Cuando llegó a La Moncloa, Mariano Rajoy hizo del mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas su principal bandera. Mientras se sucedían los recortes y las subidas de impuestos, el presidente del Gobierno se agarraba a esta promesa electoral como demostración de que incluso en los peores momentos era capaz de mantener un mínimo, una línea roja que no cruzaría, algo que sí había hecho José Luis Rodríguez Zapatero.
Desde hace unos meses, hemos alertado de que no sería posible subir las pensiones de acuerdo a la inflación. Aunque el IPC de noviembre ha caído en seis décimas, mantener el poder adquisitivo de los pensionistas le hubiera costado al Estado casi 4.000 millones de euros en los Presupuestos de 2013. Es una cifra que España no se podía permitir, ni por lo elevado de la misma ni por la imagen que hubiera dado ante sus socios europeos, que, no lo olvidemos, siguen sosteniendo financieramente a nuestro país.
Por eso, la decisión debe ser aplaudida, sin que ello suponga obviar la difícil situación que viven millones de jubilados de toda España, que tendrán un poquito más complicado a partir de ahora llegar a fin de mes.
En este año en el poder, lo mejor de este Gobierno del PP ha sido su compromiso con la reducción del déficit público. Nuestra opinión es que lo ha hecho con un énfasis excesivo en el lado de los ingresos, con subidas impositivas que no lograrán su objetivo de aumentar la recaudación. Pero eso no es óbice para que no reconozcamos que también ha tomado medidas impopulares por el lado del gasto, incluyendo un control muy superior sobre las comunidades autónomas. Si es cierto, como aseguraba esta misma semana Cristóbal Montoro, que se cumple con el objetivo de déficit pactado por Bruselas, ése sería un mérito para el que no habría que escatimar los elogios.
Eso sí, a pesar de reconocer la oportunidad de la medida del Gobierno sobre las pensiones, no podemos obviar lo mal gestionada que ha sido. Hasta hace unos días, se seguía manteniendo el discurso oficial de que se cumpliría la ley y se mantendría el poder adquisitivo de los pensionistas. Sólo un par de globos sonda de la vicepresidenta y del ministro de Economía parecían adelantar la decisión que finalmente se ha tomado.
De nuevo, la sensación que queda es la de un Ejecutivo que teme adoptar decisiones impopulares y explicárselas a sus ciudadanos. A pesar de lo que crean en Moncloa, los españoles son plenamente conscientes de la gravedad de la actual coyuntura y saben que tendrán que asumir fuertes sacrificios. Lo que no admiten con tanta facilidad es que se les engañe o que se les esconda la realidad. Quedan aún muchos meses por delante de recesión y probablemente haya que aprobar más medidas difíciles. Sería conveniente, por el bien de todos, incluido el del propio Gobierno, que enfrentase esta situación con una actitud diferente a la que ha mantenido hasta ahora.