El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha dicho este jueves en el Congreso que las medidas que se adopten para hacer frente a los desahucios no deben convertir el acceso al crédito o a la vivienda en un "privilegio", y ha asegurado que hasta 120.000 familias podrán acogerse al decreto ley, que se convalidará en el Pleno de la Cámara baja. Este dato dista mucho con el que dio el ministro hace tan solo una semana, cuando cifró en 600.000 el número de familias que cumplirían con los requisitos exigidos en la nueva normativa anti-desahucios.
Este miércoles, durante su defensa del decreto, De Guindos ha afirmado que es un texto que "supone una respuesta urgente y paliativa a las situaciones más dramáticas" y ha reclamado el voto favorable de la oposición, tanto al texto como a su tramitación como proyecto de ley para mejorarlo con las aportaciones de los grupos parlamentarios.
"Tenemos que ser conscientes de que no se pueden adoptar medidas que alternen el diseño normal de nuestro sistema normativo, basado en el principio de propiedad patrimonial universal, que ha permitido el acceso de muchas personas a una vivienda. Debemos encontrar el equilibrio para no convertir el crédito o el acceso a la vivienda en un privilegio al que algunos no pudieran acceder", ha defendido.
Código de buenas prácticas
Guindos también ha avanzado que hasta 120.000 familias cumplen los requisitos económicos y familiares estipulados para poder acogerse a la moratoria, y ha avanzado datos del Código de Buenas Prácticas del pasado mes de marzo, que ya preveía medidas de reestructuración de la deuda e incluso de la dación en pago.
En concreto, ha dicho que de las 101 entidades adheridas sólo 28 recibieron 278 solicitudes durante el primer trimestre de aplicación (de abril a junio). De ellas, 44 acabaron en una reestructuración y ocho en dación en pago, mientras el resto fueron rechazadas por no cumplir las condiciones.
Por su parte, entre julio y septiembre "se muestra un claro aumento del número de casos tratados", con hasta 722 solicitudes nuevas, de las que 604 se han resuelto, 127 de ellas con reestructuración de la deuda y 34 con dación en pago.