Un Estado con una calidad crediticia (rating) a un paso del bono basura y cuya solvencia está en duda, hasta el punto de que ha tenido que solicitar un crédito a Europa para poder recapitalizar su banca, acudirá ahora al rescate de comunidades autónomas quebradas, ya que éstas no pueden afrontar por sí solar sus compromisos financieros ante la negativa de par en par del mercado a seguir prestándoles dinero. Así se resume el nuevo "Mecanismo de Financiación Territorial" aprobado el viernes por el Consejo de Ministros.
El Gobierno ha aprobado un Real Decreto Ley de medidas de liquidez de las Administraciones Públicas que contempla la creación de un Fondo, sin personalidad jurídica, que prestará el dinero preciso a las Comunidades Autónomas para cubrir sus necesidades de liquidez. Según explicó el ministro de Economía, Luis de Guindos, dicho fondo contará con un máximo de 18.000 millones de euros, un tercio de los cuales procederá de un préstamo de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) con cargo a ingresos futuros, mientras que el resto será financiado por el Tesoro. Es decir, como mínimo, el Gobierno tendrá que emitir otros 12.000 millones de euros en deuda pública (bonos del Estado) para evitar que algunas autonomías suspendan pagos.
Pese a ello, la cuantía podría ser muy superior, según las fuentes financieras consultadas por Libre Mercado: hasta los 25.000 millones de euros, de modo que el Tesoro tendría que emitir cerca de 20.000 millones extra. Los vencimientos de deuda de las CCAA ascienden a un total de 15.000 de aquí a finales de año, a los que habría que sumar las emisiones pendientes para cubrir los desvíos presupuestarios en 2012 (déficit público). De hecho, tal y como indicó De Guindos, los 18.000 millones citados son una mera "estimación", y "la cifra final dependerá de cuántas comunidades se adhieren al mecanismo", puntualizó.
Esta cifra no es baladí. En 2012, el Tesoro tenía previsto realizar emisiones brutas por un importe total de 86.000 millones de euros, frente a los 95.600 de 2011. Hasta el momento, ya había cubierto casi el 65% de las necesidades de financiación a medio y largo plazo para todo el ejercicio (56.000 millones de euros). Sin embargo, el nuevo fondo de rescate autonómico amenaza con disparar las emisiones en otros 20.000 millones, y ello sin tener en cuenta que el Tesoro aún tiene que devolver otros 56.000 millones de deuda que vence en los próximos meses. De este modo, el rescate de las autonomías socavaría aún más la solvencia del Estado.
La adhesión a este mecanismo será voluntario por parte de las CCAA, y la gestión de estas ayudas recaerá tanto en el Ministerio de Hacienda como en el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que ofrecerán los préstamos "partiendo del coste de financiación del Tesoro más un diferencial reducido", según aclaró De Guindos.
Una mera promesa
Otra de las claves del sistema consiste en la condicionalidad que impondrá el Gobierno. Las autonomías que acudan al Fondo deberán presentar un nuevo plan de ajuste o bien actualizar el existente para garantizar que cumplirán con el objetivo de déficit público y podrán hacer frente en el futuro a la devolución de este crédito estatal.
Asimismo, los préstamos otorgados por el Fondo estarán garantizados por los recursos del sistema de financiación autonómica. De este modo, el Gobierno pretende que las CCAA mantengan la responsabilidad íntegra del pago, contribuyendo así a incentivar la disciplina fiscal. Es decir, en última instancia, las autonomías tendrán que devolver al Estado el dinero prestado.
Sin embargo, todo ello se basa en una mera promesa. En realidad, el Estado se tendrá que endeudar para sufragar los vencimientos y compromisos de CCAA insolventes a cambio de que éstas pongan en orden sus cuentas públicas para que así puedan devolver el dinero en el futuro, algo que hasta el momento no se ha producido. De hecho, Hacienda acaba de amonestar a ocho regiones por desviarse de la senda marcada para cumplir el objetivo de déficit público en 2012 (1,5% del PIB regional).
Así pues, el Gobierno se ha decantado por rescatar directamente, con el dinero de todos los españoles (deuda del Estado), a ciertas autonomías a cambio de un control presupuestario a posteriori (la mera promesa de que devolverán lo prestado), desechando por tanto las otras opciones que se han barajado en los últimos meses: los hispabonos (las CCAA emiten y el Estado avala) y la retención de recursos autonómicos de antemano.
El aval del Estado a las emisiones autonómicas (hispabonos) ha sido finalmente descartado ante las dudas de que este mecanismo realmente pudiera funcionar a la hora de captar dinero en el mercado, en un momento de grandes turbulencias financieras. El segundo ha contado desde el principio con el rechazo de las propias autonomías.
Este último mecanismo consistía básicamente en titulizar los recursos que reparte el Estado anualmente entre las CCAA (transferencias), y contaba con el visto bueno de los grandes inversores. Un fondo se encargaría de emitir deuda autonómica de forma conjunta, a un coste algo inferior al que exige el mercado, con el aval de los propios recursos autonómicos -no del Estado- que reparte anualmente el Gobierno central. De este modo, el Estado retendría de forma anticipada parte de dichas transferencias para poder atender al pago de los compromisos financieros (capital e intereses). Es decir, la idea consistiría en retener dinero a las CCAA de antemano.
Finalmente, el Gobierno ha optado por emitir deuda directamente a través del Tesoro y cargar, por tanto, con un coste adicional en un momento en el que el mercado internacional desconfía de la propia solvencia del Estado.