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Las causas del fraude fiscal: poca competencia y una economía atrasada

Michele Boldrin recuerda que reducir el nivel de la economía sumergida no solucionará el déficit del sector público.

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"Si cobramos a los ricos defraudadores que se llevan su dinero a las Islas Caimán, podremos acabar con el déficit público y no habrá que efectuar recortes en los servicios sociales". Frases de este tipo han sido moneda común entre buena parte de los políticos y los medios de comunicación españoles en los últimos años. El mensaje es claro y tiene atractivo entre el público: señala un culpable (los millonarios), una conducta injusta (se llevan su dinero mientras los demás pagamos impuestos) y una consecuencia muy dañina (por su culpa hay que hacer recortes en educación o sanidad). El problema es que no tiene mucho que ver con la realidad.

Este martes, Michele Boldrin, director del Departamento de Economía en la Washington University de San Luis (EEUU), ha presentado las conclusiones preliminares del estudio que Fedea está haciendo sobre el fraude fiscal en España. En su opinión, hay tres grandes motivos para combatir la economía sumergida: equidad social, la eficiencia económica y el aumento de recaudación. Eso sí, alerta de que éste último no es precisamente el más importante porque con lo que se conseguiría pillando a todos los defraudadores, apenas si se conseguiría reducir mínimamente el agujero presupuestario. Es más ha asegurado que pensar que si se acaba con el fraude fiscal se acabará con el déficit es una "fantasía peligrosa".

De hecho, Boldrin ha ido un paso más allá y ha asegurado que, pese a lo que puede parecer viendo los telediarios, no son los más ricos los que concentran la mayor parte del dinero evadido a Hacienda. Aunque pueda haber casos escandalosos, que habría que perseguir, lo cierto es que si el tamaño de la economía sumergida es muy elevado en España no es por culpa de los millonarios, sino por culpa de los cientos de miles de pequeñas transacciones entre particulares y empresas que operan al margen de la ley.

La realidad

Ofrecer cifras sobre el tamaño de la economía sumergida es siempre complicado. Boldrin acepta los cálculos según los cuales el dinero negro supondría como mínimo un 20% del PIB español. Es una cifra mejor que la griega o la italiana (alrededor del 25%), pero sustancialmente inferior al 15% de Suecia o al 10% de Reino Unido. En cualquier caso, cerrar este agujero tendría unos efectos relativamente importantes sobre las cuentas públicas. Si nos igualásemos a Suecia y rebajáramos 5% el tamaño de la economía sumergida y se aplicase una tasa del 30% sobre este dinero, apenas se recaudaría entre un 1,5 y un 2% del PIB. Es una cifra importante, pero está lejos de ser suficiente para acabar con el 8,5% de déficit con el que las administraciones públicas cerraron 2011. Y esto no se logra de la noche a la mañana, según Boldrin costaría cerca de "una década" conseguirlo.

El segundo mito con el que ha querido atacar el economista ha sido el de los grandes defraudadores. A casi todo el mundo le fastidian las noticias sobre ricos famosos que no pagan a Hacienda. Pero la realidad es que, dentro de las cifras globales, esto no supone una gran cantidad de dinero. Además, en muchos casos no es fraude, sino elusión, fruto de una mala legislación: llevarse el dinero a los llamados paraísos fiscales suele ser legal, otra cosa es si es o no injusto.

Por eso, Boldrin ha defendido este martes una idea polémica (por novedosa), pero completamente lógica: la razón del elevado fraude fiscal está en una economía "tecnológicamente retrasada" y con poca competencia en muchos sectores. En este sentido, ha recordado que la gran cantidad de microempresas que existen en España (en parte gracias a sectores protegidos de la competencia) son un auténtico imán para el dinero negro. Por eso, su diagnóstico es claro: hay que "modernizar" la economía, permitir la "competencia" entre grandes y pequeños [para que mejore la productividad de todos] y generar los "incentivos" para que las empresas crezcan.

Por cierto, que antes de tomar medidas apresuradas Boldrin advierte de que en el corto plazo, un aumento en la presión sobre los pequeños defraudadores podría tener efectos contraproducentes. Muchas de esas pequeñas empresas que no declaran todos sus ingresos a Hacienda viven en el límite de sus posibilidades. Por eso, calcula que eliminar el fraude "únicamente con instrumentos represivos" (sin medidas para fomentar el crecimiento) podría hacer desaparecer entre un 10 y un 15% del PIB español.

Las medidas del Gobierno

Evidentemente, en este momento, uno de los temas estrella de la conferencia tenía que ser el de las medidas del Gobierno. Con carácter general, Boldrin ha defendido que el fraude se combate con "penas más fuertes, claras y seguras, y no con una gran cantidad de pequeños controles e intromisiones en las actividades económicas de los ciudadanos. En EEUU, la IRS (la agencia tributaria) es enormemente respetuosa con el ciudadano, mucho más que en España o Italia, pero cuando te pillan, te pillan".

  • Amnistía fiscal: "es una medida extrema, sólo para situaciones dramáticas, quizás ésta lo sea. La clave esté en que se sepa que es excepcional y que no habrá más. Debe haber una respuesta muy dura para aquellos que no cumplen. Los incentivos deben ser brutales para aceptar la amnistía y, para los que no cumplen, la condena debería ser más dura".
  • Limitación del pago en efectivo: "Hay que hacer un cálculo de coste-beneficio. ¿Cuánto cuesta implantar esta medida? [contratar a los miles de agentes que serán necesarios en la AEAT para perseguir este fraude]. Es eficaz para acabar con este fraude masivo. Por otro lado, es una medida regresiva, porque el que defrauda varios millones con la droga seguirá haciéndolo y a cambio pone en problemas a los sectores con menos ingresos. Y supone una fuerte intrusión en la vida de los ciudadanos".
  • Exclusión del régimen de módulos: "Es acertada. Claramente es un instrumento de evasión y fraude. Habría que avanzar en la eliminación de este sistema".

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