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Las miles de empresas públicas que las administraciones se resisten a cerrar

En esta primera entrega de la serie Estado SA descubrimos los millares de entes y empresas públicas que se multiplican al calor del poder político.

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Lo malo no es el número de políticos que existe en España. Lo verdaderamente ruinoso es todo el entramado que se ha creado en torno a las distintas administraciones públicas: un entramado formado por organismos autónomos, fundaciones, consorcios, empresas públicas, instituciones sin ánimo de lucro... Además, por supuesto, de asesores de todo tipo.

Es en ese entramado donde los partidos "aparcan" a decenas de miles de personas no elegidas por nadie. Y es por los agujeros de ese entramado por donde se escapa el dinero público a raudales, en actividades la mayor parte de las veces inútiles. Para colmo, muchas de las entidades que forman ese entramado multiplican la burocracia a la que se somete a ciudadanos y empresas y hacen aumentar las trabas administrativas que afectan a la economía verdaderamente productiva.

Expongamos los números. España tiene, en estos momentos:

  • 17 comunidades autónomas
  • 2 ciudades autónomas
  • 52 diputaciones, consejos y cabildos insulares
  • 8117 ayuntamientos
  • 1012 mancomunidades
  • 80 agrupaciones de municipios
  • 81 comarcas
  • 3 áreas metropolitanas
  • 3726 entidades locales menores

Pero a su vez, de todas estas administraciones (y del propio Estado) cuelga un entramado de todo tipo de entidades, muchas de ellas ajenas a cualquier tipo de fiscalización, como se muestra en el siguiente cuadro:

  ESTADO AUTONOMIAS MUNICIPIOS
Organismos autónomos administrativos   110 1149
Organismos autónomos comerciales   17 16
Organismos autónomos 65 42 265
Entidades públicas empresariales 14 29 56
Entes públicos   205  
Entidades gestoras S.S. 5    
Mutuas accidentes 24    
Otras entidades 58    
Grupos empresariales 28    
Agencias 8 6  
Consorcios 142 644 1045
Fundaciones 111 561 440
Instituciones sin ánimo de lucro   21 526
Sociedades mercantiles 173 609 1613
Sociedades participadas 468 47 350
Universidades   47  
TOTAL 1096 2338 5460

Los organismos autónomos, que pueden ser de varios tipos, se rigen por el Derecho administrativo y pueden realizar actividades de fomento, de prestación o de gestión de servicios públicos. Dependen de un órgano de la administración, como por ejemplo un ministerio o consejería.

Las entidades públicas empresariales y entes públicos se diferencian de los organismos autónomos en que se rigen, en general, por el Derecho privado. Pueden depender de un ministerio o consejería o también de un organismo autónomo.

Las agencias se crearon, por su parte, para disponer de entidades de Derecho público sometidas a menos restricciones administrativas que los organismos autónomos.

En lo que respecta a empresas, el cuadro muestra como "Sociedades mercantiles" a aquellas en las que las administraciones cuentan con mayoría de capital o con mayoría del consejo, mientras que "Sociedades participadas" son aquellas en que las administraciones tienen una participación minoritaria.

Como puede verse, de las distintas administraciones dependen varios miles de entidades regidas por distintas normativas y con diferentes grados de autonomía. Eso hace que las trabas burocráticas para la contratación de personal y para el gasto sean muy variables entre unas entidades y otras, y muy diferentes de las que existen en la Administración Pública.

De mayor a menor grado de control, la clasificación de entidades sería la siguiente:

  • Organismos autónomos, regidos por el Derecho público
  • Agencias, regidas por el Derecho público, pero con más autonomía
  • Entes públicos, regidos principalmente por el Derecho privado
  • Sociedades mercantiles, regidas por el Derecho privado, con obligación de presentar (y en algunos casos auditar) sus cuentas
  • Fundaciones, con menos obligaciones a la hora de presentar o auditar sus cuentas

Puesto que muchas de esas entidades no están sujetas a los mismos mecanismos de control y fiscalización que las administraciones públicas, no es de extrañar que las administraciones recurran a ellas para, precisamente, eludir esos controles y esa fiscalización.

El caso más sangrante es de las fundaciones, sobre quienes el Consejo General de Colegios de Economistas publicaba un informe, el pasado mes de marzo, en el que advertía de la falta de datos y de la opacidad de las fundaciones. Ese informe reclamaba también un cambio legislativo para que las fundaciones se sometan a los mismos controles que las sociedades mercantiles.

Quizá sea precisamente esa opacidad la que ha hecho que las fundaciones participadas por la administración se multipliquen en nuestro país como setas. En concreto, el número de fundaciones dependientes de las administraciones autonómicas, o participadas por ellas, ha pasado de 357 en abril de 2003, a 498 en enero de 2007 y a 561 en julio de 2011.

Las tablas 2, 3 y 4 muestran la lista de fundaciones donde tienen participación las administraciones locales, autonómicas y estatal.
 

Tabla 2: Fundaciones en las que tienen participación las entidades locales: 440

Tabla 3: Funcaciones en las que tienen participación las comunidades autónomas: 561

Tabla 4: Fundaciones en las que tienen participación el Estado: 111

 

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