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EDITORIAL

La culpa no es sólo del BCE

Europa sola no puede solventar los graves problemas que aquejan a nuestro país si el Gobierno soberano se niega a poner los medios a su alcance para comenzar a paliarlos, el primero de los cuales es un entramado autonómico disparatado.

El Gobierno de Mariano Rajoy vivió ayer uno de los días más negros de sus casi siete meses de mandato, con todos los indicadores de riesgo financiero disparados y la prima de riesgo pulverizando la barrera psicológica de los 600 puntos, algo impensable hace tan sólo unos pocos meses. En respuesta a esta situación de alarma total, la respuesta del Gobierno ha sido culpar al Banco Central Europeo de todos estos males por su escasa celeridad en los mecanismos de inyección de liquidez aprobados en el último Consejo Europeo, una reacción que esmalta perfectamente el grado de desconcierto en que está sumido el ejecutivo español sin que se detecte ninguna excepción entre sus miembros.

Es cierto que las instituciones europeas deben actuar con mayor contundencia en su tarea de garantizar la financiación comprometida a los países en dificultades como el nuestro, cuyo riesgo evidente de quiebra, en última instancia, interpela muy seriamente la propia supervivencia del euro. Pero Europa no puede solventar los graves problemas que aquejan a nuestro país si el Gobierno soberano se niega a poner los medios a su alcance para comenzar a paliarlos, el primero de los cuales es un entramado autonómico disparatado cuya reducción severa es la tarea primordial que Rajoy se niega a acometer en función de intereses meramente políticos.

La Comunidad Valenciana ha sido la primera en reclamar los mecanismos internos de rescate aprobados por el Gobierno para garantizar los vencimientos de su deuda, y junto a la comunidad levantina es seguro que otras tendrán que acudir a ese mismo procedimiento en un rosario de quiebras camufladas que puede agravar aún más la penuria de nuestras finanzas.

En una situación tan alarmante como la descrita el Gobierno de España no puede limitarse a apelar a la vagancia de los burócratas de Bruselas. Ha de actuar bajo la evidencia palmaria de que, o acaba con el actual sistema autonómico o éste acabará más pronto que tarde con el propio Gobierno y de paso con la soberanía financiera y política de España. Los contribuyentes españoles seguimos esperando.

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