo ha logrado conducir a la pobreza a un país que hace ahora un siglo destacaba como una de las potencias más ricas del planeta. La única respuesta factible por parte del Ejecutivo español es la de emplear los mecanismos diplomáticos a su alcance para hacer cumplir la legislación internacional en materia de comercio, haciendo que Kirchner pague lo que reclama Repsol, y evitar que vuelvan a producirse expolios de similar naturaleza en el futuro.
Lo que carece por completo de sentido es azuzar el proteccionismo comercial contra los argentinos al tiempo que se concede a su gobierno cientos de millones de euros cada año en créditos y ayudas al desarrollo con el dinero del contribuyente español. Rajoy debe y puede castigar a Kirchner, pero carece de legitimidad para restringir en modo alguno las relaciones comerciales que libremente acuerdan las empresas privadas y consumidores de ambos países. No en vano, ni todos los argentinos son Kirchner ni Kirchner representa a todos los argentinos.