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¿Cuántos funcionarios cobrarán la paga extra?

Los sindicatos aseguran que ningún trabajador de la Administración Central del Estado gana menos de 962 euros de salario base.

LIBRE MERCADO
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Pocas intervenciones de Cristóbal Montoro generarán la polémica que ha provocado su anuncio, este martes, de que algunos funcionarios cobrarán la paga extra de Navidad. Aquellos empleados públicos con un sueldo base bruto inferior a 1,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), no perderán estos ingresos.

Desde que el ministro de Hacienda explicó en el Senado que esta medida estaba incluida en el BOE, aunque casi nadie se había dado cuenta, las redes sociales, las asociaciones de funcionarios y los medios de comunicación hierven en comentarios sobre la cuestión. Algunos se preguntan si es justa esa frontera y qué pasará con aquellos que cobren un poquito más de la cantidad fijada por el Gobierno.

Además, a lo largo del miércoles ha ido tomando cuerpo otra polémica. ¿A cuántos funcionarios y empleados públicos beneficiará realmente la excepción? Hacienda aseguraba el martes por la tarde, minutos después de las palabras de Montoro, que los afortunados estarían entre 10.000 y 15.000. Teniendo en cuenta que en España hay unos tres millones de funcionarios, esta cifra apenas suponía un 0,5% del total.

Lo que ocurre es que ni siquiera esta cifra parece segura. Los sindicatos mayoritarios en la función pública (UGT, CCOO y CSI-F) han denunciado que ningún empleado de la Administración Central del Estado cumple con los requisitos establecidos por Montoro. En un comunicado enviado este miércoles a los medios aseguran que: "Si tomamos como referencia el sueldo más bajo de Personal Laboral del III Convenio Único de la Administración General del Estado, sin trienios, sin complementos, sin productividad, y con jornada completa, la retribución bruta supera dicho límite, puesto que el salario base mínimo es de 978 euros y faltan por añadir retribuciones complementarias".

Por eso, los sindicatos aseguran que la medida es "absolutamente inoperante y demagógica" y que se ha aprobado sólo para "crear distorsión y confusión en el conjunto de los empleados públicos que, en su práctica totalidad, verán reducidos sus ingresos injustamente por una crisis que no han provocado". De ser cierta la denuncia de los sindicatos, sólo unos pocos empleados de la administración autonómica o local podrían beneficiarse de la excepción.

El PSOE: "Muchos interrogantes"

En la misma línea, la portavoz del PSOE en el Congreso en materia de Función Pública, Meritxell Batet, exigió al ministro de Hacienda que aclare de dónde sale el cálculo que ha servido de base a la cantidad de 10.000 y 15.000 funcionarios que ayer defendió Hacienda.

Batet explica, en un comunicado, que 962 euros al mes son 13.469 euros al año y que, de acuerdo con el convenio para el personal laboral de la Administración General del Estado, el sueldo mínimo está fijado en 14.000 euros brutos anuales en 14 pagas, es decir, 1.000 euros mensuales. La diputada por Barcelona ha afirmado que las declaraciones del ministro "abren muchos interrogantes" que el propio Decreto Ley no aclara, como si esta circunstancia se aplicará también a los contratos a tiempo parcial. Por ello, ha pedido al Ministerio unas "estadísticas rigurosas que demuestren que las cifras que ha dado hoy el ministro en el Senado se corresponden con la realidad". También ha reclamado que le facilite "el alcance de esta medida en las administraciones autonómicas y locales".

Las dudas

Lo cierto es que las preguntas que se hacen sindicatos y socialistas son bastante lógicas en esta ocasión. Por ejemplo, una duda razonable es si el decreto se aplicará a aquellas personas que tienen un empleo parcial en la Administración por el que sólo trabajan y cobran media jornada. De ser así, alguien que trabaje en un Ministerio cuatro horas y cobre 900 euros al mes, mantendrá la paga extra, mientras que su compañero que tenga jornada completa por 1.800 euros la perderá, aunque ambos tengan la misma cualificación y categoría profesional.

Del mismo modo, las cifras de Montoro, el PSOE y los sindicatos se contradicen con el último análisis salarial de la EPA, hecho público el pasado 25 de noviembre. Según las cifras del Instituto Nacional de Estadística, el 6,4% de los trabajadores del sector público cobra menos de 1.034 euros (un 2,3% menos de 717 euros y un 4,1% entre 717 y 1.034 euros). Estas cifras se contradicen por completo con lo que explicó el departamento de Montoro el martes. Pero como no ha habido una explicación detallada, ni un cuadro de cifras, ni un análisis de costes de la medida, es imposible saber cómo encajan unas con otras.

Todo esto deja otra conclusión peculiar. Esos 1.000 euros que cobran como mínimo al mes los funcionarios públicos están muy por encima de algunos sueldos del sector privado. Normalmente se asocia la estabilidad del empleo en la administración a unos salarios algo más bajos. Pero lo cierto es que, viendo las cifras de Hacienda y las que el INE publicó en noviembre, esto parece ser mucho más un mito que una realidad.

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